Para un empleado que gana el salario mínimo urbano de $365 por mes, al que le descuentan sus cuotas de AFP e ISSS, el monto máximo para financiar la compra de una casa propia por el Fondo Social para la Vivienda es de $20,979.23 a un plazo de 30 años, con una cuota mensual de $98.08. Si se toma en cuenta el costo de la energía eléctrica, agua, alimentación, transporte, medicinas, educación, vestimenta entre otras necesidades, resulta casi imposible adquirir una vivienda con tales ingresos.
Basado en un listado de viviendas a la venta proporcionado por el Fondo, el Diario de Hoy realizó un recorrido para buscar las opciones más baratas que hay en el área metropolitana de San Salvador. Algunas aparentan tener un precio cómodo, realmente accesible para un trabajador formal, como por ejemplo una en el reparto La Campanera, Soyapango, a $1,332. Pero queríamos saber por qué aún no nadie ha aprovechado la ganga.
Foto EDH/ Eduardo Alvarenga
Solo en La Campanera hay 157 casas recuperadas según el FSV, pero corroboramos que en algunas no existen condiciones para vivir en ellas. En el Pasaje W, Block 45, está la casa 19 antes mencionada, la más barata en el listado, pero no tiene conexión de agua potable, ni electricidad, ni techo, ni ventanas, ni puertas. Solo son paredes de bloques de concreto sin repellar, que forman un cajón que está a la intemperie.
Algunas plantas silvestres crecen del piso. El precio a pagar es prácticamente solo por el lote. La casa habría que reconstruirla casi por completo. En la misma condición está otra casa en el pasaje P sur, Block 33, número 21, con un valor de $2,253.65.
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Una empleada del Fondo Social para la Vivienda, a la que se le pidió información como usuario del sistema, nos explicó que: “Es nuestro deber decirle que la zona es alto nivel delincuencia y es arriesgado que usted compre un inmueble. En La Campanera es mucho más alto el peligro que en Valle del Sol (Apopa), pero ahí también habría que ver qué tan destruida está la casa. En La Campanera tenemos bastantes”.
Nos dirigimos a visitar la urbanización Valle del Sol, Apopa. Es una de las urbanizaciones para trabajadores que creció ampliamente a mediados de los años 90 en ese municipio. En el pasaje 5, Block B, la casa 303 tiene aún techo, no como las que vimos en La Campanera, y cuesta $6,994.54; pero no tiene electricidad ni agua potable.
Foto EDH/ Jonatan Funes
Del interior de la casa salió una inquilina, quien aseguró que alguien del Fondo le dijo que viviera en ella. “No pago, aquí vino uno del Fondo y me dijo ‘ahí estese’. Así dijo, que no pagáramos. ¡Es bendición de Dios!”, comentó la mujer.
Una bandera de El Salvador pintada en la fachada y rótulos descascarados muestran que años atrás era un pequeño colegio privado. Las ventanas están cubiertas con láminas, lo cual le da una apariencia de abandono.
Un escenario similar encontramos en la urbanización Valle Verde, también Apopa, donde hay 59 casas recuperadas según la aplicación del FSV. En una casa del Polígono 28, que cuesta $6,472 .31, encontramos a una familia que asegura que paga por vivir en ella. Tiene agua potable y electricidad por medio de conexiones clandestinas.
“Yo pago 50 dólares mensuales, esta casa no tiene ningún cuarto, el piso es normal. Así me la alquilaron, supuestamente no se le puede poner (electricidad) porque como quedó sola le quitaron el contador y mientras no salgan los trámites no se le puede poner luz”, comentó la mujer. Estos $50 no se los cancela al dueño, porque dice desconocer quién será, pero sí a un hombre que se la alquila.
Foto EDH/ Jonatan Funes
Según un policía que patrulla la zona, así como esta casa hay muchas más, y explica que saben que la gente roba el agua y la electricidad, pero que la PNC no puede hacer nada hasta que las compañías distribuidoras se muestren ofendidas y pongan una demanda para que ellos procedan a cortarla.
Si la casa está usurpada, como en este caso, tiene que ser el FSV el que se muestren ofendido, pero hasta el momento nadie se ha hecho presente al lugar.
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“En la mayoría de casas usurpadas los habitantes están pagando uno $40 o $30, pero el cobro lo hacen personas que no tienen nada, ni por cerca, que ver con la propiedad de esas casas, sino que se las han tomado porque saben que gente de otras partes no va a venir a vivir en ellas. Personas de afuera pueden venir, pero solo si son familiares de alguien de Valle Verde. Que gente desconocida venga a querer adueñarse de una casa es totalmente difícil”, declaró el agente policial.
Encontramos en Valle Verde otra propiedad del listado del FSV. Cuesta $6,349. En ella vive una familia que no quiso ser identificada, pero sí mencionó que ya ha iniciado el proceso para aplicar a la compra, mas el trámite es lento. “No podemos ir de una colonia a otra, usted sabe que no se puede. Aquí habían agarrado los muchachos”, comentó, refiriéndose a que la casa antes estaba usurpada por pandilleros.
Precios sujetos a ley del mercado
Para Alex Renderos, investigador y docente de Arquitectura en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con especialización en vivienda, hábitat y planificación urbana, la causa principal del difícil acceso a una casa digna para las mayorías en El Salvador es que no hay una conciencia social de la vivienda.
Pasa de ser un derecho humano a una mercancía y de esa concepción proviene el tipo de oferta que hay en el mercado hoy en día.
“La vivienda que se está construyendo es para un sector de la población, pero el sector que realmente la necesita no tiene acceso. La oferta es menor y la demanda es mayor, por ley de mercado los precios de la vivienda van a subir”, valoró.
Foto EDH/ Jonatan Funes
Según el experto, los salvadoreños que buscan una vivienda nueva son normalmente los que ganan debajo de cuatro salarios mínimos y por lo tanto difícilmente pueden acceder a un crédito hipotecario por los medios tradicionales.
Explica que en El Salvador se ha llegado a tener más de 500 mil viviendas en déficit, es decir, que en 20 años se ha duplicado el número de vivienda que se necesita construir. A esto se le suma el problema de cómo el Estado adopta esta deuda histórica con la vivienda social.
“Las políticas del Fondo Social para la Vivienda acaban de ser reformuladas hace poco. La ministra de Vivienda (Michelle Sol) dijo en público: ‘vamos a ampliar el techo de la vivienda para que todos puedan acceder; vamos a prestar hasta 125 mil dólares’. Pero el punto no es subir el techo de los préstamos. La gente con cuatro o cinco salarios mínimos puede acceder a 25, 30 y quizás al máximo de 35 mil dólares, siendo bastante sacrificados”, afirmó.
La palabra vivienda no solo tiene el significado de cosas tangibles, como por ejemplo los materiales de los cuales está construida o su ubicación física; también engloba la necesidad de estar dentro de un hábitat adecuado para el desarrollo humano.
“Cuando todos los problemas de la vivienda se trasladan al hábitat (conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo o una población), este se muestra hostil. Es ahí donde aparecen barrios que históricamente tienen el estigma de ser peligrosos, por un lado, porque no permiten el desarrollo de la calidad humana y por otro lado alojan otros fenómenos de violencia social al interior” concluyó Renderos.