Por un total de $1,600 millones busca el Gobierno que el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se endeuden y comprometan sus ingresos futuros. Esto dejará a ambas autónomas en una situación muy limitada para poder responder a sus responsabilidades con la población a la que sirven, explicaron analistas económicos.
Según los expertos, esto evidencia que el gobierno está buscando dinero por todos lados como una forma de salvataje económico. Cabe recordar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el apalancamiento de $1,300 millones pende de un hilo.
“Es muy probable que estén armando gavetas, cajas, bolsones, que en algún momento con una reforma de ley lo puedan cambiar”, explicó el economista Rafael Lemus.
Lemus dice que en el caso del Fovial, que el gobierno pide a la Asamblea le autorice titularizar $1,000 millones, tomando en cuenta que sus ingresos anuales por el impuesto de $0.20 centavos por cada galón de gasolina que pagan los salvadoreños, más los fondos que le llegan desde el ministerio de Hacienda por el pago de multas de tránsito rondan los $135 millones al año. Esto implica que estaría comprometiendo los flujos de dinero de los próximos 7.4 años, dinero que sirve para el mantenimiento de la red vial nacional prioritaria del país.
“Le dice que puede comprometer el 100% de los ingresos actuales de operación del Fovial para que lo destine al servicio de la deuda, es decir, empeña los ingresos del Fovial a cambio de la deuda”, dijo.
El especialista pone en duda que el Fovial tenga la capacidad de poder administrar y ejecutar todo ese dinero en un año y aun cuando lo pudiera hacer, valora que es algo desproporcionado y que pone en riesgo la finalidad del Fovial de reparar y dar mantenimiento a las vías principales de El Salvador por más de 7 años.
En el caso de la ANDA la cuestión es más complicada todavía, ya que la autónoma no es capaz en este momento ni siquiera de hacer frente a sus compromisos de gastos de operación con los recursos que le ingresan por el cobro de las tarifas de agua potable.
“Tiene una deuda más o menos de $200 millones y llevarla a $600 millones es otra cosa desproporcionada, que no podrá pagar con las tarifas actuales, que en realidad esos bonos no tendrían un soporte de pago técnico financiero”, valoró Lemus.
Según él, lo que el gobierno está haciendo es llevar a dos empresas públicas a levantar dinero afuera sin tener un sentido real que sea para las operaciones que les competen a cada una al costo de que se queden desfinanciadas.
“Las operaciones de deuda solicitadas responden a una estrategia desesperada de fondos y en contra de la prudencia y responsabilidad fiscal. El FMI en su escenario pasivo (sin ajuste) estimó 95% para 2026. Las operaciones de ANDA y Fovial son extremas, es topar la cuerda”, criticó Lemus en Twitter.
Por su parte, el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) para El Salvador y Honduras, Ricardo Castaneda, apuntó que “la urgencia por conseguir financiamiento a través de otros mecanismos es cada vez más evidente”.