Sin sorpresa y sin enfrentar una oposición real, Daniel Ortega se adjudicó el gane en las elecciones y un nuevo periodo presidencial en Nicaragua.
Sin verdaderos contrincantes y sin una prensa y organizaciones no gubernamentales libres, no corría ningún riesgo tanto como su poder, implantado desde decenios.
La reacción no se ha hecho esperar.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este viernes al régimen de Ortega. Antes lo han hecho el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos como Perú y Costa Rica, que no han tenido reparos para calificar los comicios como una “farsa” y “pantomima”.
El régimen pretendió una “ilusión” electoral perfecta, el sufragio en el marco de un calendario constitucional y mesas de votación organizadas sobre el territorio nacional. Sin embargo, abiertamente había cargado los dados en su favor, comenzando por la detención de siete candidatos fuertes y el miedo y la intimidación hacia los votantes, según denunció la oposición.
Sin embargo, cada vez se hunde más en el rechazo de la comunidad internacional.
El Consejo Permanente de la OEA se dispone a hacer “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre” y tomar las acciones apropiadas, aunque no se menciona directamente -por ahora-. la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
La Unión Europea lidera, desde varias semanas, posiciones tajantes alertando sobre la situación de Nicaragua y las condiciones electorales. Josep Borell, el Alto representante europeo para la política exterior y de seguridad, habló de “farsa” y “carentes de legitimidad”.
“Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes”, afirmó el alto representante, a través de una declaración que revela la crisis con el socio europeo histórico de la región.
Por cierto, Europa tiene relaciones fuertes con el Istmo centroamericano desde los primeros acuerdos de San José en materia política, económica y social, establecidos a partir de 1984. El acuerdo de Asociación UE-SICA, firmado en Tegucigalpa en 2012, reduciendo los derechos aduaneros, completa el dispositivo que acompaña un espectro de medidas y de ayudas financieras que hacen de la Unión Europea el primer contribuyente internacional en materia de apoyo al desarrollo de la región.
Pero Europa ha contemplado estupefacta el declive de la democracia en Nicaragua, que se agudizó con la represión de las manifestaciones de 2018-2019 y que destapó el autoritarismo de Ortega y sus aliados clientelistas e institucionales.
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La Unión Europea tanto como otros actores internacionales tomaron nota de la realidad. Por ejemplo, España no reconoció los resultados a través de su canciller José Manuel Albares, que los calificó como una “burla”. ¿Cuáles son las consecuencias? Varias sanciones tomadas en contra de unos responsables del régimen para evitar que sea el pueblo que sufra de medidas coercitivas.
La ley “RENACER” (Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021), adoptada por Washington, impone “sanciones al régimen de Ortega, tales como “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción”. Permite revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) sumándolo a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción. Requiere más informaciones de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares rusas a Managua.
Ahora bien, Ortega tiene el control total del país, a la medida de su bota, a diferencia de cuando gobernó en los años 80, de manera compartida.
Estados Unidos denuncia la “ilegitimidad” de las elecciones y toma medidas contra personas, pero no pone en tela de juicio el Estado tanto como los demás socios internacionales. Saben que el orteguismo tiene el control sobre un país que hace parte de la problemática migratoria regional, tema que ejerce una presión sobre la frontera sur estadounidense.
Otro tema de posible negociación para Managua lleva sobre el hecho en reconocer a Taiwan. Contiene un potencia de negociación con Beijing y la República Popular de China, reconocida por unos vecinos de Nicaragua, empezando por El Salvador. El haber recibido una delegación rusa estos últimos días abre interrogaciones estratégicas con Washington que no quiere correr el riesgo de ver un foco de inestabilidad internacional a sus puertas. Tantos elementos que abren puntos de interrogantes sobre el porvenir de Nicaragua pero que constituyen burbujas de probable negociaciones para un régimen que tiene un objetivo sencillo: mantenerse al poder a cualquier precio.
Sin embargo, si bien Ortega no enfrenta una guerrilla armada como sucedió con Somoza, sí está sufriendo un repudio y aislamiento político internacional progresivo, que fue tan determinante para la caída de Somoza en julio de 1979 como una insurgencia con cientos de fusiles.