El traslado de la jueza Gladys Margarita Salgado Amaya del tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador al juzgado de Paz de Panchimalco es un “acto de represalia de los operadores políticos del régimen contra la independencia de la judicatura”, dijo este jueves el juez de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, Juan Antonio Durán.
A su juicio, la remoción de la juzgadora es una “violación a los derechos humanos de la colega jueza porque los jueces, titulares o suplentes, gozan de estabilidad en el cargo y no pueden ser removidos a raíz de sus fallos (CorteIDH, Apitz Barbera y otros contra Venezuela, 5 de agosto de 2008)”.
En ese sentido, el juez Durán se solidarizó con la jueza Salgado y “con toda la judicatura que siente la espada de Damocles sobre sus cabezas, con motivo de sus decisiones”.
Durán fue removido de su cargo en septiembre pasado como juez presidente del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y trasladado al tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
El traslado del juez Durán se realizó en el marco de la renuncia obligada de más de un centenar de jueces y magistrados con más de 60 años de edad o más de 30 años de servicio en la judicatura.
Durán en su momento aseguró que su traslado era inconstitucional, pero que obedecía a “una represalia por mis críticas contra el golpe de estado contra la Sala de lo Constitucional, la imposición de los usurpadores y la oposición ante las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Y es otro ataque contra mi derecho a la libertad de expresión, en defensa de la independencia Judicial”.
En el caso de la jueza Salgado, Durán consideró que la remoción de ella es “un mensaje contra el resto de jueces, para amedrentar su independencia y que le resuelvan a favor del régimen”.
Durán apeló a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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“Esperemos que la CIDH, actúe rápido y que de manera contundente, ante tanto atropello contra la judicatura salvadoreña, la independencia judicial, el Estado de Derecho, la Constitución y los derechos humanos”, señaló el juez Durán.
La jueza en su resolución señala que “en el mensaje presuntamente difundido por Aguilar Villamariona no se observa ninguna frase difamatoria” y además resolvió no admitir la demanda porque no reunía los requisitos que establece la ley”.
Tras conocer la medida de separar a la jueza que no admitió la demanda en su contra, Jeannette Aguilar escribió en su cuenta de Twitter: Mi respeto y reconocimiento a la jueza Gladys Margarita Salgado por hacer valer la ley y su independencia judicial”.
El jueves, la diputada Marcela Pineda rehusó dar declaraciones a los medios de prensa que daban cobertura a la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Ella caminó sin responder a las preguntas que le formulaban algunos periodistas.
Otras voces críticas por el traslado de la jueza Salgado
El partido Nuestro Tiempo lamentó y condenó la remoción de la juzgadora. “Dicha acción deja en evidencia, una vez más, la deriva autoritaria del Gobierno de Bukele. Instamos a que los jueces y juezas valientes, sigan defendiendo el Estado de Derecho junto a la ciudadanía”, señaló el referido instituto político en su cuenta de Twitter.
La abogada penalista, Marcela Galeas escribió en su cuenta de Twitter: “Si el supuesto hecho delictivo no existe debido a que no se adecua a un tipo penal descrito en la ley, ni el juez ni el fiscal pueden hacerlo “calzar” a la fuerza, es una conducta atípica. El Derecho Penal no fue creado para usarse de manera caprichosa y vulgar”.
También el abogado penalista, Waldo Feusier se pronunció en contra de la separación de la jueza Salgado del tribunal Sexto de Sentencia.
“Con el ataque a una valiente juzgadora en el caso de Jeannette Aguilar, se mandó un mensaje fuerte y claro: no hay más ley que la nuestra, como la queramos interpretar, a quien se la queramos aplicar”, dijo Feusier.
David Morales, acusador particular en el caso de la masacre El Mozote sostuvo que “la represalia contra una jueza que resuelve conforme Ley es evidencia de la toma de decisiones arbitrarias dentro de la @CorteSupremaSV, y la anulación de la independencia judicial en #ElSalvador. Evidencia una CSJ que actúa como operadora política del régimen de Bukele”.
A juicio de la abogada constitucionalista Erika Saldaña solo “bastaba un poco de lectura comprensiva sobre el tuit para entender que a la diputada no la estaban difamando”.
Jueza desiste de hablar sobre su traslado
La jueza Gladys Margarita Salgado Amaya está al frente del juzgado de Paz de Panchimalco, al sur de San Salvador, desde el 24 de diciembre pasado, confirmaron fuentes judiciales.
El traslado de la jueza Salgado ocurrió después de que ella desestimara la demanda que presentó la diputada de Nuevas Ideas en contra de la investigadora en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar por considerar que no hubo ninguna frase difamatoria en contra de la parlamentaria.
El Diario de Hoy trató de conversar con la jueza Salgado, pero el custodio de la entrada al juzgado dijo que ella había dado órdenes de no dejar entrar a periodistas al tribunal.
Agregó que las instrucciones eran que ella estaba ocupada con varias audiencias conciliatorias familiares y que no iba a dar declaraciones sobre el caso a la prensa.
También se le envió un mensaje a través de su correo institucional para tratar de obtener su versión de su traslado, pero hasta la tarde de este jueves no había respondido.
Jueza asignada en tribunal de Sentencia desde marzo 2013
La jueza Salgado fungía en el tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador desde el 15 de marzo de 2013, según un informe publicado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se desempeñó como jueza de Paz de Panchimalco entre el 1 de febrero de 2001 y marzo de 2013. Su primer cargo dentro de la judicatura fue como jueza de Paz de Azacualpa, Chalatenango, entre el 1 de agosto de 1995 al 31 de enero de 2001.
Entre junio y agosto de 2017, la jueza Salgado participó en dos seminarios impartidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el Instituto de Estudios Judiciales.
Es licenciada en Ciencias Jurídicas graduada en la Universidad de El Salvador. Fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejercer la abogacía en septiembre de 1994.