La Corte Suprema de Justicia (CSJ) removió a magistrados y jueces que han sido duros críticos del decreto legislativo del retiro obligatorio y que además emitieron resoluciones que no fueron del agrado del Ejecutivo, según fuentes judiciales.
Las tres primeras Cámaras de lo Penal de la Sección del Centro en San Salvador fueron integradas con nuevos magistrados, algunos con poca experiencia en esa área de la judicatura, señalaron las fuentes.
En la Cámara Primera de lo Penal nombraron a Ramón Iván García como su presidente y a Laura Chacón como segunda magistrada.
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Hasta el viernes pasado, esta Cámara era integrada por Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Sánchez, este último magistrado destituido ilegalmente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los diputados de Nayib Bukele y afines.
La última resolución que emitieron fue conocida el viernes pasado y con ella anularon el proceso judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien es acusado de haber negociado con las pandillas su apoyo electoral cuando él era candidato a la Presidencia de la República.
El Tribunal superior consideró que la acción penal contra Quijano, quien está fuera del país, “no fue iniciada legalmente”, además porque él goza de inmunidad desde que fue electo diputado al Parlacen, según establece la Constitución.
180 jueces
con más de 60 años de edad o con más de 30 años de servicio en la judicatura y candidatos a ser retirados por el decreto, según el Consejo Nacional de la Judicatura.
Arévalo Domínguez aparece en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con más de 60 años de edad. Sánchez fue enviado a la Cámara de Menores de San Salvador.
En la segunda Cámara de lo Penal fueron designados Aníbal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Miramontes, este último fue juez de Instrucción en Soyapango y San Salvador.
Para la Cámara Tercera de lo Penal, la Corte nombró a Carlos Alberto Iraheta Zelaya y José Manuel Chávez López. El primero fungió como juez Segundo de Paz interino de San Salvador en el proceso contra nueve exfuncionarios del primer gobierno del FMLN, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A cinco exministros les ordenó que continuaran en detención preventiva en el sistema penitenciario.
Familiares de los exfuncionarios detenidos denunciaron al juez Iraheta Zelaya ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por considerar que había violentado el debido proceso al fundamentar la detención preventiva en lo dicho por un supuesto testigo protegido de la Fiscalía.
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Los anteriores magistrados Martín Rogel y Nora Montoya fueron trasladados a otras instancias judiciales. Rogel como magistrado de Cámara de lo Penal en Cojutepeque, Cuscatlán; y Montoya retornó al juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Rogel Zepeda y Montoya ordenaron en tres ocasiones que se cumpliera con la orden judicial de enviar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt a cumplir con el arresto domiciliar.
Sin embargo, las autoridades de Centros Penales desobedecieron la orden emanada de dicho tribunal superior.
Rogel también ha sido duro crítico del decreto legislativo que ordena el retiro obligatorio de los jueces que tengan más de 60 años de edad o más de 30 años de servicio en la judicatura.
Con más de 25 años de servicio en la judicatura, Rogel Zepeda también se ha desempeñado como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Otros cambios
También en la Cámara de Familia de San Miguel removieron el magistrado presidente, Calixto Zelaya Díaz, luego de haber ordenado a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la aplicación del referido decreto.
Pese a existir una suspensión de la vigencia del decreto, hubo jueces destituidos, como fue el caso del magistrado Zelaya Díaz, quien tiene más de 60 años de edad, fue cesado de su cargo desde el lunes pasado, según fuentes de la Cámara.
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La decisión de la Cámara se basó precisamente en la Constitución, en el Código de Familia, la Ley de Protección Integral para la Persona Adulta Mayor y en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuerpos normativos que abarcan derechos como el goce y protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores y el derecho al trabajo, así como la estabilidad en el cargo.
Pero además destacaron los derechos de estabilidad en el cargo, la dignidad, y el derecho de los adultos mayores a recibir buen trato por parte del Estado, según la resolución.
La Corte Suprema de Justicia pidió la nulidad de la referida resolución de la Cámara de Familia, pero será la Sala de lo Civil de la CSJ, la que decidirá si le da la razón a la Cámara o a la Corte Suprema.
Sidney Blanco, quien fungía como juez Segundo de Sentencia de San Miguel, también fue removido de su cargo, según fuentes judiciales.
Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, ha sido una de las voces críticas al golpe al Órgano Judicial. También apoyó la demanda en la Cámara contra la CSJ, el presidente de la República y la Asamblea Legislativa en la Cámara de Familia.
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