El caso Manuela, llevado por organizaciones pro aborto hasta la Corte IDH con intención de usarlo para pedir la legalización del aborto, se trató del asesinato del bebé Dolores Gabriel quien fue arrojado vivo envuelto en un trapo, en una letrina por su madre Manuela, donde murió desangrado por la violencia con que se le arrancó su cordón umbilical desde su base y asfixiado en heces fecales.
Es inconcebible y lamentable que la Corte IDH, que supuestamente defiende los derechos humanos dé una sentencia discriminatoria e injusta en contra de la vida de los más desprotegidos, con un solo voto disidente a favor de la vida, diciendo que “El Salvador es responsable por la detención condena y muerte” de una mujer que hace 10 años fue juzgada y encontrada culpable del delito de infanticidio y quien murió de cáncer dos años después de su arresto, a pesar de recibir tratamiento por parte del Estado.
La Corte IDH ordena a El Salvador a modificar la legislación reduciendo las penas de cárcel establecidas a madres que han asesinado a sus hijos, protegiéndolas además con una regulación de confidencialidad que prohíba a los médicos reportar casos de potencial infanticidio y modificar el proceso de la aplicación de la prisión preventiva para estos caso. También dictamina que El Salvador debe pedir disculpas públicas y reparar daños a la familia de Manuela. Asimismo ordena la creación de un programa integral de educación sexual, algo muy peligroso puesto que ha sido usado mundialmente para adoctrinar a niños en ideologías nefastas, violando el derecho de los padres como primeros, principales e insustituibles educadores de sus hijos. Llama la atención que este tema nada tiene que ver con este caso pero la imponen.
Por lo menos aceptaron que este caso no tiene nada que ver con aborto pues la evidencia presentada demostró que fue un homicidio cruel contra un niño recién nacido indefenso. Por tanto, no pidieron legalizar este delito, que era lo que pretendían los peticionantes.
Sin embargo, esta absurda sentencia que es un atropello contra de la vida de bebés salvadoreños evidencia la arbitrariedad de estos jueces al ordenar reducir penas en casos del crimen de infanticidio y al impedir que los médicos puedan denunciar para tratar de salvar las vidas de bebés que podrían ser rescatados, y que de hecho han sido rescatados cuando han llegado mujeres que han tenido un parto pero lo niegan y ocultan donde está su bebé. En este caso, la policía llegó tarde y desafortunadamente Dolores Gabriel ya había muerto. Esta sentencia está condenando a niños salvadoreños a no ser rescatados y se están convirtiendo en cómplices de las madres al ordenar que no se pueda denunciar su delito.
Entre los argumentos que dieron estos jueces así como los peticionantes están que Manuela era de escasos recursos. Según esta lógica los homicidas de escasos recursos que mueran por un cáncer en la cárcel será culpa del Estado. Además repiten la mentira que en nuestro país se criminaliza a mujeres que han sufrido “abortos espontáneos” condenándolas por homicidio. La verdad es que no hay ni una mujer presa por aborto provocado porque les dan penas sustitutivas. Las que están presas asesinaron a sus hijos recién nacidos estrangulados, apedreados, acuchillados, etc. No son “abortos espontáneos”. Además, la legislación salvadoreña no es contraria a la Convención Americana - como dice engañosamente la resolución - pues protege los derechos del niño.
Estos jueces pretenden imponer una sentencia violatoria a nuestra soberanía que defiende la vida de todos sus ciudadanos. ¡NO a la injerencia!