A poco más de mes de haber sido impuesto como magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Ángel Pérez Chacón tomó protagonismo en Corte Plena del 10 de junio, cuando se debatió sobre la extradición de dos delincuentes reclamados por Estados Unidos e intentó revertir la votación con la que se había decidido extraditar a uno de ellos.
Se trataba de las peticiones de extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, apodado “ Blue” o “Cliper”, reclamado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde está acusado de intentar asesinar a una mujer salvadoreña.
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Trece de los magistrados votaron para autorizar la entrega de este cabecilla a las autoridades estadounidenses, pero Pérez Chacón pidió revertir esa decisión luego de que a la hora de decidir la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez Torres, la Corte se enfrascara en un debate para asegurar, según ellos, a que se le protegieran derechos constitucionales como salvadoreño.
Todo partió del hecho de que Rodríguez Torres cometió el delito en EE. UU. siendo un menor, pero varios magistrados alegaron que este país no daba garantías de que se le juzgara como menor, como dicta la ley salvadoreña, pero que esa decisión depende del juez y no del Departamento de Estado.
Según el acta 48, el magistrado Pérez Chacón, expresó que “no existe en el proyecto ninguna discusión de estos temas sobre aplicación directa de la Constitución y a la luz de los Convenios Internacionales citados, puesto que se ha profundizado más en los aspectos de tipificación penal; por lo que propone debe reconsiderarse la decisión anterior y trabajar una mayor fundamentación sobre la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad de los convenios”.
Pérez Chacón vuelve a intervenir y dice que la fundamentación es esencial y que “independientemente de la edad se trata de un salvadoreño y debe dejarse claramente establecido en cada decisión”.
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Además planteó que en el caso de extradición de connacionales “debe valorarse además la proporcionalidad que impactaría en la determinación de penas más gravosas que las que se les aplicarían en Estados Unidos, que debe valorarse por el impacto en la sociedad salvadoreña”.
En la sesión urgieron otras voces que expusieron revisar el convenio de extradición o formular una Ley de Extradición. La magistrada Doris Luz Rivas Galindo apoyó la propuesta de ejercer un control de constitucionalidad en vista de que en este caso “no se ha otorgado garantía”. Aunque en esa sesión se leyó la nota diplomática en la que se asegura que “Estados Unidos no pedirá una pena de muerte o si se le condena por el Juez, no cumplirá la misma”.
Al final, nueve magistrados apoyaron la propuesta de elaborar el “proyecto para trabajar mejoras de fundamentación al mismo”; pero la petición de revocar la decisión de extraditar a “Blue” no obtuvo apoyo.
Qué ha pasado con ese tema no se sabe. Las actas de Corte Plena siguientes a la del 10 de junio no revelan que el punto haya vuelto a ser abordado, al menos hasta la sesión del 13 de julio, cuya acta es la última que ha sido publicada en el sitio web de la Corte.