Un crédito de hasta $1,840 millones más en deuda externa es lo que estaría buscando el gobierno del presidente Nayib Bukele con el Banco de Desarrollo de América Latina, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), luego de que los diputados oficialistas ratificaran recientemente el convenio de suscripción con ese organismo financiero.
Dicho convenio, que se suscribió en diciembre de 2021, le otorgaría al país la posibilidad de acceder a esa cantidad de deuda debido a los estatutos del organismo, mismo que según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, permite a los países que se adscriben como miembros del CAF la oportunidad de adquirir crédito equivalente a cuatro veces la cantidad de acciones inscritas.
Eso significa que el país debe pagar una especie de "prima" por $460 millones (equivalentes en acciones) para ser miembro y cancelarlos en un período de hasta 7 años con cuotas anuales de más de $65 millones.
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Además, durante la entrevista matutina Frente a Frente (de TCS), Zelaya afirmó que esta semana vendrán dos directivos de dicho banco para terminar de oficializar el convenio que convierte a El Salvador en un nuevo miembro del CAF.
En palabras del ministro, este convenio "viene a diversificar la matriz de financiamiento que tiene el país", algo que ayuda en "abaratar los préstamos" por tratarse de organismos regionales.
Lo anterior con respecto a la calificación negativa que tiene el riesgo país en el mercado de deuda internacional y que no le permite acceder a préstamos con intereses viables para la situación financiera del país.
En este sentido, el titular de Hacienda dijo que adquirir financiamiento con estos organismos multilaterales es mejor que colocar bonos soberanos en el mercado internacional, pues "muchos (organismos) socios están poniendo su confianza en El Salvador".
Sin embargo, Zelaya también admitió el papel que juega en este contexto el Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo multilateral que ejerce mucha influencia en las decisiones que adoptan otros entes como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"El Salvador se encuentra incrustado en medio del Hemisferio Occidental y en los organismos de financiamiento tiene mucho peso lo que el FMI diga de ti", reconoció Zelaya.
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Aún así, el gobierno no ha mostrado interés en tomar en cuenta las recomendaciones que ha hecho el Fondo con respecto a las políticas económicas que ha implementado, como la Ley Bitcoin, y por el contrario ha comenzado a buscar otras alternativas como la emisión de bonos Bitcoin o suscribirse al CAF como un plan de contingencia ante la posibilidad de que el país no logre el programa de servicio ampliado por $1,300 millones que ha estado en negociación con el FMI.
No obstante, ante esas negociaciones, Zelaya aseguró que "con el FMI tenemos un diálogo franco", a la vez que agregó que "no solo tenemos un plan de contingencia" de cara a la posibilidad de no conseguir un acuerdo. Y admitió: "quien ha ido a buscar un acuerdo con el FMI ha sido el presidente Bukele y su servidor".
Y a pesar de la delicada situación financiera que atraviesa el país, producto del fuerte endeudamiento que acumuló en 2021 y sumado a las decisiones políticas y económicas del gobierno que afectaron la calificación del riesgo país, el ministro de Hacienda afirmó que "hay un 0% de posibilidades de caer en impago", pese a que aún no cuenta con las fuentes de financiamiento para pagar el servicio de la deuda para 2022.