El Salvador amanece este día con el Bitcoin como moneda de curso legal en medio de innumerables dudas y rechazo generalizado de la población que prefiere el dólar como su moneda principal a la hora de comprar sus bienes y servicios.
En medio de una debilitada economía en vías de recuperación tras más de un año de pandemia, el gobierno gastará del erario público al menos $205 millones en incorporar esta moneda digital y hacerla obligatoria para los negocios, que apenas va saliendo de una crisis económica sin precedentes.
Ayer compró, a través de comisionistas, 400 monedas de Bitcoin, que al precio de ese momento ($51,923.8) equivalían a $20.7 millones de dinero público.
El Bitcoin como moneda legal será nuevo en El Salvador, pero ha estado en el espectro mundial desde 2008, usándose solamente como un activo especulativo para quienes quieren invertir y subiendo y bajando de precio, al margen del sistema financiero internacional.
Hasta hoy se desconoce qué es lo que el gobierno quiere hacer con los bitcoins, pues los pocos detalles solo muestran una forma de pago vía electrónica similar a la que ya ofrece el sistema financiero.
Además, el Bitcoin, que por su naturaleza ha sido una criptodivisa descentralizada y sin ataduras financieras, en El Salvador estará regulada por los bancos y tendrá que seguir las mismas disposiciones contra el lavado de dinero que se aplican al fiat (moneda física).
Para usarlo, el gobierno ha tenido que obligar, por ley, a los comercios a que lo acepten en sus transacciones. Además ha creado su propia billetera virtual llamada Chivo y ha dicho que colocarán 200 cajeros y 50 casetas de información para que la gente lo utilice.
Además, con fondos del Estado regalará a los ciudadanos que bajen la aplicación móvil, un bono equivalente a $30 para que la criptodivisa comience a circular. Todo con el fin de que los salvadoreños usen la criptomoneda, que lejos de motivar a los salvadoreños ha generado dudas y temor por su volatilidad.
El gobierno, incluso, ha recurrido a la amenaza de imponer infracciones de Ley de Protección al Consumidor a los comercios que se nieguen a aceptar las transacciones en Bitcoin, según confirmó ayer el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
Estas declaraciones solo han confundido más a los salvadoreños, pues tanto Bukele como otros funcionarios han dicho que el uso del Bitcoin no es obligatorio. Bukele llegó a decir: “usted puede aceptarlo, pero no recibirlo”, una frase que generó más dudas entre la población.
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Los funcionarios aseguran que los salarios y las pensiones no serán pagadas con Bitcoins, pero la prohibición no está expresada en la Ley.
Y son estas constantes contradicciones entre el presidente Bukele, los funcionarios y lo que dice la ley que han llevado a reconocidos economistas a asegurar que esta es una normativa improvisada, “hecha por principiantes” y catalogada como un experimento.
Bukele anunció el uso de la criptomoneda el 5 de junio y tres días después, sin ninguna discusión entre los diputados, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, votó por la Ley del Bitcoin durante un madrugón.
Su aprobación inmediatamente despertó las alertas a nivel nacional e internacional. Los únicos emocionados con la medida han sido los inversionistas de Bitcoin, una comunidad que ha operado al margen del sistema financiero desde 2008, cuando la criptomoneda se creó y comenzó a circular en medio de la crisis financiera de ese año.
Pero los detractores son mayoría: desde el Banco Mundial, hasta el Fondo Monetario Internacional y laureados economistas nacionales e internacionales han advertido de los peligros de usar este criptoactivo como moneda de curso legal.
La población también ha rechazado su uso, según muestran al menos tres encuestas hechas por dos universidades y un equipo periodístico especializado en encuestas.
La última de ellas, realizada por la Universidad Centroamericana (UCA), mostró que 7 de cada 10 salvadoreños no quiere usar la criptomoneda y piden derogar la ley.
Los peligros del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son solo dos de las principales razones que han mantenido a la criptomoneda al margen de la legislación a nivel internacional.
Y aunque el gobierno ya publicó un reglamento de tan solo dos páginas y ocho artículos, las dudas entre las empresas y la población persisten.
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A la fecha los comercios desconoce si deben bajar alguna aplicación, cómo tendrán que usarla o cómo cambiarlos los bitcoins.
El reglamento, que debió esclarecer todas las interrogantes, en realidad no aclaró nada y el gobierno aún espera una consultoría anunciada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que ya tiene como antecedentes todas las deficiencias de tecnología que arrastra el país, así como el desconocimiento de la población y de los mismos funcionarios sobre el Bitcoin.
En su momento el laureado economista y profesor de Universidad de Johns Hopkins, en Maryland, Steve Hanke, reiteró que El Salvador tiene la mejor moneda (el dólar) y que es “estúpido” incluir una moneda virtual que no es moneda, sino más bien un activo especulativo.
Gobierno compra primeros Bitcoin
El Salvador es el primer país en legalizar el Bitcoin y además utilizar dinero público para impulsarlo.
Ayer mismo el presidente Nayib Bukele anunció la compra de las primeras 400 monedas de Bitcoin. Al momento de su anuncio, el precio de cada criptomoneda se cotizaba a $51,923.8 por lo que se estima que el Gobierno pagó al menos $20.7 millones y que los obtuvo a través de terceros, pues en su tuit especificó: “Nuestros brokers (corredores) comprarán más a medida que se acerque la fecha límite”, afirmó.
El economista Ricardo Castaneda dijo al respecto: “¿Por qué es tan relevante la compra de bitcoins por parte del gobierno salvadoreño? Porque lo hace con recursos públicos. Y dada las características del sistema tributario salvadoreño, proporcionalmente, afecta más a las personas más pobres”.
También la economista Tatiana Marroquín tuiteó: “En este momento los bitcoin comprados con fondos públicos salvadoreños pueden estar ganando o perdiendo en el tipo de cambio a dólar y el gobierno no tiene ni un solo reglamento o ley que nos diga cómo van a manejar esos cambios y cómo se va a trasladar a cuentas fiscales”.
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