La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer por la mañana la acusación formal contra diez ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
Los acusados fueron trasladados al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, bajo un fuerte dispositivo de seguridad por el grupo Jaguares de la Policía. Cada uno iba protegido con chalecos antibalas y cascos blindados. Mientras, frente a los juzgados, decenas de militantes del FMLN se concentraron para protestar por las capturas.
“Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos; y el período de investigación corresponde a la época en que ellos desempeñaron diferentes cargos públicos durante el mandato presidencial (de Mauricio Funes)”, dijo la fiscal del caso durante la presentación del requerimiento en el Juzgado 2º de Paz de San Salvador.
La fiscal, perteneciente a la Unidad Especializada contra el lavado de activos y que pidió no identificarla, afirmó que uno de los principales fundamentos de la acusación es que los exfuncionarios recibieron dinero mensual y en efectivo por parte de la Secretaría Privada de la Presidencia del gobierno en turno, sin estar comprendido en su salario nominal. “Estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley”, afirmó.
Según la Fiscalía, los ahora imputados recibían el dinero en sobres y seguían lineamientos para evitar que fuera detectada la entrega del dinero. Al cuestionarle sobre qué lineamiento seguían, la fiscal explicó que les pedían que el dinero no fuera bancarizado ni declarado.
Sin embargo, José Emilio González Castro, abogado principal de Violeta Menjívar y representante jurídico del resto de exfuncionarios capturados, dijo que esperarán a revisar todo el requerimiento, para determinar si los delitos de los que habla la Fiscalía son aplicables en cada caso de los imputados.
“No sabemos cuántas páginas tiene el requerimiento. Sí sabemos que son alrededor de cinco cajas”, dijo González Castro, quien agregó que solicitará medidas sustitutivas a la detención para Violeta Menjívar debido a su estado de salud, pero no dio detalles.
Al finalizar la presentación del requerimiento, los abogados defensores informaron que Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal y Calixto Mejía serían llevados a Medicina Legal para determinar su condición de salud.
De no necesitar atención médica urgente, los cinco guardarán detención en las bartolinas de la Dirección de Seguridad Fronteriza y la Dirección de Tránsito de la PNC, hasta el martes que se realice la audiencia inicial
IMÁGENES: Así trasladaron a exfuncionarios del FMLN al juzgado para la acusación formal
Los exfuncionarios fueron capturados el jueves, al mismo tiempo que se giró orden de captura para Manuel Orlando Quinteros Aguilar (Gerson Martínez), exministro de Obras Públicas; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Manuel Melgar, exministro de Seguridad y ex secretario privado de la Presidencia; José Guillermo Belarmino López, exministro de Agricultura y Ganadería, y Salvador Sánchez Cerén, exvicepresidente y luego expresidente de la República.
La fiscal del caso aseguró que las capturas son el resultado de investigaciones iniciadas en 2019 en torno al caso de Mauricio Funes, quien ha sido vinculado a actos de enriquecimiento ilícito al extraer hasta $350 millones de los fondos públicos y que actualmente se encuentra prófugo y asilado bajo el régimen de Daniel Ortega.
Críticas a la Fiscalía
Diversas organizaciones se han pronunciado desde la captura de los cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Según un comunicado Fespad, la detención de los exfuncionarios se dio “mediante el abuso de poder y claros signos de arbitrariedad”. La institución también manifiesta que es necesario respetar la presunción de inocencia de los imputados ya que, solo al final del proceso penal, con una sentencia definitiva y firme se les podrá atribuir culpabilidad.
“Los actos por parte del aparato de Estado ubican a El Salvador en un contexto de las décadas 70 y 80 del siglo pasado, en el cual el respeto a los derechos civiles era mucho menos que una aspiración”, denunció Fespad.
El pasado jueves 22 de julio cuando Menjivar fue detenida su abogado manifestó que “fue subida con engaños a la patrulla, sin que se le leyeran sus derechos y con la explicación de que estaban haciendo un proceso rutinario de investigación”.
Por su parte, el abogado Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, manifestó que “llama la atención que han identificado a ciertos funcionarios, viceministros por ejemplo, pero casualmente no aparecen los ministros de esa mismas carteras de Estado y es difícil que si un viceministro estaba recibiendo un sobresueldo en esa época, el ministro estuviera en un régimen diferente, me costaría creer que eso ocurrió de esa manera”, señaló.
Sáenz cree que “esa selectividad manda también un mensaje que puede interpretarse más como una persecución que un afán de generar justicia.
Dirigentes del FMLN cuestionaron los procesos de las autoridades de la Policía y la Fiscalía en cuanto a las detenciones de los exfuncionarios de su partido. Calificaron a las mismas como actos arbitrarios y dijeron que los detenidos son presos políticos de el gobierno de Nayib Bukele, al tiempo en que exigieron su inmediata liberación.
Todos los acusados son integrantes del FMLN, partido del que fue expulsado Bukele.