Noviembre viene con una agenda electoral cargada: cinco elecciones a lo largo de cuatro domingos, tres de ellas presidenciales y legislativas (Nicaragua, Chile y Honduras), una de medio período (Argentina) y otra regional y municipal (Venezuela), van a agitar la región.
En solo dos de ellas, Chile y Argentina, hay garantías de que se llevarán a cabo con controles para la adecuada integridad electoral. En cambio, en Honduras y Venezuela, existen dudas acerca de la transparencia de los comicios y en Nicaragua la única certeza es la farsa electoral.
Nicaragua da este domingo el pistoletazo de salida del maratón electoral con «elecciones» a presidente, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Legislativa y 20 al Parlamento Centroamericano, en las cuales el dictador Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo y consolidar su dictadura familiar para permanecer indefinidamente en el poder.
Los comicios tienen lugar en un clima de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados —los siete principales aspirantes presidenciales privados de libertad y cancelada la personería jurídica de los tres partidos de oposición—, sin que existan las garantías básicas de integridad electoral y sin la presencia de observadores internacionales confiables.
Estamos, pues, ante un proceso viciado, una farsa electoral que carece de toda legitimidad y credibilidad, cuyos resultados deben ser desconocidos.
El domingo 14 de noviembre las elecciones de medio período en Argentina tendrán sabor a referendo. Están en juego la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 257) y un tercio del Senado (24 de 72).
El antecedente reciente de las primarias del 12 de setiembre constituyó un duro revés para el gobierno de Alberto Fernández, que lo obligó a oxigenar su gabinete, activar al máximo el aparato «peronista» y poner en marcha un paquete de medidas que incluyen el congelamiento de los precios y el Plan Platita, de fuerte contenido clientelista, con el objetivo de mejorar sus oportunidades en las urnas.
Un resultado similar a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dejaría al gobierno en una posición de marcada debilidad, con una gobernabilidad frágil (perdería el cuórum en el Senado y dejaría de ser la primera minoría en diputados) y fuertes disputas dentro de la coalición oficialista con vistas a las presidenciales del 2023.
En un cuadro nunca visto —malestar social, clima económico enrarecido, alta polarización, desfonde de los partidos tradicionales y un proceso constituyente que marcha paralelo a la campaña—, Chile irá a las urnas el 21 de noviembre para elegir al sucesor de Sebastián Piñera, 155 diputados y 50 senadores.
En un mar de incertidumbre, lo único que pareciera seguro es que el presidente quedará definido en la segunda vuelta, el 19 de diciembre.
Una encuesta reciente de Agenda Criteria —con todas las reservas que hay que tener respecto a ellas— muestra un empate técnico entre Gabriel Boric (Frente Amplio, de izquierda) y José Antonio Kast (extrema derecha) con un 24 y un 23 % respectivamente.
Boric se mantiene sin cambios desde julio y Kast ha subido 18 puntos. En un país con voto voluntario y participación electoral mediocre (del 40 al 52 %), la cantidad de votantes cobra una importancia mayúscula en ambas vueltas.
El mismo 21 de noviembre los venezolanos llevarán a cabo elecciones regionales y municipales para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes y concejales y numerosos diputados locales.
Sin contar con garantías plenas, el proceso electoral registra algunos avances en relación con el pasado, por ejemplo, una autoridad electoral renovada (dos de los cinco rectores sin vínculos con el chavismo) y la presencia de observadores internacionales por primera vez en 15 años, entre ellos, la Unión Europea; condiciones que animaron a la oposición —pese a los riesgos existentes— a participar en unos comicios cuyas condiciones de competencia y transparencia son inciertas.
Estos comicios se efectuarán en una coyuntura política tensa. Por un lado, los diálogos mediados por Noruega en México con todo el arco opositor para una transición democrática fueron suspendidos por el régimen, después de la detención internacional y extradición a Estados Unidos de uno de los principales testaferros de Maduro (Alex Saab).
Por el otro, el pasado miércoles Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció durante su visita a Caracas la apertura de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Honduras, el 28 de noviembre, cierra este intenso rali. Elige en una sola vuelta presidente, 128 diputados al Congreso, 298 corporaciones municipales, 2.092 regidores y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
A partir del golpe de Estado del 2009, ha habido un creciente deterioro de las instituciones democráticas en el país centroamericano: una cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández en el 2017, las denuncias de militarización, corrupción y los vínculos probados de familiares y miembros del gobierno con el narcotráfico y crimen organizado.
Los comicios serán monitoreados de cerca por los propios partidos y numerosas misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, entre las cuales destacan las de la OEA y la UE.
La elección se decidirá entre el continuismo que ofrece el candidato oficialista, Nasry Asfura, y el cambio radical hacia la izquierda, propuesto por la alianza opositora encabezada por Xiomara Castro, de Libertad y Refundación (esposa del expresidente Zelaya, depuesto en el 2009), junto con Salvador Nasralla.
Con este maratón de noviembre concluye el primer año del super ciclo electoral latinoamericano, conformado por una intensa agenda de cinco elecciones presidenciales y congresuales (Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras), tres legislativas (El Salvador, México y Argentina), una elección para convencionales constituyentes (Chile) y elecciones subnacionales en varios países de la región.
En cuatro de los cinco países (salvo la farsa nicaragüense), los escenarios electorales siguen abiertos, caracterizados por gran incertidumbre, volatilidad, polarización y un posible voto castigo contra los oficialismos que, de confirmase, producirá cambios políticos profundos en la región.
@zovatto55
El autor es director regional de IDEA Internacional.