La Asamblea Legislativa aprobó este jueves con 82 votos la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
En una votación unánime los diputados aprobaron esta tarde de jueves la Ley para el Desplazamiento Forzado Interno.
Con dicha normativa prevén atender a unas 71,500 personas que han huido de sus hogares por el acecho de las pandillas, sin embargo, los fondos para atender a las víctimas están en suspenso. Dicha es un estimado de ACNUR con base en estadísticas oficiales.
La ley contempla la instalación de albergues temporales para resguardar a las personas que demuestren que han salido de sus viviendas por la situación de pandillas o amenazas.
El Estado también deberá dar protección a los bienes materiales e inmateriales que los ciudadanos dejen atrás mientras el gobierno mediante las fuerzas de seguridad recupera los territorios.
La población deberá gozar de todos sus derechos, vivienda digna, atención en salud, educación, no discriminación por su estado de refugiado y seguridad en el lugar de residencia temporal.
El gobierno debe prever en el Presupuesto General de la Nación los fondos suficientes para cumplir con dichas obligaciones, sin embargo para este año no hay asignación de recursos, por lo que el diputado Mario Tenorio, de GANA, dijo que aprobaran un refuerzo presupuestario para el ministerio de Seguridad, la institución rectora de la Ley.
Para Cristosal, organización que promueve los derechos humanos en Centroamérica y que abanderó una de las principales propuestas de Ley para víctimas de desplazamiento interno, la aprobación de esta normativa representa un avance importante para dar respuesta a las familias afectadas por este flagelo.
De acuerdo a la encuesta 2020 del Instituto Universitario de Opinión Publica (IUDOP), 408,630 salvadoreños han sido desplazados internamente en El Salvador a raíz de la violencia, un dato que representa el 6.3% de la población.
“Es un paso importante en el cumplimiento de la Sentencia 411-2017 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez implicó un hito en materia judicial para El Salvador. Quedan pendientes otros aspectos de igual importancia planteados por la resolución de la Sala”, dijo la entidad a través de un comunicado.
“Consideramos que algunos aspectos de la ley son mejorables, como su financiamiento”, se lee en el documento.
Cristosal señala que ahora inicia una nueva etapa para los afectados y las organizaciones que velan por sus que sus derechos sean respetados, y es vigilar que la nueva Ley sea cumplida.
