Marta tiene 65 años y décadas de trabajar en la casa a la familia Ramos*. Frecuenta una iglesia cristiana evangélica y le gusta salir de paseo con sus hermanas. Tres días antes de Semana Santa ya no sale de su cuarto, deja de comer, pero no se queja. El lunes después de Semana Santa, una hermana llega a visitarla y nota que a Marta le cuesta respirar. La familia con la que vive la lleva a un hospital privado, donde le hacen dos pruebas de COVID-19 que resultan negativas… El martes, Marta es trasladada al Hospital El Salvador. Personal de ese centro llama cada tarde a la familia de Marta para informar cómo está ella. Siete días después de haber sido ingresada, la familia recibe una nueva explicación: Marta no quería ser entubada, por lo que firmó un formulario para asegurarse de que los médicos respetaran su voluntad. Marta ha muerto.
El panel de una funeraria llega a retirar su cuerpo a una de las puertas laterales de ingreso al ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ahora Hospital El Salvador.
El vehículo de la funeraria es escoltado por otro de la Policía y uno más del Ministerio de Salud hacia Jardínes del Recuerdo, el cementerio cercano a la colonia Costa Rica.
Cuando la familia llega al lugar, ve desde lejos que la caja con el cuerpo de Marta ya ha sido colocada en un rectángulo de cemento que luego es sellado con el mismo material. Se trata de un entierro protocolo COVID-19 donde solo se permite que cinco personas vean desde cómo la caja de cemento con el cuerpo de Marta es colocada en el nicho que la familia compró para ella. En hoja del hospital que sirvió para inscribir muerte en la alcaldía de San Salvador se lee “sospecha de COVID-19”, como causa de muerte.
La muerte de Marta no es la única que ha sido atribuida a esa causa en el Hospital El Salvador. De 636 muertes ocurridas en ese hospital entre junio de 2020 y marzo de 2021, registradas en 11 de las 15 alcaldías con más casos diagnosticados, 464 fueron atribuidas a “sospecha de COVID-19”.
Un estudio realizado por Focus Data, la Unidad de Datos de El Diario de Hoy, con el apoyo del proyecto Big Local News de la Universidad de Stanford, encontró que el 73 % de las muertes ocurrida en el Hospital de El Salvador desde que fue inaugurado el 21 de junio de 2020 hasta el 30 de marzo pasado fueron atribuidas a “sospecha de COVID-19”. El 54 % de estas muertes corresponde a personas que tenían entre 60 y 79 años. Si el rango de edad se amplía aún más, el 71 % de las muertes ocurridas en el Hospital El Salvador corresponde a personas que tenían entre 60 y 89 años.
El médico intensivista José Gonzalo Batres Baires considera “inaceptable” que el personal de salud del Hospital El Salvador no pueda comentar la realidad al interior del centro: “Esto evita que la población esté bien informada de cómo es la realidad pandémica en el país. Sin embargo, el país ha entrado en un momento en el que el ciudadano común y corriente, sin necesidad de recibir información oportuna y veraz, está cayendo en la cuenta que las cosas están peor a lo que las autoridades informan”.
Cuando se revisan los datos del resto de centros donde hubo muertes por COVID-19, por sospecha de COVID o relacionadas, se identifica el mismo patrón en 41 hospitales, unidades de salud o clínicas comunitarias donde hubo muertes por esas causas: las muertes por sospecha superan a las oficialmente reconocidas como muertes por COVID-19. Ese fue el caso de Manuel Martínez, un hombre de 70 años cuya prueba COVID-19 dio positivo el 3 de julio de 2020, fue ingresado al día siguiente en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana y falleció dos días después. Cuando el personal del hospital entregó la boleta necesaria para inscribir la muerte en la alcaldía se leía “sospecha de COVID-19” como causa de muerte.
En otros casos, pese a tener una prueba positiva de COVID-19, la muerte es atribuida a la consecuencias de dicha enfermedad. Eso ocurrió con Ricardo Granados, quien dos días después de celebrar el Día de la Madre con su esposa y sus hijos, en mayo pasado, recibió los resultados positivos de sus pruebas PCR. Ambos se aislaron, pero él terminó siendo ingresado en el Hospital Lamatepec y luego trasladado al Hospital El Salvador. Su muerte, pese al resultado positivo de COVID fue atribuida a la sepsis que la enfermedad le provocó.
