El nombramiento de abogados que favorecen el golpe contra el Poder Judicial del pasado 1 de mayo violará la Constitución de la República, advirtió el exmagistrado constitucionalista Rodolfo González.
La Asamblea Legislativa está próxima a nombrar a cinco magistrados de la Corte a partir de una lista de 30 candidatos, 15 elegidos por el gremio de abogados y los otros 15 por el Consejo Nacional de la Judicatura. Esta elección tiene nada que ver con el nombramiento de facto de cinco abogados en la Sala de lo Constitucional tras la destitución de cinco magistrados legítimos el 1 de mayo, hechos condenados y reprobados por diversos sectores y la comunidad internacional.
González, que formó parte de la Sala de lo Constitucional que se caracterizó por frenar abusos y arbitrariedades de los gobiernos efemelenistas entre 2009 y 2018, afirmó que es claro que la destitución de los cinco magistrados del máximo tribunal y la imposición de otros en su lugar, el 1M, fue una flagrante violación a la Constitución y, por tanto, sus actos no tienen validez jurídica.
El constitucionalista recordó que la Carta Magna habla de que los candidatos a la Corte Suprema deben acreditar “moralidad e instrucción notoria” ante la Asamblea; sin embargo, con lo que dijeron algunos en las entrevistas muestran falta de la instrucción notoria que les exige la Constitución.
“Al decir algunos candidatos que no hubo ningún problema con lo que hizo la Asamblea el 1 de mayo y que no habría problema en reformar las cláusulas pétreas de la Constitución lo que evidencian es falta de instrucción notoria”, subrayó González en entrevista con El Diario de Hoy.
De acuerdo con la ley, ningún ciudadano puede alegar que no sabe lo que dicen las leyes, y menos puede hacerlo un abogado.
“Si resultan electas estas personas que llegaron a avalar lo que sucedió el 1M, estarían violentando el procedimiento y los requisitos constitucionales para elegir”, sentenció.
“En un examen como los que se hacen en Estados Unidos o Inglaterra, no se autorizarían siquiera como abogados”, enfatizó.
“El 1 de mayo hubo una ruptura del orden constitucional”, subrayó, tanto por la destitución de los legítimos magistrados como por el nombramiento de otros abogados.
Por otra parte, González advirtió que es “un golpe a la institucionalidad” que abogados impuestos estén ocupando cargos que no les corresponden en la Sala de lo Constitucional y se exponen a consecuencias legales por esto. “No sabemos si en un momento en que la institucionalidad se fortaleciera si habría la posibilidad de decirles responsabilidad a estas personas”, advirtió.
En seguida, el constitucionalista desarmó cada uno de los argumentos esgrimidos para intentar justificar el golpe: la Asamblea alega que tiene la facultad de destituir, pero debe haber causas legales, como dice la Constitución; como no hay ley al respecto, podía hacerlo a petición del Fiscal General, pero el fiscal Raúl Melara, también fue depuesto y nunca pidió destituir a los magistrados ni les atribuyó ningún delito.
El argumento de que “no fue destitución, sino sustitución” es una falacia, dice González, recordando la arbitrariedad y el uso de la fuerza pública empleados entonces para destituir a los legítimos e imponer a los nombrados.
Los magistrados legítimos “fueron destituidos y se eligió su lugar a personas que no estaban en lista, contraviniendo el artículo 86 de la Constitución”, que establece que la Asamblea sólo puede nombrar a abogados de la lista que el envía el CNJ.
Además, no habían concluido los plazos constitucionales previstos para los magistrados legítimos sino hasta 2027, recordó.