Aún sin un anuncio oficial sobre la propuesta de reforma a la Ley de Pensiones que anunció el gobierno desde el pasado 15 de septiembre, sindicatos alineados al ejecutivo afirmaron estar trabajando en una propuesta "integral" que incluya a diversos sectores y no solo a los empleados formales.
Así lo dijo Maricarmen Molina, secretaria general de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador (CSTS), durante el programa Diálogo de Canal 21, donde aseguró que "estamos planteando una pensión Universal en la que se incluyan adultos mayores, mujeres de hogar y trabajadores por cuenta propia".
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En la misma entrevista, la dirigente sindical agregó que la propuesta debería incorporar al sector informal debido a que representa una fuerza laboral de "700,000 trabajadores que se encuentran fuera del sistema", según Molina, quien además criticó el sistema de administración de fondos de pensiones que actualmente funciona en el país.
A propósito de esto, se refirió al porcentaje de pensión que reciben las personas retiradas con respecto al último salario que devengaron antes de jubilarse, por lo que añadió que "hay gente que no se retira porque al hacer el cálculo de su pensión, si ganaba un salario de $1000 la pensión no le llega ni a $300", por lo que el vicepresidente de Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), Jaime Ávalos, reiteró la propuesta de incrementarla hasta el 70%.
Sin embargo, economistas ya han advertido en semanas anteriores que elevar la pensión hacia esa cifra "quebraría" el sistema de pensiones en cinco años, pues aseguran que "no es sostenible" por la razón de que no existen fondos para mantener la propuesta por mucho tiempo.
"No hay fondos suficientes para que puedan aguantar ni siquiera para los trabajadores que están negociando con el gobierno. Se tiene que tener claro que si dan el 70 % que están ofreciendo va a quebrar el sistema completo y la gente se va a quedar sin ninguna posibilidad de retirarse, sin nada”, señaló a mediados de octubre el economista Luis Membreño.
Membreño también afirmó, semanas antes, que para que exista una sostenibilidad en el sistema, una buena medida que podría emplearse es la de aumentar, cada cinco años, la edad de retiro en un año, es decir, si la edad de jubilación en 2021 es de 55 años para las mujeres, en 2026 puede pasar a 56 años. “Con esto se podría generar un flujo”, afirmó en esa ocasión el economista.
Reiteran intenciones de estatización
Durante la entrevista de hoy, Molina reiteró que existen intenciones de estatizar la administración de los fondos de pensiones al asegurar, en nombre de la CSTS, que "no queremos parches ni remiendos en la propuesta de reforma de pensiones", y añadió que "no queremos más AFP".
Asimismo, afirmó que, dentro de la propuesta que han trabajado desde la confederación de sindicatos alineados al gobierno, "estamos proponiendo la creación de un Instituto previsional tripartito en el que haya representación del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores".
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Lo anterior confirma que el Ejecutivo podría estar buscando nacionalizar los fondos de pensiones para administrarlos por su cuenta; algo que según economistas significaría un riesgo, pues conlleva al problema de que “el gobierno termine llevándose todo, como lo dijo el mismo Membreño en semanas anteriores.
Esto, incluso, quedó claro en una reunión a puertas cerrada que tuvo el gobierno el pasado 7 de octubre con distintos sindicatos respaldados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. En esa ocasión, el secretario del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Roswal Solórzano, dijo que “nuestra propuesta es nacionalización de las pensiones, crear el Instituto Nacional Autónomo previsional, que nos pensionemos con un 70% de nuestro último salario cotizado”.