El ex ministro de Justicia y Seguridad y ex director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde y otros ocho ex funcionarios de esa cartera de Estado fueron detenidos este jueves por orden de la Fiscalía General que los acusa de supuestos actos de corrupción en la Dirección de Centros Penales.
“Hemos girado orden de captura contra el exministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, acusado de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica”, escribió el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, la Fiscalía no presentó evidencias que sostengan la acusación ni detalló cómo se desarrollaron los supuestos actos de corrupción.
Además de Ramírez Landaverde fueron detenidos el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; el exdirector de Centros Penales, comisionado Marco Tulio Lima; el exdirector jurídico, José Roberto Nóchez Melara; y el exsubdirector jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas Mejía.
También los exfuncionarios del referido Ministerio, Luis Alonso Barrera Peñate, Flor de María Hernández Alfaro, Orlando Elías Molina Ríos, y Ramón Fernando Roque Mártir.
En junio de 2019, las autoridades de Seguridad Pública denunciaron ante la Fiscalía General supuestas irregularidades en la administración de las 347 tiendas que funcionan en los centros penitenciarios.
Esa administración estaba a cargo de la asociación Yo Cambio (Asocambio), una entidad que fue fundada en 2018 por el exministro Ramírez Landaverde junto al resto de detenidos para lucrarse de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias, según la Fiscalía.
“Poco a poco se fueron apropiándose de las utilidades que generaban las tiendas y los fondos fueron utilizados para oscuros intereses y fueron traslados a patrimonios privados. Sus patrimonios fueron poco a poco incrementándose”, dijo Delgado.
Las investigaciones fiscales apuntan que los detenidos habrían desviado unos $14 millones en el período en el que funcionó Asocambio con la administración de las tiendas penitenciarias.
“Esos catorce millones de dólares no estaban destinados a la rehabilitación ni reinserción de los reclusos, sino que iba a actividades de otra naturaleza como mejorar salarios de los directivos (Asocambio), compra vehículos que no eran destinados para las actividades de centros penales”, dijo Delgado.
Las investigaciones fiscales apuntan que los exfuncionarios fungían como directivos de Asocambio que era la entidad que administraban las compras de la institución bajo ninguna regulación y sin aplicar la ley LACAP.
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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro aseguró que las capturas de los exfuncionarios no es “persecución política” sino que es una persecución de personas que se habrían lucrado con fondos públicos en detrimento de la rehabilitación y reinserción de la población reclusa.
Aseguró que las investigaciones siguen para establecer la participación de otros ex funcionarios del referido Ministerio.
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