Durante la primera sesión de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos entregados a funcionarios, exfuncionarios y personas jurídicas o naturales, compareció Elías Antonio Saca, expresidente condenado por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito.
El expresidente admitió que pagó “sobresueldos” a funcionarios fuera del Órgano Ejecutivo, además de “apoyo institucional” a los ex secretarios generales del PCN, Ciro Cruz Zepeda, y del PDC, Rodolfo Parker, así como a exmagistrados de la Sala de lo Constitucional y hasta a los ex fiscales, Belisario Artiga y Félix Garrid Safie.
En el caso de los exfiscales, el monto entregado era de $10,000 al mes, reveló después Elmer Charlaix, secretario privado de Saca, quien también compareció ante la comisión especial.
Ana Ligia Saca también recibía $10,000 al mes por órdenes del expresidente Saca, indicó Chárlaix.
El exsecretario privado detalló además que el sobresueldo más alto entregado durante el gobierno de Saca fue para el exministro de Seguridad, René Mario Figueroa, pago que ascendía a $20,000.
Ante unos diputados oficialistas inusualmente cordiales y amables, lo que dista del trato que han dado a otros exfuncionarios citados al Congreso, Saca manifestó que algunos ministros, viceministros y altos funcionarios de su gobierno recibían de entre $7,000 a $10,000 adicionales a su salario mensual. Todo eso, dijo, lo hizo asumiendo que era legal.
El expresidente Saca dijo no recordar los miembros del sector justicia a los que, según dijo, se entregó estos apoyos financieros, pero aseguró que había miembros de la Sala de lo Constitucional de ese entonces.
Los exfuncionarios que recibieron sobresueldos, según Saca
Saca mencionó entre los ex funcionarios que recibían “sobresueldos” de hasta $10,000 mensuales a la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, quien fungió como tal en la administración de Saca.
Además de la ex vicepresidenta, Saca citó al ex ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría; a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Marisol Argueta de Barillas; a la ex ministra de Economía, Yolanda de Gavidia; la ex ministra de Educación, Darlyn Xiomara Meza.
Al ex ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera; al ex ministro de Turismo, Luis Cardenal; al ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez; y también a Jorge Nieto, quien ocupó el mismo cargo; a Francisco Laínez, ex canciller de la República; el exministro de Seguridad y también de Gobernación, René Figueroa; el ex secretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez; y comisionados presidenciales para la Gobernabilidad y viceministros, entre otros.
Además de Guillermo Belarmino López Suárez, ex ministro de Hacienda, y el ex viceministro del ramo, William Jacobo Hándal; José Luis Guzmán Martell, ex viceministro de Educación; José Roberto Espinal Escobar, ex ministro de Trabajo; Gerardo Suvillaga, ex director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR); José Rubén Alfonso Rochi, ex ministro de Turismo.
Otro de los nombres que resaltó en la comparecencia es el de Eduardo Arturo Ayala Grimaldi, ex viceministro de Economía y padre del actual diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, quien ha condenado públicamente esta práctica.
Mencionó también a Ástor Escalante, ex viceministro de Seguridad; y Jorge Alberto Muñoz, ex viceministro de Educación.
“Esos eran sobresueldos aparte del sueldo que tenían en sus planillas, es decir, que algunos recibieron $600,000 en un periodo (de 5 años)”, aseguró Saca.
Sobre actuales diputados, Saca mencionó que Rodrigo Ávila, de ARENA, también recibió sobresueldos cuando fungió como Director de la Policía, al igual que la diputada Margarita Escobar, también de ARENA, cuando fungió como viceministra de Relaciones Exteriores.
En cuanto a supuestos dineros entregados a medios de comunicación, explicó que se les pagaba en calidad de proveedores por la prestación de sus servicios, no en calidad de sobresueldos. “Era compra de publicidad a esos medios”, expresó Saca.
Sin embargo, reveló que el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank (ya fallecido), entregaba dinero de los gastos reservados a los periodistas Narciso Castillo, Álvaro Cruz Rojas y Lafitte Fernández (este último fue despedido de El Diario de Hoy cuando mostró su acercamiento interesado precisamente a ese gobierno). Saca dijo no recordar los montos que se les entregaban a ellos.
