“La seguridad ha sido mal manejada en el país y el control territorial ni siquiera comenzó. Ahora la población debe pagar ese mal manejo con la inseguridad jurídica que implica tener restringidas las garantías constitucionales que le protegen”.
Así reaccionó la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, en relación al régimen de excepción que implementó el Ejecutivo tras el repunte de homicidios que se registró en los últimos días y que entró en vigencia desde la mañana del domingo, pocas horas después de su aprobación exprés en la Asamblea Legislativa.
“Esta situación (homicidios) no ha salido de la nada y esta administración ha tenido ya tres años quizás no para resolver todo el problema, pero para comenzar solucionarlo sí, y eso no ha pasado”, señaló la legisladora en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.
Ortiz respondió a quienes critican que la oposición está del lado de los grupos criminales. “Pedir que se respete los derechos de la gente y que haya real justicia no es defender delincuentes. Resulta una hipocresía aprobar un régimen de excepción como una medida para combatir la delincuencia siendo este un recurso de última instancia, cuando es esta administración la que ha impedido y se ha resistido a extraditar a lideres cabecillas del rimen organizado”, apuntó.
Recordó que están documentados los abusos graves a la población civil cometidos durante el régimen de excepción pasado.
“Por eso este gobierno (Nayib Bukele) no merece la confianza de entregarle nuestras garantías constitucionales por que ha demostrado que estas herramientas las ocupa de forma irresponsable e impunemente y yo no podría avalar con mi voto estas prácticas que podría dar pie a abusos graves de poder y no va a solucionar la problemática que estamos viviendo”, concluyó.
El domingo 27 de marzo, el país amaneció militarizado, algo que incluye el régimen de excepción que restringe cuatro derechos fundamentales a la ciudadanía durante 30 días y que podría prestarse a “arbitrariedades” temen diferentes abogados.
Según el decreto, el régimen de excepción implica la suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.
La seguridad ha sido mal manejada. El control territorial ni siquiera comenzó. pic.twitter.com/n4fMhWsu25
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) March 27, 2022