La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó este viernes el abuso de la dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista para avalar las iniciativas de ley directamente en las plenarias y evitar que las propuestas sean analizadas detenidamente en las comisiones.
Aunque dijo que el mecanismo es legal, aclaró que la dispensa de trámite "debe ser justificada por urgencia, así lo establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, por lo tanto eso es lo que se debería respetar".
La legisladora afirmó que el uso de esa figura se ha convertido en un "factor sorpresa" para la oposición política y la población en cada sesión plenaria, además, cuestionó que en ocasiones ni los diputados de Nuevas Ideas conocen las peticiones que se someten a votación de forma exprés.
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"Hay iniciativas de ley que van a tener repercusiones importantes y, sin embargo, no se da la oportunidad de que la gente las conozca antes de que sean aprobadas. A veces ni los mismos diputados de la bancada mayoritaria las conocen esas piezas previamente. Ya se ha dado esa situación que se llegan a presentar las piezas y una o dos horas después están siendo aprobadas", indicó la legisladora durante una entrevista con 106.9 FM Radio .
Según Ortiz, la fracción cyan se confía en que las propuestas vienen desde el presidente Nayib Bukele y por ello "no pueden tener errores y es bueno para el país". Pero criticó que esto "no necesariamente es así, el poder no es un cheque en blanco".
"La jubilación obligatoria de jueces, la Ley Bitcoin y el subsidio al gas propano" son algunas de las iniciativas que la diputada señaló que fueron avaladas con dispensa de trámite. Añadió que "en el caso del subsidio, entró en plenaria ese mismo día y ese mismo día se aprobó. Pedí a uno de los diputados oficialistas el documento de decreto y dijo que no lo tenía".
El abuso de las dispensas de trámite durante los seis meses que lleva esta legislatura liderada por Nuevas Ideas, bancada controlada por Bukele, ha sido criticada no solo por la oposición sino también por expertos.
Ortiz concluyó que después del 1 de mayo, "no hay ninguna garantía de respeto a los derechos humanos".
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