Antonio Durán es juez del Tribunal de Tercero de Sentencia. Fue secretario de actuaciones del Juzgado Tercero de Paz desde finales de los 80, Secretario de Actuaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Foro de Jueces Democráticos Independientes. No acaba de nacer en la judicatura salvadoreña. Es juez desde 1998 y es uno de los pocos que se han atrevido a denunciar el golpe contra el Poder Judicial de mayo. Fue testigo de primera mano de la guerra de los 80 en su natal Suchitoto y como funcionario judicial cuando los jueces reconocían los cadáveres de las víctimas de enfrentamientos, secuestros y torturas. Literalmente “viene de donde asustan”. Por eso no vacila en revelar que hay temor entre los jueces tras la destitución de la Sala de lo Constitucional y el sometimiento del Órgano Judicial al gobierno de Bukele.
Ese fue el propósito de lo que no duda en calificar un golpe de Estado, asestado, a su juicio, porque la Sala de lo Constitucional legítima se atrevió a oponerse a las detenciones ilegales y otros abusos del régimen de Bukele durante la cuarentena. Otra finalidad fue que no hubiera un tribunal independiente que interviniera en favor de la institucionalidad en momentos de crisis, como los que salvaron a Guatemala, Perú, Ecuador y Argentina de golpes y conflictos en la historia contemporánea.
¿Qué sucede en el Poder Judicial desde el 1M?
Hay una crisis en el Poder Judicial porque se ha violentado la independencia judicial cuando se ha removido inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se ha nombrado también de manera inconstitucional a otros abogados que están ocupando los cargos. Hay crisis porque sus actuaciones inconstitucionales.
Pero también hay un sometimiento del Órgano Judicial al Poder Ejecutivo…
Ese el riesgo mayor. Si la situación mencionada es grave, someter o dominar a todo el Poder Judicial es algo peor.
¿En la medida que un juez no puede ser imparcial y depende de otros poderes qué ocurre?
El riesgo es para el justiciable, es decir, para el ciudadano. La independencia judicial no es un atributo del juez, sino una garantía para los ciudadanos que van a contar con jueces independientes cuando les toque ir a la Corte, ya sea por conflictos entre particulares, entre particulares y el Estado e incluso órganos estatales.
“Si no tenemos esos frenos y contrapesos vamos a ver arbitrariedades y abusos que van a afectar al ciudadano. El ciudadano no lo percibe en este momento, pero con el tiempo sí lo hará y no podrá más”
¿Un ciudadano que tenga conflictos con el gobierno o con el partido de gobierno no tiene garantías de recibir un juicio justo en estas condiciones?
Exactamente. Ese es el riesgo para los justiciables, para los ciudadanos.
¿Cómo califica los hechos del 1M?
Es un golpe de Estado. Ahora no hay un sistema de frenos y contrapesos, todo está subordinado al Ejecutivo.
¿Cuál fue la causa?
Lo que desencadenó esta situación fueron las decisiones de la Sala de lo Constitucional en el periodo de la cuarentena contra la detención de personas sin haber cometido delito, sin base legal y sin un juicio. Fueron privaciones de libertad de manera ilegal que duraron hasta dos meses en los centros de contención por no acatar las medidas de cuarentena que dictaba el gobierno. También se impidió el ingreso al país a cientos de ciudadanos.
¿Por qué la Sala resolvió que todo esto era ilegal?
La Sala no actuó de oficio, sino a petición de ciudadanos que fueron afectados y pidieron habeas corpus (que se explicara por qué fueron detenidas ilegalmente). Muchos jueces fuimos enviados a los centros de contención a verificar y eran cientos de ciudadanos los que estaban privados de libertad. No había base legal para privarlos de libertad y era violatorio de la Constitución. Parecían campos de concentración.
¿Cómo actuó la Sala entonces?
Como un tribunal independiente e imparcial.
¿Fue legal su destitución?
Los magistrados sólo podían ser destituidos por causas específicas derivadas de su comportamiento que nunca se establecieron ni se probaron.
“La ciudadanía debe asumir la responsabilidad de interesarse, de intervenir, de opinar. Nuestro pueblo ha pagado con sangre estas libertades. Quiero traer las palabras del padre Ignacio Ellacuría: “El pueblo tiene que hacer oír su voz”. Y creo que hoy más que nunca la gente debe vencer ese miedo y, sobre todo, hacer oír su voz”
¿Aún se puede revertir esta situación de facto?
Lo importante es defender el núcleo esencial de la independencia judicial. Y ese núcleo está en cada juez y en cada decisión. Se debe revertir lo que sucedió el 1 de mayo y devolver a los magistrados a sus cargos. Lo esencial es restablecer a la Sala. Por allí empezaríamos y dejar de usar a la fuerza pública para intimidar a los jueces y a cualquier ciudadano.