También salió a la luz la entrega de sobresueldos al ex presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (Fisdl), Andrés Rovira, fundador de GANA y ex presidente de ese partido.
Asimismo, mencionó a Albino Román, expresidente de CEPA; a César Funes, expresidente de ANDA, y Federico Hernández como exfuncionarios que también recibieron sobresueldos durante su gestión.
También reveló que a Jorge Hernández, cuando era entrevistador de TCS, se le daba $10,000 mensuales de la partida secreta durante todo el periodo.
Además, a Herbert Saca dijo que le pagaron $20,000 por la compra de repuestos para vehículos, pero negó que le hayan pagado sobresueldo.
El expresidente dijo no recordar que le hayan entregado dinero de gastos reservados a la Corte de Cuentas.
De acuerdo a Saca, ha recibido amenazas por la información que él podía revelar y en su momento hubo presiones al ex fiscal Douglas Meléndez para que no revelara los verdaderos “destinatarios” de los sobresueldos, por lo cual ha enfrentado un proceso judicial “injusto”, afirmó.
Los “refuerzos” de los que habló Saca: de sobresueldos a posible pago de sobornos
Al respecto de las declaraciones del expresidente Saca de que durante su gestión entregó “refuerzo institucional” a otros funcionarios como los ex fiscales generales y magistrados dos abogados consideran que esa práctica ya no entra dentro de lo que puede considerarse un sobresueldo, incluso podría configurarse como un “soborno” dependiendo de las condiciones en que los dineros fueron entregados.
Eduardo Escobar, abogado, consideró que habría que indagar de qué forma el ex presidente Saca entregó ese dinero a los ex funcionarios, porque al ser funcionarios que eran subalternos podría dar lugar a configurarse como delito.
“Habría que indagar, dependiendo del motivo por el cual se daba ese dinero puede uno pensar que se hizo para que (el fiscal) no investigara un caso o investigara uno que le interesaba (al Presidente) eso incluso podría ser un soborno”, ponderó Escobar.
Esto tomando en cuenta que el expresidente Saca mencionó a los exfiscales Belisario Artiga y Félix Garrid Safie como funcionarios que recibieron estos “apoyos institucionales”. Los fiscales son los encargados por ley de perseguir los delitos, por tanto su acción u omisión en algunos casos se vuelve fundamental en la vida de un país.
Y añadió: “El sobresueldo es que el funcionario entrega como un excedente del salario de un subalterno. Pero en el caso de los fiscales y magistrados ahí no hay una relación de subordinación sino de igual a igual. Podría ser considerado como soborno”, analizó el además director de Acción Ciudadana.
Otro abogado, quien prefirió omitir su nombre, se expresó en términos parecidos, pero aunque dijo que definitivamente si esos dineros eran entregados a funcionarios fuera del Ejecutivo ya no se trata de un sobresueldo, pero consideró que habría que ver bajo qué figura legal se entregaron esos “refuerzos institucionales” para determinar el concepto bajo el que fueron entregados.
La solicitud para que Saca abandone temporalmente la celda donde se encuentra recluido en el Centro Penal "La Esperanza" y pudiera asistir a la comisión la hizo el pasado 16 de julio el secretario de la misma, el diputado Raúl Castillo, a través de una carta dirigida al Juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, quien posteriormente autorizó su salida hacia la Asamblea.
Además del expresidente Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 2009, la comisión recibió también a su exsecretario privado, Elmer Charlaix, para que comparezca y resuelva las dudas de los diputados de la comisión.
Antonio Saca fue condenado a una pena de 10 años de cárcel en septiembre de 2018, cuando se comprobó su participación en el desvío de $301 millones provenientes de los fondos públicos, a través de un elaborado sistema de enriquecimiento ilícito donde involucró a sus empresas radiales.
Más temprano, la comisión también recibió al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien se limitó en la mayoría de sus respuestas a afirmar que "todo lo que recibió o autorizó fue lícito y apegado a la ley".
Además de Cristiani, la comisión también recibió a su exsecretario privado, Arturo Tona, para que responda los cuestionamientos en torno a los supuestos sobresueldos entregados en dicho gobierno.