Los débiles controles anticorrupción y la erosión de los equilibrios en los órganos de Estado ponen en riesgo el financiamiento que tanto urge El Salvador para pagar las deudas de los próximos meses y años, advierte la calificadora de riesgo Fitch Ratings.
"Las acciones recientes del gobierno de El Salvador destacan la erosión de los controles y equilibrios internos desde las elecciones de febrero. Es probable que estas acciones obstaculicen las negociaciones de un programa del FMI, aumentando el riesgo de que El Salvador no pueda cubrir sus grandes y crecientes brechas de financiamiento en los próximos años", dice Fitch en un comunicado difundido esta tarde.
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La calificadora señala que la mayoría legislativa obtenida por Nuevas Ideas, partido de Nayib Bukele, ha "envalentonado" a Bukele para impulsar "medidas radicales" como la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal general, aprobada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo; además de disolver el acuerdo anticorrupción con la Organización de los Estados Americanos (OEA en junio pasado.
"Bukele también ha tomado decisiones de política económica impredecibles, como la decisión de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar y un aumento propuesto del 20% en el salario mínimo que, probablemente, tendrá implicaciones fiscales", apunta Fitch.
La calificadora destaca que el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el gobierno de Bukele "parecían estar cerca de llegar a un acuerdo" para el financiamiento de $1,300 millones a cambio de medidas fiscales como un ajuste fiscal del 4% del PIB y el aumento de los requisitos de reserva de los bancos, aunque Fitch considera que el acuerdo también incluiría esfuerzos para mejorar la gobernanza, incluidas las medidas anticorrupción.
Pero señala que "la adopción de Bitcoin ha creado más incertidumbre después de que el FMI dijera que "plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso"".
Para Fitch, "sin un programa del FMI, no está claro cómo planea el gobierno satisfacer sus necesidades de financiamiento en 2022-2023", pues estima que este año se necesitará un financiamiento de $4,372 millones (17.8% del PIB) y que en este momento el margen para adquirir deuda de corto plazo a través de Letras del Tesoro (Letes) es limitado: $1,424 millones; además debe pagar $645 millones en Cetes (Certificados del Tesoro).
"Suponiendo que todo esto se refinancia, estimamos el déficit de financiamiento para este año en alrededor de $929 millones, aumentando a poco más de $1,000 millones en 2022 y más de $1,756 millones en 2023", indica.
Si bien la calificadora de riesgo menciona que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha aprobado más de mil millones de dólares en nuevos préstamos para El Salvador durante los últimos 12 meses y seguirá siendo una fuente importante de financiamiento y que la Asamblea ha aprobado préstamos por más de $1,800 millones desde mayo, destaca que muchas aprobaciones de fondos fueron para infraestructura u otros programas específicos.
Fitch estima que de ese dinero se pueden destinar $624 millones para fines presupuestarios, ya que para los proyectos de infraestructura, consideran que aproximadamente un tercio se desembolsará de manera uniforme entre 2021 y 2023 ($400 millones cada año). Además señala que el próximo vencimiento importante de deuda internacional es un bono de $800 millones con vencimiento en enero de 2023.
"Creemos que los bancos de El Salvador están dispuestos a refinanciar sus tenencias de deuda soberana de corto plazo en Letes, aunque muchos bancos esperan que los 645 millones de dólares de Cetes con vencimiento en septiembre, originalmente destinado a cerrar la brecha de financiamiento, se reembolsará con desembolsos multilaterales. La brecha de financiamiento del gobierno sería mucho mayor si este préstamo se reembolsara sin nuevos préstamos multilaterales", advierte.
Además destaca remarca que la perspectiva negativa de la calificación soberana 'B-' de El Salvador "refleja el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda" tanto por la recesión causada por pandemia de covid-19 en 2020, los grandes déficits fiscales en 2020-2021, la dependencia excesiva de los préstamos del mercado interno para las altas necesidades de financiamiento del gobierno, así como la vulnerabilidad a las condiciones de financiamiento del mercado externo que son más débiles.