¿Y habrá el valor para que esto suceda, incluso aplicando el control difuso de la Constitución, declarando inconstitucional desde cada tribunal cualquier acto que la contradiga?
Yo creo que se tiene. Estoy muy orgulloso de la calidad de los jueces que tenemos, pero también sé que el riesgo de afrontar esta situación es bastante grande. Por darle like a un comentario mío en Facebook han regañado a muchos colegas y ellos me ven y me dicen: “Estoy contigo, pero no te puedo comentar”. Hay mucho temor de este control de este Big Brother que se quiere ejercer, esa fiscalización hasta de las redes sociales que se está haciendo con los jueces.
“Hay una crisis en el Poder Judicial porque se ha violentado la independencia judicial cuando se ha removido inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se ha nombrado también de manera inconstitucional a otros abogados que están ocupando los cargos. Hay crisis porque sus actuaciones inconstitucionales”
¿Qué pasará ahora?
Con estos señores impuestos desde el Ejecutivo y el Legislativo difícilmente van a ser un contrapeso a las decisiones sobre los habeas corpus, amparos e inconstitucionales que se presenten.
Algunas personas dicen: no me importa, no me afecta mi bolsillo, no me afecta mi vida ni a mi familia...
Eso es ahora… no se sabe si más adelante va a necesitar de tribunales independientes para poder impugnar una captura o una decisión injusta o arbitraria. Es un riesgo con todos los órganos de control, no sólo con el Judicial. También con el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, con el Procurador de Derechos Humanos. Si no tenemos esos frenos y contrapesos vamos a ver arbitrariedades y abusos que van a afectar al ciudadano. El ciudadano no lo percibe en este momento, pero con el tiempo sí lo hará y no podrá más.
¿Y cuál es el ánimo de los jueces?
En una palabra, hay miedo, mucho miedo de ser removidos porque, como dice el Evangelio, “si con el árbol seco hacen esto, ¿qué no harán con el seco?”. Si eso hicieron con el máximo tribunal del país, ¿qué no harán con el resto de la judicatura?
Hay miedo y también hay comportamientos, no sólo de sumisión, sino de cooptación, por conveniencia (no puedo estar mal con mi superior), oportunismo (ahora puedo lograr que me nombren en tal cargo), escepticismo. El funcionario hace su trabajo de 8:00 a 4:00, no le importa lo demás y mientras no haga ruido, no le pasará nada.
¿ Y las gremiales?
Las asociaciones judiciales también están en crisis porque han sido cooptadas por los superiores y la mayoría son dominadas por los magistrados de la Corte. Y ante esta crisis prefieren no involucrase ni emitir opinión.
Muchos piensan que los magistrados antiguos ni siquiera debieron haberse sentado a la mesa con los impuestos el 1 de mayo...
Eso mismo pienso yo, porque parecería que les reconocen legitimidad, pero no la tienen.
¿Qué tendrían que pensar los que se meten a estas aventuras? ¿Qué puede sobrevenirles?
La clase política piensa que el Poder Judicial es como su oficina o su bufete, donde puede hablarle a cualquier juez, y esto antes era recurrente. Una lucha muy fuerte fue que los jueces no recibieran llamadas de ningún político ni de diputados ni de ministros ni de magistrados de la Corte para decidir sus casos. Eso no es posible. El riesgo es la manipulación arbitraria de los distintos procesos.
¿Y por qué parece que no temen a las consecuencias?
Mientras los políticos están en el cargo la prescripción (tiempo de persecución de delitos) se suspende y no es hasta que terminan sus cargos que se inicia ese periodo. A eso se atienen.
¿Y la ciudadanía qué debe hacer?
La ciudadanía debe asumir la responsabilidad de interesarse, de intervenir, de opinar. Nuestro pueblo ha pagado con sangre estas libertades. Yo nací y crecí en Suchitoto y viví la convulsión social y la guerra. Quiero traer las palabras del padre Ignacio Ellacuría: “El pueblo tiene que hacer oír su voz”. Y creo que hoy más que nunca la gente debe vencer ese miedo y, sobre todo, hacer oír su voz.
¿Debe comenzar por los jueces?
La valentía y la integridad son dos virtudes judiciales que todo juez debe tener. La academia también tiene una obligación de pronunciarse. ¿Con qué solvencia los que somos catedráticos nos podemos parar ante los alumnos y amparar una situación como esta o no decir nada? ¿Dónde están los pronunciamientos de las universidades? El derecho es defender ante situaciones injustas, ante situaciones inconstitucionales, sacar el pecho contra la ilegalidad.
¿Qué se necesita?
Mientras no tengamos independencia de los políticos esta situación la vamos a tener con los sucesivos gobiernos que vengan y allí es donde vamos a entrar siempre en crisis. Pero la justicia siempre ha llegado...