Retenes y militarización: abogados temen por abusos en régimen de excepción

La medida es vigente desde ayer, se aplicará por 30 días y restringe cuatro derechos fundamentales de la ciudadanía. Voces internacionales alertan que el decreto contradice tratados en materia de derechos humanos suscritos por el país.

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Retenes de policías y militares han sido colocados en diversos puntos de la capital y el interior del país. Documentos oficiales y organizaciones de derechos humanos les recuerdan el respeto a los derechos humanos. Foto EDH/ Jonatan Funes

Por Liseth Alas

2022-03-27 10:00:31

El país amaneció ayer militarizado, algo que incluye el régimen de excepción que restringe cuatro derechos fundamentales a la ciudadanía durante 30 días y que podría prestarse a “arbitrariedades” temen diferentes abogados.

La medida que implementa el gobierno de Nayib Bukele tras el repunte de homicidios que se registró entre viernes y sábado entró en vigencia desde la mañana de ayer a pocas horas de su aprobación exprés en la Asamblea Legislativa.

Para especialistas en seguridad el repunte de homicidios tiene que ver con la negociación del gobierno con las pandillas.

Según el decreto, el régimen de excepción implica suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.

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Pese a las restricciones que incluyen “cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, el presidente Bukele dijo en Twitter que “los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente”.

“A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, añadió. Declaración que fue cuestionada en Twitter por Erika Saldaña, abogada constitucionalista, pues advirtió que “el problema es que a alguien lo consideren sospechoso arbitrariamente”.

Militares hacen registros. Foto EDH / Jonatan Funes

Una “medida extrema”

Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, fue más allá al criticar que el Ejecutivo no agotó otras alternativas para el combate a la criminalidad antes de ejecutar un régimen de excepción, el cual califica como “una medida bastante extrema” que afecta varios de los derechos fundamentales a la ciudadanía.

“Por ejemplo, una persona que es detenida puede pasar hasta 15 días sin conocer cuál es la imputación, sin conocer cuáles son sus derechos, no puede recibir asistencia legal, porque todo eso se suspende”, explicó. Prosiguió: “Con el tema de la intervención a las telecomunicaciones se pueden intervenir correo electrónico, dispositivos, móviles y acceder a toda la información sin ningún control ni garantía que no se usará para otro fin”.

El régimen de excepción se encuentra en el Art. 29 de la Constitución de la República, y el mismo sostiene que el Estado puede suspender algunas garantías constitucionales como libertad de asociación, el derecho a la defensa y el plazo máximo de la detención administrativa. Foto EDH/ Jonatan Funes

A criterio de Escobar la adopción del régimen de excepción deja al descubierto que el Plan Control Territorial no está funcionando.

Para Escobar el decreto podría prestarse a abusos por parte de las autoridades y tomó como ejemplo las detenciones que se hicieron durante la emergencia del COVID-19 en 2020.

Por tal razón, Saldaña sugirió a la ciudadanía portar su documentación personal en regla para evitar inconvenientes con las autoridades. Alertó que “aunque digan que el decreto va dirigido al crimen organizado, nadie está exento”.

En redes sociales se cuestionó un detalle del decreto presentado por Bukele ante la Asamblea, ya que parte del texto era una copia del que enviaron hace dos años en el que solicitaron un régimen similar ante la pandemia.

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Postura internacional

Diversas voces extranjeras han mostrado preocupación ante el régimen de excepción. Expertos han alertado que el decreto contradice tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por El Salvador que establecen que no pueden suspenderse “garantías judiciales”.

“El Salvador amanece bajo: (a) suspensión de garantías; (b) ejército y policía politizada y empoderada; y (c) poder judicial descabezado y subordinado. Solo la sociedad civil (medios y ONG) y la comunidad internacional servirán de contrapeso”, cuestionó José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch.

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