A la usanza de caudillos antidemocráticos como Hugo Chávez, Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández o Rafael Correa, el presidente de El Salvador también está forzando su permanencia en el poder, rompiendo uno de los pilares más importantes de la democracia: la alternancia en el poder.
Como los ejemplos antes mencionados, Nayib Bukele no ha construido este libreto autoritario de un día para otro. En su gobierno, que apenas lleva 826 días, ha logrado un desmantelamiento de las instituciones de control y que sirven para limitar el ejercicio de su poder, todo a pasos agigantados.
De tal manera que, con los cuerpos armados a su lado y sin valladares institucionales que hagan freno a sus fantasías de concentración de poder, el presidente “millennial” está devolviendo a El Salvador a los rincones más oscuros de su pasado. Con el agravante de que lo hace entre el estruendoso aplauso de masas fanatizadas por su aparato de desinformación y propaganda. Además, mediante la explotación constante de los miedos y resentimientos propios de un país frustrado con el “establishment”, pero que encontró un remedio más nocivo que su enfermedad inicial.
El camino a la consolidación del Bukelismo no inició la noche del viernes 3 de septiembre, cuando los abogados que usurpan la Sala de lo Constitucional emitieron una sentencia que riñe con los preceptos más básicos del derecho y de nuestra carta magna. Este es apenas el último eslabón de un manual bien construido y seguido con disciplina por el mandatario y sus operadores más leales.
De hecho, para entender el declive autoritario de El Salvador, es importante ver los diferentes aspectos de los que se ha auxiliado Nayib Bukele para detener el tímido avance democrático que se había alcanzado desde la firma de los Acuerdos de Paz, evento que además desprecia el joven mandatario.
Hay al menos tres aspectos que explican cómo el país llegó a este mundo con notoria celeridad. El primero es la toma de instituciones y la consolidación del poder. El segundo, la violencia política y la persecución de sus adversarios. Finalmente, la opacidad y los crecientes signos de corrupción.
Toma de instituciones
Los eventos más visibles dentro de esta agresiva consolidación del poder son la toma armada de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 y el golpe al Estado de derecho, cuando los diputados oficialistas removieron, en su primer día de trabajo, a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
En estos, se mostró cómo la matonería sustituyó la deliberación y el debido proceso, y cómo se manipuló a militares, el 9F, y a policías en ambas ocasiones para avanzar el capricho autócrata de Bukele.
Estos, sin embargo, no son los únicos hechos que evidencian el afán de controlarlo todo. De forma menos llamativa, pero igualmente peligrosa, el oficialismo ha ido capturando el Instituto de Acceso a la Información Pública, a fin de volverlo una entidad inútil en su afán de procurar que los salvadoreños sepan qué se hace con sus impuestos.
Del mismo modo, sus diputados leales aprobaron una reforma a la carrera judicial y a la carrera de fiscales para mandar al retiro a cientos de letrados, a fin de sustituirlos por personas que presuntamente garantizarán una administración de justicia a la medida del caudillo.
Con un fiscal afín, una Sala de lo Constitucional que avala abusos de poder y hasta permitió la reelección sin que se lo pidiera nadie expresamente, diputados que son tramitadores de deseos del Ejecutivo y jueces que sigan órdenes, el régimen no solo se ha garantizado impunidad, sino un brazo vengativo contra sus adversarios, vulnerables ahora a persecución y a abusos de poder de parte de soldados y militares.
Violencia política
Un pilar del renacimiento democrático producto de los Acuerdos de Paz de 1992 fue que las diferencias políticas se dirimieran de forma pacífica y civilizada, lejos de las armas y, peor aún, de las tácticas represivas del pasado.
Si bien la democracia salvadoreña ha ido avanzando de forma imperfecta en las últimas tres décadas, ya era inusual el riesgo de la criminalización de la crítica, la persecución a periodistas o el derramamiento de sangre por ser opositor al régimen.
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Pero en estos 826 días, ya se cuenta un atentado que provocó la muerte de activistas del FMLN, a manos de agentes de la seguridad de un ministro. Además, ha habido amenazas numerosas contra periodistas, agresiones directas y hasta el uso de agentes de inteligencia o policiales para acosar a quienes “osan” cuestionar al “líder”.
Más recientemente, un joven crítico de la opaca implementación del Bitcoin fue detenido de forma arbitraria y mediante engaños, una práctica de los años ochenta, cuando el presidente “millennial” aún era un niño. A eso está volviendo El Salvador.
Opacidad y signos de corrupción
La consolidación del poder no estaría completa si no se usara esta concentración de poder, la instrumentalización del aparato del Estado y los recursos públicos para favorecer el interés particular de algunos pocos.
Y el gobierno de Bukele, que llegó con la promesa de combatir el mal uso de recursos del Estado, ha guardado silencio ante creíbles alegatos de corrupción en sus filas. Ante la publicación de la Lista Engel, una designación de personajes corruptos y antidemocráticos que elaboró Estados Unidos, ninguno de los funcionarios actuales mencionados ahí fueron removidos.
Y la institución que el oficialismo creó para combatir la corrupción auxiliado de la comunidad internacional fue desmantelada al momento en que remitió casos de posible abuso de recursos dentro del mismo gobierno.
Así, con instituciones tomadas, retorno a las prácticas violentas y completa oscuridad, va muriendo la democracia de El Salvador. Este desvanecimiento institucional no ha ido acompañado de un duelo nacional, sino de aplausos estruendosos y fuegos artificiales de la máquina de propaganda oficialista. Esa que evoca la novela 1984, de George Orwell, cuando intenta posicionar, con base a mentira y manipulación, que “la guerra es paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es fuerza”.
La interpretación de la Sala impuesta contradice otros artículos de la Constitución, como el artículo 154 y el artículo 88. Video EDH/ Damaris Girón- Nohemí Angel
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