El nuevo jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa, Arturo Ernesto Mossi Henríquez, resolvió no entregar la información que desde hacía más de un mes se le había solicitado.
La información solicitada a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) consistía en el Listado de empleados de la Asamblea Legislativa hasta el 15 de junio del 2021, detallando nombres, cargo, unidad o grupo parlamentario al que estaba asignado,, monto salarial asignado,, fecha de contratación y modalidad de contrato (si es por ley de salarios o por contrato).
Así también se había solicitado la lista de asesores desglosado por grupo parlamentario hasta el 15 de junio del 2021, detallando nombres y monto salarial, así como la fecha de contratación.
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Sin embargo, la Oficina de Información y respuesta notificó que al realizar el trámite de la información requerida, la Gerencia de Recursos Humanos informó “Que la nueva administración del Órgano Legislativo actualmente sae encuentra realizando un proceso de reordenamiento y reestructuración interna del personal en general, el cual hasta esta fecha no ha finalizado, por lo que se pretende tener un tiempo considerable para realizar las gestiones necesarias y poder cumplir con lo solicitado, por lo que se aclara que la información relacionada al personal en este momento es variable”.
“Adicionalmente se hace del conocimiento que parte de la información del personal se encuentra bajo la supervisión y análisis de diferentes departamentos y unidades, la cual es sometida a controles internos como de auditorías, y en algunos casos particulares, también ha sido puesta a disposición de otras instituciones estatales por orden judicial; es decir, que esta información actualmente no se halla completa y no existe garantía en que pueda volver a estar en poder de esta Gerencia”, añade la resolución firmada por el oficial de información de la Asamblea Legislativa.
A mediados de marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones de la Asamblea Legislativa en el marco de una investigación sobre plazas fantasmas que personas allegadas a diputados o a grupos parlamentarios tenían en esa institución.
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La Fiscalía se incautó de cientos de expedientes de empleados sospechosos de cobrar salarios sin presentarse a trabajar. Sin embargo, ese Órgano de Estado se quedó con fotocopias de tales expedientes, según fuentes de esa misma entidad que también aseguran que los nuevos diputados han llevado como empleados a la Asamblea Legislativa a personas afines al partido Nuevas Ideas y con relaciones de parentesco y de amistad de los nuevos legisladores.
Obstrucción a la transparencia
Hasta el período legislativo anterior, la Asamblea Legislativa era una de las pocas instituciones gubernamentales que, en aras de la transparencia, facilitaba los listados de todos los empleados, con sus cargos, sueldos asignados y otros detalles, así como de los asesores de cada grupo parlamentario.
De hecho, la entrega de esa información permitió conocer que no menos de diez parientes del diputado Guillermo Gallegos trabajaban en la Asamblea con sueldos arriba de mil dólares.
La entrega de la nómina de empleados y asesores también permitió que El Diario de Hoy revelara que la exdiputada panista Cristina López recibía un salario por la plaza de asesora, a pesar de que no llegaba a la la Asamblea porque no residía en El Salvador sino en Estados Unidos. O que Silvia d´Abuisson, hija del fundador de ARENA, tenía sueldo asignado por la Asamblea Legislativa pero nunca iba a trabajar.
Incluso, el acceso a la información que hoy ha sido negada, permitió corroborar que el candidato a alcalde de Sensuntepeque por parte del partido GANA, José Santos Alfaro Echeverría (actualmente en funciones) tenía una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa, desde noviembre de 2016 con un sueldo asignado de 1,600 dólares.
La notificación de no entrega de la información solicitada respecto de empleados y asesores de la Asamblea Legislativa ocurre en una coyuntura en la que el actual Órgano Ejecutivo ha dado pasos agigantados para obstruir la entrega de información pública, bien declarándola como reservada o asegurando su injerencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, para lo cual ha colocado a varios comisionados que le son afines y que han cambiado una serie de criterios resolutivos que favorecían el derecho a la información.
Así también el Ejecutivo ha hecho una serie de propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para disminuir la transparencia de su gestión, que ha sido muy criticada y por lo cual varios de sus funcionarios han sido señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.