Desde 1969, cada 31 de julio es el día nacional del periodista en El Salvador, ello en conmemoración de la publicación en 1824 del primer periódico del país, el “Semanario Político Mercantil” y en reconocimiento al periodismo salvadoreño que “ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de nuestros problemas”.
Es en el Decreto Legislativo No.380 que encontramos que el origen de la celebración del día del periodismo parte del reconocimiento de su responsabilidad orientadora en función de ayudar con su labor a la solución de problemas nacionales. Muy diferente al constante acoso, persecución, agresión, amenaza, intimidación, coacción y riesgo que representa ser periodista actualmente en E Salvador.
En la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa correspondiente al 2021, Reporteros Sin Fronteras señala que el periodismo está total o parcialmente bloqueado en el 73% de los países que analiza anualmente esta organización. En el caso de El Salvador, el país ha bajado del puesto 74 al 82 en un listado de 180 países evaluados. La organización internacional plantea que, en El Salvador, los funcionarios hostigan y amenazan a los periodistas que intentan investigar la corrupción o las finanzas del gobierno y que la legislación salvadoreña brinda poca protección a la prensa.
Efectivamente, una propuesta que por seis años llevaba impulsándose ante la Asamblea Legislativa para la protección de la labor periodística ha sido una de las propuestas archivadas por decisión de la mayoría parlamentaria del partido en el gobierno. Dejó de funcionar también una comisión legislativa especial conformada por la legislatura anterior en la que se investigaban hechos de agresión contra periodistas.
Una ley para la protección de periodistas es cada vez más apremiante en el actual contexto adverso para profesionales de la información que tratan de desarrollar su trabajo de manera ética y comprometida. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra desde enero 2018 un total de 413 vulneraciones contra periodistas, de los cuales, 308 hechos han ocurrido en 2020 y primer trimestre del 2021.
Se trata de restricciones al ejercicio periodístico, bloqueos al acceso de información pública, acosos digitales, expulsión de periodistas extranjeros, cierre forzado de espacios televisivos como República y FOCOS, e intimidaciones que van en escalada desde insultos y amenazas hasta agresiones físicas como las sufridas por un periodista por parte de un oficial de mando intermedio de la policía, toma de fotografías específicas a mujeres periodistas por parte de policías en el edificio de la Asamblea Legislativa y vigilancia a viviendas y familiares de periodistas cuyos medios han publicado notas desfavorables a sectores de poder cercanos a la gestión gubernamental actual. Es una situación en que la noticia son las y los mismos periodistas.
En el último trimestre periódicos digitales se han visto obligados por resolución judicial a bajar de sus sitios web reportajes que cuestionan a funcionarios y allegados oficiales o desmienten versiones dadas por éstos sobre hechos de interés público. Lejos de proteger el derecho a la información de la población y contar con versiones de los hechos diferentes a versiones oficiales, operadores judiciales parecen responder a una dinámica de poder y control total ejercida desde el Órgano Ejecutivo. Esta dinámica favorece a funcionarios convencidos que pueden ejercer poder sin rendir cuentas y asumen a periodistas como opositores políticos refugiándose en prácticas de puerta cerrada y coacción a los medios que no se convierten en caja de resonancia de la versión oficial de los hechos.
Es precisamente cuando no pueden controlar que entonces agreden, primero intentando desacreditar la seriedad del medio y del periodista, después amenazándole, insultándole, buscando reproducir un estigma de odio y desconfianza en la población. Buscan que las y los periodistas se autocensuren, tengan temor de cubrir una actividad oficial o de publicar una información que cuestione lo afirmado por un ente estatal o afín al mismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que, en determinados contextos, las publicaciones amedrentadoras en redes sociales y las alegadas declaraciones públicas por parte de funcionarios de gobierno llamando a desacreditar el trabajo de periodistas, puede poner en una situación de grave riesgo a éstos, particularmente respecto de su vida o integridad personal.
Para este día nacional del periodista no habrá felicitaciones, estas se darán únicamente para comunicadores institucionales y publicistas que no trabajan con la claridad de que la esencia del periodismo es cuestionar y cuestionarse permanentemente, en especial, ante el poder, frente al poder.
La única respuesta en este contexto adverso es y será hacer más y mejor periodismo. Fortalecer capacidades, actualizarse permanentemente, argumentar con fundamentos e información verificada. Ante el cierre progresivo de acceso a información oficial, trabajar asociativamente y con alianzas internacionales. Ante el riesgo de cierre de medios alternativos a la oficialidad, abrir nuevas e innovadoras iniciativas.
Para este 31 de julio, los periodistas no quieren celebraciones. El periodismo llamado incómodo, porque es non grato para el abuso de poder, exigirá siempre que se le respete y no se le obstaculice su trabajo. La misma ciudadanía termina apoyando a un periodista con credibilidad e integridad. Ninguna democracia puede ser reconocida como tal sin libertad de prensa y acceso a información, derechos claves para las sociedades libres.
Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.