Romeo Aurora Giammattei, exjuez Noveno de Paz que está acusado de prevaricato (resolver en contra de la ley) y ligado al caso de corrupción judicial Martínez-Rais, se encuentra hospitalizado desde el pasado martes, el mismo día en que fue detenido y enviado a prisión provisional.
El pasado 9 de noviembre anterior y tras años prófugo, Giammattei se presentó ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, donde se ventila el proceso en su contra, en las primeras horas de la mañana e incluso dio declaraciones a la prensa diciendo que se presentaba porque confía en el sistema de justicia y en la “honorabilidad” del juez que tiene el caso. Pero horas después, dos médicos del Instituto de Medicina Legal firmaron un informe de reconocimiento médico forense sobre el estado de salud del imputado, practicado a las 11 a.m. y determinaron que el procesado “amerita a la brevedad posible de recibir diagnóstico, manejo y tratamiento médico de tipo intrahospitalario”.
Poco más de las 3 de la tarde ese mismo 9 de noviembre anterior, el juez Segundo de Instrucción de San Salvador autorizó la coordinación para que a Giammattei lo trasladaran “hacia un Centro Hospitalario Nacional, con la debida custodia por parte de la Policía Nacional Civil, a fin de recibir la atención médica correspondiente”, al tiempo que pide informe de su resultado.
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Fuentes judiciales confirmaron que hasta ayer el ex-juzgador permanecía internado en el hospital nacional Rosales, pero dijeron no tener de momento la información de cuál es la situación médica de él.
Giammattei está acusado de haber emitido resoluciones en favor del ex-Fiscal General Luis Martínez y el empresario Enrique Rais, ambos acusados de soborno y otros delitos cometidos entre 2013 y 2014, en perjuicio del abogado Mario Calderón y Claudia Herrera Díaz.
Tanto el abogado Calderón como Herrera han denunciado cómo por ese binomio “perverso” Rais-Martínez enfrentaron siete procesos judiciales sin fundamentación. Y fue en parte de esos procesos en los que el ex-juez Giammattei habría participado y violado la ley.
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Como consecuencia de estos procesos, Calderón pasó 17 meses en la cárcel acusado extorsión, mientras que su esposa pasó 12 meses en Cárcel de Mujeres. En mayo pasado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó que el matrimonio fue víctima de persecución del Estado.
Giammattei brindó declaraciones el pasado martes afuera del juzgado y dijo que se entregaba voluntariamente, pese a que estaba reclamado desde 2017 y no se había presentado a las audiencias. Ese martes dijo que llegaba a responder por los delitos que le atribuyen y que lo hacía confiando en el sistema de justicia y en el juez que lleva su proceso.