Cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a funcionarios de un gobierno como ha sido el caso del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza y del Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, es porque las investigaciones apuntan a algo más grande, dice el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, del partido Nuestro Tiempo.
“No me sorprendería que en un momento cercano el gobierno de Estados Unidos estuviera preparando otro tipo de acciones, incluso de naturaleza jurídica en contra de estas personas que el Departamento del Tesoro ha designado”, afirmó ayer Silva en una conferencia virtual con periodistas.
El concejal explicó que hay antecedentes en Suramérica en los cuales el Departamento del Tesoro en un primer paso sanciona y luego fortalece los casos para presentarlos en procesos judiciales en las cortes federales de Estados Unidos.
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La situación es tan grave, comenta Silva, que a los ojos del mundo El Salvador ha caído en una etiqueta en la que las personas dirán que el país está siendo gobernado por personas con nexos directos y agrupaciones criminales. Esto debería considerarse como una “vergüenza” para los salvadoreños, lamentó el concejal capitalino.
A su criterio El Salvador está viviendo el momento más crítico de su relación con EE.UU. después de la posguerra y señaló que nunca antes el gobierno estadounidense había designado como aliados del crimen organizado a funcionarios del gobierno de El Salvador, lo cual considera más grave aún que la misma lista Engel.
Asimismo, manifestó que lo anterior seguramente afectará enormemente las aspiraciones del gobierno salvadoreño de poder alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La petición que hace Silva, así como el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, es que el presidente Nayib Bukele destituya a los funcionarios mencionados por el Departamento del Tesoro, pero Silva lamenta que eso no se dará, porque dice que Luna y Marroquín representan para el gobierno la estrategia del supuesto combate a la inseguridad.
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“No es una política pública, es una negociación entre funcionarios del gobierno y grupos del crimen organizado”, criticó Silva.
Diputados reaccionan
Portillo Cuadra por su parte dijo que Bukele daría una buena señal si decidiera separar a ambos funcionarios y ordenar una investigación para deducir responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, sostuvo que no les sorprende, porque ya se había anunciado con mucha antelación. Cuestionó que queda en evidencia que el gobierno de Bukele ha usado como un estribillo de campaña decir que no son más de lo mismo, ya que las investigaciones demuestran que funcionarios de alto rango que están conduciendo los destinos del país tiene negocios con las pandillas.
Por su parte, Juan Carlos Mendoza, de GANA, llamó a EE. UU. a presentar el caso en El Salvador y a presentar las pruebas contra Luna.