Expertos en el tema de pensiones coincidieron este miércoles en que la reforma de pensiones que el Ejecutivo presentará en los próximos días debe hacerse con transparencia y centrada en el trabajador.
Aunque las opiniones sobre quién y cómo debería administrarse los fondos de pensiones son distintas, los panelistas invitados en la entrevista Diálogo con Ernesto López, en Canal 21, afirmaron que cualquier reforma que se haga debe ser sostenible en el tiempo, tener una financiamiento seguro y garantizar que no haya corrupción en el manejo de los fondos.
Ricardo Chavarría, abogado especialista en fondos de inversión, está a favor de un sistema de capitalización, como el que se tiene actualmente, en el que cada trabajador genera un ahorro individual para crear su pensión.
"Un sistema de capitalización es menos perverso que un fondo de reparto, hay que ver la sostenibilidad fiscal y de dónde van a sacar el dinero para pagar, porque aquí no somos MacGyver", comentó.
"Yo prefiero buenas AFP a tener un corrupto dirigiendo un Instituto de Fondos de Pensiones", agregó el experto, quien cree en el pasado hubo un mal manejo de los fondos por parte del Estado.
Subir las pensiones al 70 % quebrará el sistema en 5 años, señalan economistas
Pero el dirigente magisterial, Paz Zetino, piensa todo lo contrario y cree que es el modelo actual el que ha fracasado. "El modelo de las AFP está fracasado, la responsabilidad de la previsión social en este país no es del mercado, es del Estado de El Salvador, por consiguiente estamos llamados a elaborar una propuesta de reforma integral de pensiones donde sea el Estado el garante de las pensiones de los adultos mayores", manifestó.
Sin embargo Zetino está claro en que si bien está a favor de que el sistema se nacionalice, este no debe volver al modelo del pasado, que quebró debido al mal manejo de los fondos. Su postura más bien, es la de crear una institución autónoma en la que los trabajadores formen parte de su dirigencia.
"Como trabajadores hemos sido francos en que por nuestra parte las AFP hubieran desaparecido hace mucho rato, pero no podemos dar un salto al vacío, tenemos que transitar hacia un modelo donde los trabajadores tengan participación y por eso se ha planteado la creación de un Instituto de Previsión Social que sea administrado por el Estado de El Salvador, la parte laboral y los empleadores", señaló Zetino.
Temor a la corrupción
Por su parte la abogada Bethy Arana, también miembro del panel en la entrevista Diálogo 21, señaló que nacionalizar las pensiones no es lo que le conviene a los trabajadores debido a la corrupción que puede darse en el manejo de los fondos.
"Me da un poco de miedo nacionalizar, por los temas de corrupción. Esperaría que en este gobierno no pase, pero lo más viable sería un sistema mixto, porque da miedo que quiebre", señaló. Además, dijo que es importante la consulta ciudadana.
Para Ana Cecilia Suárez, integrante de la Mesa por una Pensión Digna, fueron las decisiones políticas de anteriores presidentes las que le han causado daños al sistema. En particular, se refirió al daño que provocó Antonio Saca durante su gestión presidencial, al crear el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el cual el gobierno ha logrado tomar más de $7,000 millones de los ahorros de los trabajadores para cumplir con su pago de pensiones al sistema público.
$12,000 millones son propiedad ahorrada de los trabajadores para su jubilación
"Lo que queremos es un sistema que nos permita tener la capacidad de saber a dónde están nuestros fondos, quisiéramos tener un ente autónomo o una administradora de fondos pública, una AFP estatal y monitoreada por la Superintendencia del Sistema financiero para que esto no se vuelva una caja chica del gobierno", enfatizó la representante.
Según Suárez y Zetino el fondo de pensiones sí tiene la capacidad para pagar tasas de reemplazo de entre 65 % y 75 % respecto al último salario, sin embargo Chavarría les recuerda que todo debe estar sustentado en un estudio actuarial que lo demuestre y le pide a la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa que le den el estudio suficiente a la reforma que les presentará el gobierno.
No obstante economistas han sido claros en señalar que pagar tasas de reemplazo de hasta el 70% a los trabajadores haría que el sistema de pensiones quebrara en unos cinco años. De ahí su preocupación porque cualquier reforma esté sustentada en un estudio que demuestre la sostenibilidad en el tiempo.