El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene nuevas prioridades de deportación y ha dado mayor capacidad a los fiscales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a fin de que puedan determinar qué casos perseguir.
La figura de Discreción Fiscal (DP) es una autoridad otorgada a los abogados de la agencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), es decir, las cortes migratorias.
Esta nueva disposición permite a los fiscales de la Oficina de Asesoría Jurídica Principal (OPLA) tomar decisiones sobre los procedimientos "de exclusión, deportación y remoción" de inmigrantes indocumentados y el criterio para aplicar durante las diferentes etapas del proceso.
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"Se aplica a una variedad de determinaciones, que incluyen, por ejemplo, aceptar aplazamientos, estipular una fianza, unirse a las mociones de no-ciudadanos ante la corte de inmigración y acordar desestimar los casos", describe el documento.
Los integrantes de OPLA aplican su discreción fiscal sobre cada caso, pero tienen en cuenta los lineamientos de la actual administración. A partir de este punto, se contemplan al menos nueve factores para decidir sobre los casos:
1. Cuánto tiempo lleva el no - ciudadano viviendo en los Estados Unidos
2. Si el inmigrante o su familia sirvieron al Ejército
3. Los lazos familiares o comunitarios de la persona
4. Cuáles son las circunstancias de la llegada del extranjero a los Estados Unidos y cómo fue su forma de su entrada.
5. Cuál es el historial migratorio del extranjero
6. Historia laboral y educativa del no-ciudadano en los Estados Unidos
7. También tendrán en cuenta si la persona ha sido víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales
8. Factores humanitarios del no ciudadano o su familia relacionados a condiciones médicas graves, edad, embarazo, menor de edad o si es cuidador de un familiar enfermo.
9. Revisión de delitos cometidos por la persona y en este caso evaluarán: El impacto, seriedad y actualidad de la actividad delictiva, indicios de rehabilitación, circunstancias atenuantes relacionadas con el delito o condena; si hay una sentencia, cuál es el tiempo y duración de la misma, el tiempo transcurrido desde el delito. También se examinará si la actividad delictiva respalda la determinación de que el inmigrante representa una amenaza a la seguridad pública.
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Estos son sólo algunos de los factores que pueden influir en el criterio y decisión de los abogados de OPLA, pero pueden existir más porque tienen en cuenta que "cada caso es único" y hay otros elemento a evaluar que podrían influir negativamente.
"Cuanto más comunicativo sea un no-ciudadano al presentar información… más fácilmente los abogados de OPLA podrán evaluar la totalidad de las circunstancias y hacer juicios discrecionales informados", concluye el informe.