Con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea oficialista, el Gobierno termina de consolidar su poder sobre el órgano Judicial al cesar a mayores de 60 años y poder trasladar de forma expedita a jueces de diferentes áreas, coinciden abogados.
Lo que los diputados de Nuevas Ideas y aliados comenzaron el 1 de mayo con la destitución sin derecho a defensa de la Sala de lo Constitucional y la imposición de magistrados y fiscal general afines la terminaron de consolidar en la plenaria del martes con las referidas reformas a esa ley más la de la Fiscalía.
En términos sencillos, según los abogados, estas reformas dan al Ejecutivo la posibilidad de controlar a todos los jueces del país.
“El régimen autocrático busca consolidarse: eliminar toda posibilidad de justicia independiente. Se tratan, esas reformas, simple y llanamente, de una purga de jueces, un paso más en el manual del autoritario”, opinó el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
La abogada penalista Marcela Galeas opina en el mismo sentido: ahora los jueces ya no serán independientes. “La destrucción de la independencia judicial jamás podrá ser el fundamento de la justicia en ninguna sociedad, si no que garantiza lo contrario: impunidad, corrupción y arbitrariedad”, opinó.
Para Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, “una reforma que afecta a otro poder del Estado, que no ha sido debatida ni escuchados los principales afectados -los jueces y juezas- es contraria a la democracia. Solo los regímenes autoritarios se sienten autorizados a ‘depurar’ a la justicia”.
Jueces a la medida
De acuerdo a la periodista y experta en derechos humanos Celia Medrano, el golpe del 1 de mayo y las reformas del martes provocan que los juicios contra opositores o críticos al oficialismo puedan estar influenciados desde el Gobierno.
“La independencia judicial se refiere principalmente al derecho de cualquier persona a la garantía de un juicio justo, que el juez o jueza opere solo en función de la justicia y las leyes, sin permitir que prejuicios o intereses u otros poderes interfieran en su decisión”, dijo. Además, señaló que lo aprobado “discrimina a jueces y juezas en razón de su edad, por ejemplo, pero sobre todo en razón de su integridad”.
Pero va más allá y anticipa que los nuevos jueces deberán plegarse a los designios del oficialismo.
“Difícilmente quienes sustituyan a los funcionarios a quienes se les impone una salida obligada serán sustituidos con base en criterios de meritocracia, idoneidad, competencia y profesionalismo. El requisito común será someterse o avalar los intereses del poder de turno. Eso deja a la ciudadanía sin ningún mecanismo de protección ante la arbitrariedad y la injusticia”, consideró.
Paso hacia el poder total
David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, también ve en las reformas del martes un paso más en la consolidación del poder total del Ejecutivo.
“Hay un evidente propósito del presidente Bukele y su bancada cyan de seguir cooptando el Órgano Judicial y evitar de esta manera el control judicial de sus abusos de poder”, dijo.
Morales cita un caso específico de un juez que será cesado por su edad de inmediato gracias a las reformas: el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, quien lleva adelante el juicio por la masacre de El Mozote, perpetrada durante la guerra. Con esto, según el miembro de Cristosal, dejará en caso en la impunidad.
“Uno de los propósitos no reconocidos de esta reforma incluye la protección a los criminales de guerra que provocaron la masacre que se da en el contexto mayor del intento del régimen de seguir deteriorando la independencia de ese poder en El Salvador”, consideró Morales.
A él se unió el congresista demócrata Jim McGovern, quien criticó las reformas a la Ley de la carrera judicial y pidió justicia en el caso El Mozote, pues conoce que con esos cambios el juez Guzmán quedará cesante. “Condeno la ley inconstitucional que purga a los jueces mayores de 60 años, un crudo intento del gobierno de Nayib Bukele de destruir la independencia judicial y consolidar su marca de autoritarismo. Continuaré exigiendo justicia para el Mozote”, publicó.
Por su parte, Norma Torres consideró los hechos del martes como “otro salto drástico a la socavación del Estado de derecho”.
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