Sobre el hecho de que las muertes por “sospecha de COVID” superan a las atribuidas a esta enfermedad, el intensivista Batres Baires considera que esto confirma que “el país nunca ha tenido la capacidad óptima para paliar esta catástrofe mundial”. El médico añade: “No me sorprende, porque sabemos bien de las falencias que padece El Salvador. La logística que implica realizar hisopados, PCR, procesar muestras y entregar resultados es muy costosa y complicada”.
Para este médico es sorprende que las autoridades aseguren que el país es ejemplo regional y hasta mundial en cuanto a cantidad de casos. En palabras de Batres Baires: “Ningún país con la realidad de El Salvador puede ofrecer resultados tan favorables en medio de la pandemia como los que se anuncian. (…) Esto no tiene que ver con partidismo o simpatías políticas, la pandemia es en primer lugar un problema de salud pública que necesita soluciones científicas, no estrategias astutas de publicidad o comunicación”.
De forma general, el contagio es más frecuente en hombres que en mujeres y lo mismo ocurre con las muertes. Pero cuando ellas se contagian, las muertes han sido más frecuentes en mujeres en cuya partida de defunción aparece como profesión u oficio “ama de casa” u “oficios domésticos”.
Uno de esos casos fue el de Marta, quien dedicó su vida al cuidado de la familia Ramos, como hija de crianza. La muerte de Marta, ocurrida tras la Semana Santa pasada, es solo una de las más de 1,301 muertes de personas cuya ocupación fue definida en la partida de defunción como “ama de casa” u “oficios domésticos”. De esas 1,300 muertes, 362 fueron atribuidas a “sospecha de COVID-19”, 775 a causas relacionadas y 164 a COVID.
Muy por debajo de las amas de casa, en la lista de oficios más frecuentes entre las mujeres que murieron por las causas anteriores están: comerciantes, empleadas, pensionadas, costureras, secretarias y estudiantes. En el caso de los hombres, las ocupaciones más frecuentes entre los fallecidos han sido: empleado, jornalero, comerciante, motorista, agricultor, pensionado, albañil y mecánico.
Contrario a lo ocurrido en algunos países del primer mundo, como España y Estados Unidos, un gran porcentaje de muertes de adultos mayores ocurridas desde que inició la pandemia en El Salvador no tuvieron como escenario un asilo sino la habitación de una casa o de un hospital.
Al menos 21 adultos mayores murieron en asilos, de un total de 6,957 muertes por COVID-19, sospecha de COVID o relacionadas con esta enfermedad ocurridas entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en 11 municipios de El Salvador. Los datos son fruto de una recopilación llevada a cabo en los registros de estado familiar de 11 de los 15 municipios con más casos diagnosticados.
Del total de casos recopilados, en 2,332 la muerte ocurrió en casa. De esas muertes 80 fueron atribuidas al COVID, 306 a sospecha de COVID y 1,946 a causas relacionadas. En 1,242 casos la muerte fue atribuida a un paro cardiorrespiratorio.
Uno de esos casos fue el de Lucía, una mujer de 100 años que en julio de 2020 fue diagnosticada con COVID y recibió tratamiento en casa, donde la visitaba un médico. Su familia decidió no llevarla a un hospital, pues el médico les dijo: “Si la mandan, ya no la van a volver a ver”. Como secuela del COVID, le costaba respirar, por lo que incluso le daban terapia respiratoria en casa. El médico que la visitaba no usaba un traje especial cuando la examinaba, sólo mascarilla; pues, según explicaba a la familia, “la infección solo dura 14 días”. Lucía perdió el apetito y el 8 de agosto de 2020, mientras dormía, expiró.
*Los nombres reales de los fallecidos y de sus familiares se omiten para respetar su privacidad.
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo del proyecto JSK- Big Local News de la Universidad de Stanford.