Durante la tarde del sábado, de hecho mientras jugaba la selección nacional de fútbol, el equipo de prensa de la Vicepresidencia de la República circuló un comunicado en el que muestran algunas propuestas de reformas a la Constitución que el equipo ad hoc, liderado por Félix Ulloa, presentará.
Además, anunciaron que “el primer borrador de propuestas para la reforma constitucional, que será sometido a discusión de sectores académicos, sociales y políticos, del cual saldrá el proyecto que se entregará al Presidente de la República, Nayib Bukele, el 15 de septiembre del presente año, con motivo del Bicentenario”.
Entre las principales reformas, destaca modificar el procedimiento para hacer cambios a la Constitución. En la actualidad, cuando se presenta una reforma constitucional, debe ser aprobada con mayoría simple por una legislatura y la siguiente debe ratificarla con mayoría calificada. Este equipo propone que los cambios a la ley máxima se hagan mediante un referéndum.
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“Los equipos analizaron el proceso para la reforma de la Constitución contemplado en el Art. 248, en el cual estudian la posibilidad de incorporar al referéndum como mecanismo de consulta ciudadana para obtener su ratificación”, añade el comunicado del grupo que ha estado estudiando estos cambios.
Esto forma parte de una iniciativa más amplia de “crear las instituciones de la democracia directa” que incluyen el referéndum, así como el plebiscito y la revocatoria de mandato.
A juicio del constitucionalista Enrique Anaya, consultado por El Diario de Hoy, "jurídicamente hoy día solo es válida una reforma constitucional aplicando el régimen vigente". Con esto, explica que estas reformas que el Ejecutivo presentará el 15 de septiembre todavía tendrán que ser conocidas por esta legislatura y ratificadas por la siguiente.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, también recalcó que este nuevo proceso de ratificación no aplicaría para estas reformas, sino para las siguientes. Si no, dice, "estaríamos ante otra ruptura al orden constitucional porque modificarían el proceso de reforma de manera inconstitucional". Sin embargo, lo consideraría "entendible porque (bajo ese mismo método) podría venir la reelección del presidente".
En ese mismo sentido el presidente de la Fundación DTJ, José Marinero, dijo que "dado el talante autoritario de este gobierno y su desprecio por la Constitución y las leyes, no debería sorprendernos si (ratificar estos cambios vía referéndum) fuese la verdadera intención aprovechando la aún muy alta popularidad del presidente".
Lo que estos juristas aclaran es que si se sigue la ley actual, ninguna reforma que proponga el equipo ad hoc va a poder aplicarse durante la presidencia de Nayib Bukele. Esto, debido a que la legislatura actual termina su periodo en 2024, y sería la siguiente (de 2024 a 2027) la que debería ratificar cualquier reforma avalada.
Preocupa el fondo
Más allá de esta consideración, Eduardo Escobar considera que estarían sometiendo las reformas constitucionales a "correlaciones coyunturales", puesto que dependerían de la popularidad de una medida que esta sea avalada. El modelo actual, según el jurista, busca que una nueva legislatura tenga la oportunidad de rectificar cualquier propuesta de cambio a la Constitución. "El pueblo puede negarse en las elecciones a cualquier reforma al darle poder a otros partidos, es un mecanismo de rectificación que estarían eliminando", dice el director de Acción Ciudadana.
A su juicio, una virtud de la democracia representativa es que los funcionarios electos, al tener una mayor preparación política y técnica que el pueblo al que representan, pueden "modular el deseo de las mayorías". Caso contrario, advierte, "se somete al riesgo de que los deseos de la población se traduzcan reformas que puedan ser nocivas para la democracia y para los mismos derechos fundamentales".
Según Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana, ratificar reformas constitucionales vía referéndum es preocupante por la constante desinformación a la que están sujetos los salvadoreños, que no tienen "elementos suficientes para discutir y aprobar reformas estructurales".
Además, advierte que el país es testigo de "esfuerzos que están sencillamente buscando consolidar un poder que está siendo ejercido de manera autoritaria y abusiva sin que haya conocimiento suficiente de las consecuencias".
Contraloría, separación de funciones de Corte, Tribunal Constitucional
Otra propuesta destacada es el sustituir la Corte de Cuentas de la República por una Contraloría General del Estado, que forma parte de un capítulo de “Contraloría Social” que incluye a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor”.
El equipo también ha propuesto la creación de un Tribunal Constitucional separado del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al tiempo que califican de incompatible que sean parte de la misma institución.
A juicio de Sáenz, esta iniciativa es totalmente innecesaria. A su juicio, más allá de los abogados afines al Ejecutivo que actualmente están en la Sala de lo Constitucional, esta entidad siempre ha funcionado con las características de un tribunal como el que el Ejecutivo plantea. "Es una reforma innecesaria y simple y sencillamente hace eco de las quejas sobre los frenos que ha implicado el ejercicio correcto de la facultad constitucional", critica.
José Marinero añade que “ya tenemos un tribunal constitucional y en este diseño constitucional se llama Sala de lo Constitucional” y critica que “el comunicado no dice cómo se diferenciará el propuesto del existente o incluso si coexistirán”.
Más allá de estas dudas, el presidente de DTJ advierte “que a este Gobierno no le han interesado los controles al poder del presidente, así que habría que asumir que esta reforma lo que pretende es asegurar el control, la sujeción, del máximo intérprete de la Constitución a los designios del presidente”.
Prueba de ello, añade, son “los hechos del golpe del 1 de mayo cuando descabezó y usurpó la Sala de lo Constitucional” Por ello, afirma que no hay margen para darle el beneficio de la duda a esta propuesta.
Finalmente, han anunciado que propondrán separar las funciones jurisdiccionales de la CSJ con los temas administrativos del Poder Judicial. Según el vicepresidente Félix Ulloa, quien lidera este equipo ad hoc, “una carga que ha impedido que la justicia se cumpla de manera rápida, pronta y efectiva (es) dedicarse a tareas administrativas”.
Según Humberto Sáenz, esta es una propuesta interesante y que amerita discusión. De lo que la Vicepresidencia dio a conocer ayer, afirmó que "es lo único en lo que podría estar de acuerdo" y admitió que sin conocer a profundidad la propuesta, "vale la pena analizarla".
A juicio de Sáenz y el constitucionalista Enrique Anaya, todo el documento que anuncia las propuestas que el equipo ad hoc sugerirá son ambiguas.