La Asamblea Legislativa se preparaba la noche del martes para juramentar a los cinco abogados que integrarán el pleno de la Corte Suprema de Justicia desde mañana hasta el 2030.
Horas antes, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, solicitó al pleno que se reelija al abogado Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez fue impuesto en el cargo el 1 de mayo de 2021 después de que el bloque oficialista destituyera de forma ilegal a la Sala de lo Constitucional. López Jerez fungirá como presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta 2024, periodo en el cual termina las funciones del cargo.
Jerez fue “reelecto” como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto Asamblea
Además, Guevara lanzó la iniciativa de elegir ayer únicamente a los cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema, una propuesta que fue respaldada por el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN. Los magistrados suplentes serán electos posteriormente.
El proceso, que culminó alrededor de las 3 de la madrugada, presenta numerosas irregularidades a la luz de lo que la ley y la jurisprudencia en materia constitucional ordenan. Primero, se hizo de forma apresurada y las entrevistas a los candidatos no acreditaron realmente los parámetros de idoneidad y moralidad notoria que se exige para este tipo de elecciones.
Además, se eligió a un presidente de la Corte Suprema de Justicia que nunca formó parte de los listados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura ni por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). El proceso también culminó de madrugada y de espaldas a la población, lo que viola el espíritu de una sentencia de 2012 que exige máxima publicidad parlamentaria para elección de magistrados de Corte.
Finalmente, se dejó de lado a los pocos aspirantes que mostraron compromiso con el Estado de derecho y se privilegió a abogados, como Miguel Ángel Flores Durel, que incluso avalaron el golpe que la Asamblea Legislativa dio al Poder Judicial el 1 de mayo.
Al cierre de esta nota, al filo de las 10 de la noche, Sandra Luz Chicas, José Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín y Enrique Alberto Portillo iban a ser juramentados en el pleno.
1. Sandra Luz Chicas 11 votos de la Comisión Política
Coordinadora Nacional de Defensores Públicos en la Procuraduría General de la República. Actualmente es magistrada presidenta de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro.
2. José Clímaco Valiente 11 votos de la Comisión Política
Subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.
3. Miguel Ángel Flores Durel 11 votos de la Comisión Política
Abogado. Participó en la investigación, preparación e instrucción en la primera condena sobre delitos de lavado de dinero y activos en El Salvador.
4. Alex David Marroquín 11 votos de la Comisión Política
Abogado de la República, magistrado propietario de la Cámara de la Niñez y Adolescencia.
5. Enrique Alberto Portillo 11 votos de la Comisión Política
Doctor en Derecho Privado
Director de Junta Directiva del Banco Hipotecario (de 2013 a la fecha).
Fundador y director General Empresa Comercial (de 1994 a la fecha)
Fiscal especial en materia civil y mercantil (de 2003 a 2006)
Oposición protestó el proceso
El diputado Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, expresó que debido a la irregularidad que tiene el proceso y la falta de deliberación, no presentó ninguna propuesta.
Anabel Belloso, del FMLN, también expresó que Nuevas Ideas quería “mentir” haciendo creer que en el pleno se decidirá cuando ya escogieron a quienes juramentarán en el cargo.
Por su parte, Jorge Castro, de Nuevas Ideas, defendió el procedimiento y dijo que “cada fracción ha hecho un estudio de la idoneidad de cada candidato, ayer aseveraron que cada quien tiene sus candidatos idóneos de acuerdo al perfil, nosotros también de alguna manera, hemos hecho un estudio de cada candidato de acuerdo a lo que respondieron y de acuerdo a la documentación que ellos tienen”.
#PolíticaAL | "@ARENAfraccion no acompañará la reelección del Presidente López Jeréz. Consideramos que el proceso que inició el 1 de mayo fue irregular, no se siguió el debido proceso para separar al Presidente que él sustituyó". Coordinador de @ARENAfraccion, Dr. @PortilloCuadra pic.twitter.com/lOM2JPwL6K
— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) June 30, 2021
Vicios en elección
La falta de claridad en los criterios tomados en cuenta para evaluar y ponderar a los candidatos a magistrados ha sido el común denominador entre abogados que, desde la sociedad civil, han seguido de cerca el proceso de elección llevado a cabo anoche en la Asamblea Legislativa.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, considera que la idoneidad de los candidatos que fueron presentados en las distintas listas no ha sido comprobada, a la vez que afirma que la práctica de presentar listas por cada fracción durante la sesión plenaria “rompe el procedimiento que establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL)”, y apunta: “Están invirtiendo el orden; es un procedimiento improvisado”.
El también abogado y presidente de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero, agrega que la lista depurada era deber que la presentara la Comisión Política, de acuerdo con el Artículo 99 del RIAL y no como se hizo durante la sesión, pues cada fracción presentó una propuesta que luego fue discutida en comisión antes de la elección final.
VEA TAMBIÉN: Comisión Política deja al pleno decisión de elegir a magistrados de la Corte Suprema
A propósito de la propuesta presentada por el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sobre la “reelección” del magistrado impuesto en la Sala de lo Constitucional, Óscar López Jerez, ambos abogados coinciden en que dicha reelección no puede ocurrir debido a que López Jerez fue colocado de forma ilegítima por los diputados oficialistas durante el golpe al Poder Judicial el pasado 1° de mayo.
Escobar señala que otra razón por la cual no podía ser sometido a elección es porque no figuraba en los listados que envió el Consejo Nacional de la Judicatura, por lo que no podía ser considerado. “La reelección de alguien impuesto de forma inconstitucional es también contrario a la Constitución (…) los diputados oficialistas buscan consolidar el golpe de Estado”, agrega Marinero.
Por otro lado, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, externó su preocupación por la elección de los magistrados que realizaron anoche los diputados controlados por Bukele.
“En un Estado de derecho, los jueces deben ser nombrados a través de un proceso trasparente y previamente establecido que garantice su independencia”, indicó Vivanco.
Ante esa independencia necesaria, Escobar y Marinero consideran que no ha sido sorpresivo que los candidatos Martín Martínez y Francisco Díaz hayan quedado fuera de las listas presentadas por las fracciones, por el simple hecho de “no tener afinidad política con Nuevas Ideas” y por haberse opuesto a las acciones del 1 de Mayo, concluyen.
El Salvador: me preocupa el nombramiento de jueces que realizará esta noche la Asamblea Nacional (controlada por Bukele).
En un Estado de derecho, los jueces deben ser nombrados a través de un proceso trasparente y previamente establecido que garantice su independencia.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 30, 2021
LÓPEZ JEREZ, MAGISTRADO "IMPUESTO" ES REELECTO PRESIDENTE DE LA CSJ
Óscar López Jerez es del grupo de abogados que el bloque oficialista impuso por la fuerza como magistrados de la Sala de lo Constitucional de facto el pasado 1 de mayo, minutos después de dar un golpe a la independencia de los poderes.
El martes, los diputados del bloque oficialista mayoritario de la Asamblea Legislativa lo “reeligieron” como presidente de la Corte Suprema de Justicia, después de acordar el listado de abogados que integrarán el máximo tribunal del país.
Según juristas consultados por El Diario de Hoy, colocarlo como presidente riñe con la legalidad pues él no formaba parte de ninguno de los listados enviados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, por ser un magistrado ilegítimo dado a que su puesto se dio después de un golpe al Estado de derecho.