El pasado 15 de diciembre, la empresa Athena Holdings El Salvador S.A. de C.V. recibió un millonario préstamo de un banco propiedad del Estado salvadoreño, según documentos a los cuales El Diario de Hoy tuvo acceso este viernes.
Athena Holdings El Salvador fue constituida a principios de noviembre de 2020, tan solo siete meses antes de que la Asamblea Legislativa controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas aprobara una ley que legalizaba al bitcoin como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre de 2021.
Los socios la referida empresa son dos salvadoreños: Carlos Miguel Rivas Carrillo, de 33 años, en noviembre de 2020, y Jorge Alejandro Rivas Bernal, de 26.
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La sociedad Athena Holdings El Salvador fue creada con un capital social de $2,000. Rivas Carrillo es el socio mayoritario, con 110 acciones, en tanto que Rivas Bernal es dueño de 90 acciones. Cada acción tiene un valor de $10.
$1.5 MILLONES
entregó el Banco Hipotecario a la empresa Athena Holdings El Salvador; como garantía aceptó cajeros chivo valorados en $1,552,040.26
Pero tan solo 13 meses después de constituida la referida sociedad, el Banco Hipotecario de El Salvador le otorgó un préstamo de 1.5 millones de dólares.
Como garantía, Athena Holdings El Salvador ha puesto 200 máquinas ATM, es decir, cajeros Chivo, en funcionamiento a partir del pasado 7 de septiembre, cuando el bitcoin se constituyó como moneda de curso legal.
La inscripción como garantía mobiliaria en el Registro de Garantías Mobiliarias del Centro Nacional de Registro fue el pasado martes 2 de febrero, según documentos oficiales bajo el número RGM2022-0000367.
200 CAJEROS CHIVO
cada uno valorado en $7,760 (aproximadamente) están como bienes en garantía por el crédito que el pasado 15 de diciembre recibió Athena Holdings El Salvador
En la descripción del tipo de bien que Athena Holdings El Salvador ha dejado en garantía se lee en el documento: “Prenda sin desplazamiento, otorgada en escritura pública, en los oficios notariales de Héctor Ramón Torres Córdova, sobre inventario de doscientas máquinas ATM, por un monto de un millón quinientos cincuenta y dos mil cuarenta dólares con veintiséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América...”.
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De acuerdo con abogados consultados, la garantía de prenda sin desplazamiento consiste en que los bienes continúan en poder del deudor y éste puede seguir haciendo uso de los mismos.
En el mismo documento se indica que como acreedor garantizado o codeudor, fue aceptada la empresa Athena Bitcoin, Inc, con personería jurídica extranjera no registrada en El Salvador.
Al consultar al Banco Hipotecario, su Gerente de Identidad y Sostenibilidad, Julio César Herrera, explicó que “no es factible brindar datos correspondiente a nuestros clientes, independientemente de quien se requiera”, en cumplimiento de la Ley de Bancos, otras normativas y el secreto bancario. “El Banco, conforme a políticas y procedimientos implementados para el otorgamiento de crédito, así como del apetito y asunción de riesgos, y condiciones cualitativas y cuantitativas que se evalúan en los clientes; tiene la facultad de la aprobación o denegación de un crédito”, se limitó a decir.
De acuerdo con expertos bancarios consultados por este periódico, los cajeros automáticos son bienes que se deprecian rápidamente, por lo cual consideraron como “un mal negocio” del banco estatal al aceptarlos como garantía.
El valor de la garantía es de $1,552,040.26, es decir, que cada cajero ha sido valorado en $7,760.20.
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Un argentino y un estadounidense con poderes generales
En junio de 2021, Eric Gravengaard viajó a El Salvador para participar en la inauguración de un cajero Chivo en un centro comercial.
Gravengaard, junto con el argentino Matías Alberto Goldenhorn Garay, está vinculado a Athena Bitcoin, Inc, codeudora ante el Banco Hipotecario por los $1.5 millones entregados a Athena Holldings El Salvador.
Ambos, además estar vinculados a la empresa Athena Holding Company, en Argentina, tienen poder general administrativo, mercantil y judicial con cláusula especial, en Athena Holdings El Salvador, según consta en documentos oficiales.
A ambos les fueron otorgados tales facultades el 1 de octubre del 2021, por Carlos Miguel Rivas Carrillo, representante legal de la empresa que recibió los $1.5 millones de dólares del estatal Banco Hipotecario, que tendrá que pagar en 36 meses, según los documentos públicos.