El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COPAFFES) reiteró este viernes que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha actuado de forma pasiva ante la problemática de los exfuncionarios del FMLN que guardan prisión en distintos centros de reclusión y además no han tenido respuesta inmediata a las denuncias presentadas en esa institución.
"Como Comité seguimos denunciando a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la falta de respuesta de las otras denuncias presentadas, como también seguir actuando de forma pasiva, ya que no se le ha dado el seguimiento al cumplimiento de las única resolución a la que se ha emitido por parte de la PDDH".
Agrega que "teniendo conocimiento de las condiciones delicada de salud de algunos funcionarios , no se ha constatado durante estos cinco meses la salud de las personas que tienen enfermedades crónicas y que son adultos mayores (Violeta Menjívar, Erlinda Hándal y Carlos Cáceres)".
La Fiscalía General acusa a diez exfuncionarios del gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Cinco de ellos siguen detenidos, mientras que los otros cinco son considerados como prófugos de la justicia, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
El pronunciamiento de COFAPPES surge a raíz de la postura planteada por el procurador de Derechos Humanos en funciones, Ricardo Salvador Martínez ante la denuncia de la familia de la exministra de Salud, Violeta Menjívar de que la PDDH ha tenido una "actuación pasiva e indiferente" ante la crítica situación de salud que ella vive en Cárcel de Mujeres.
Zoila Menjívar, hermana de la exministra, denunció que a la doctora Menjívar se le ha impedido someterse un chequeo médico que tenía que haberse hecho en octubre pasado, para conocer si el cáncer de mama, del que es sobreviviente, se ha reactivado o no.
Martínez asegura a través de un comunicado que "en mi calidad de procurador en funciones, descarto totalmente que sobre los hechos relacionados esta institución haya sido pasiva e indiferente ; pues el caso se ha diligenciado y sigue estando activo ante esta instancia".
Asegura que la referida institución inició de oficio un procedimiento de investigación por presunta violación a derechos humanos y se anexaron denuncias presentadas por familiares de los exfuncionarios.
"Se realizaron diferentes acciones a partir del momento de la detención, tales como: entrevistas a las personas privadas de libertad sobre los hechos y verificación de las condiciones de la detención en las bartolinas policiales donde se encontraban en aquel momento, así como verificación de audiencias judiciales".
Sin embargo, COPAFFES demanda de la PDDH que haga visitas y entrevistas a las personas procesadas por motivos "políticos" sobre sus condiciones actuales de salud, alimenticias y de seguridad en los centros de detención donde se encuentran.
También requieren de una respuesta inmediata al referido comité por la falta de cumplimiento de las recomendaciones y requerimiento que realizaron como PDDH ante las entidades judiciales, el Fiscal General, y al Director de Centros Penales.
Tampoco han recibido respuesta sobre las denuncias presentadas el 28 de julio y el 30 de septiembre de 2021.
Solo en una de las cuatro denuncias presentadas se recibió respuesta en la que hacen constar la vulneración de los derechos humanos de los cinco exfuncionarios del FMLN, pero cuestionan que ninguna de las autoridades judiciales, Fiscalía General, y la Dirección de Centros Penales hayan cumplido con las recomendaciones hechas por la PDDH en su oportunidad.
Por su parte, Martínez asegura que se han realizado visitas y verificación in situ en bartolinas y tribunales de justicia para garantizarles el derecho a la salud, el acceso a la justicia y demás derechos de las personas detenidas.
"Del resultado obtenido se han emitido las respectivas recomendaciones y comunicaciones a las autoridades pertinentes", señaló Martínez a través del comunicado.
El referido comité le recrimina a la PDDH de que en ningún caso considerado como político ha actuado de oficio.