Los diputados de Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa acordaron este martes dar luz verde a la Ley de Agentes Extranjeros, en la cual incluyeron a última hora castigar hasta con cinco años de cárcel a quien “contravenga el orden público”.
La comisión de Relaciones Exteriores incluyó el siguiente artículo: “Toda persona natural o representante de persona jurídica que, para efectos de la presente ley, ostenta la calidad de agente extranjero ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional, o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjeros, será sancionada con pena de prisión de 2 a 5 años”.
Este nuevo artículo 12 fue propuesto por el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua.
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A juicio del abogado constitucionalista Enrique Anaya, dicha disposición es inconstitucional porque viola el principio de legalidad.
“En derecho penal, el tipo penal, que es la conducta por la cual se debe sancionar, debe estar específicamente prevista y creo que el lenguaje en el cual ha sido redactada la disposición penales excesivamente ambiguo, y por lo tanto, viola el principio de legalidad penal”, explicó el abogado.
Además, Anaya subrayó que “viola también la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos”.
El constitucionalista también indicó que con la inclusión de este nuevo artículo se pretende criminalizar la crítica política.
“Es una ley de represión política, definitivamente, que pretende hostigar a organizaciones criticas del gobierno y con la adición de ese artículo ya no solamente se trata de un hostigamiento, se trata de la criminalización de la critica política. Eso es lo que me parece más grave”, manifestó Anaya.
Para el analista Rubén Zamora, la aprobación de este artículo forma parte de la continuidad que ha seguido el presidente Bukele a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega: “Lo que tratan con todo esto es que el Ejecutivo pueda meter preso a quien ellos quieran, que les moleste”, advirtió Zamora.
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Añadió que “ellos pueden decir que es un atentado contra la soberanía el hecho de decir que el gobierno está portándose muy mal. De eso se trata, esto ya es dictadura de este gobierno (Nayib Bukele) clarísima mente que ha seguido los pasos de Daniel Ortega”.
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AGENTES EXTRANJEROS
“Toda persona natural o representante de persona jurídica que, para efectos de la presente ley, ostenta la calidad de agente extranjero ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional, o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjeros, será sancionada con pena de prisión de 2 a 5 años”.
La normativa también ha sido fuertemente criticada porque implica un impuesto del 40% a los agentes extranjeros que brindan financiamiento a organizaciones de sociedad civil, lo cual según expertos pone en riesgo la cooperación externa al país.
Aumentan las multas
La propuesta del gobierno establecía que cuando un sujeto obligado incumpla lo establecido en la ley se impondría una multa de $10 mil. Sin embargo, el diputado Chamagua pidió aumentar el monto de las multas reguladas en el artículo 11, en el sentido que éstas sean desde $100 mil hasta $150 mil ante el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 9.
El legislador oficialista también pidió añadir que en el caso de las personas jurídicas sean sancionadas con multa desde $150 mil hasta $250 mil.
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Dichas modificaciones fueron avaladas y aprobadas por los parlamentarios del oficialismo y aliados.
No obstante, el diputado del partido ARENA, César Reyes, votó en contra y al final de la sesión de trabajo explicó sus razones.
“Nuestro voto es en contra sobre esta ley. Primeramente, porque es inconstitucional, es confiscatoria y porque es una ley mordaza que busca perseguir y callar a la ciudadanía que está denunciado actos de corrupción. Sobre todo la ley que pretende engañar a los salvadoreños”, razonó. Además, subrayó que “esta ley es mucho peor a la que la dictadura de Ortega y Murillo aprobaron en Nicaragua”.
La propuesta del mandatario ha recibido una ola de criticas por parte de la oposición, abogados, analistas e incluso a nivel internacional.
Por ejemplo, el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica (CCINOC) advirtió que dicha ley “imposibilitaría el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y la prensa independiente para combatir la corrupción”.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que el proyecto de ley busca “silenciar a voces críticas”. “En regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil”, publicó Vivanco en su cuenta de Twitter.
El Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, presentó la propuesta ante la Asamblea el martes pasado y ha sido discutida en solo tres sesiones de la comisión donde recibieron “insumos” del mismo Juan Carlos Bidegain, del fiscal impuesto, Rodolfo González, y del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La normativa debe ser aprobada por 43 votos en la sesión plenaria de este miércoles.