Hasta en septiembre próximo la población podrá acceder a los $30 en Bitcoin que otorgará el Gobierno para dinamizar el uso de la criptomoneda en el país, a través de la billetera electrónica Chivo.
El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya declaró que hasta entonces estará disponible la billetera, pues muchas personas desde ayer buscaban la aplicación, tras el anuncio del presidente en cadena nacional.
El Gobierno espera que un máximo de 4 millones de personas descarguen la billetera electrónica Chivo y para el pago de $30 a cada uno, ha destinado $120 millones, los recursos saldrán del Fondo General de la Nación.
Sin embargo esperan llegar a un máximo de 2.5 millones de usuarios, a los que en total se les daría $75 millones en estímulos.
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Según Zelaya este tipo de mecanismos como la billetera Chivo no se prestan al lavado de dinero y otros ilícitos.
Las personas al momento de descargar la billetera deberán poner su número de Dui y una fotografía de su rostro o a través de una llamada y eso generará un marco de control, dijo el funcionario.
Zelaya mencionó que con la billetera electrónica se podrán hacer transacciones directas entre familiares evitando el costo de transacción y esto beneficiaría a aquellos que envían remesa, por ejemplo.
"Cuando el Gobierno haya proveído de la billetera electrónica, de las capacitaciones, de todo el andamiaje, entonces todos deberemos aceptar el uso del Bitcoin como tal", destacó el ministro.
Según datos oficiales en el país al menos unas 50,000 personas ya usan la criptomoneda.
El ministro dio a conocer los detalles en una entrevista en el medio oficial Canal 10, donde no abordó temas como la volatilidad de la moneda y los cuestionamientos que ha hecho al uso de la misma organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional con el que el Gobierno negocia un acuerdo de financiación por $1,300 millones.
Tampoco mencionó los cuestionamientos que han hecho calificadoras internacionales como Fitch Ratings que ayer advirtió que la implementación del Bitcoin aumentará los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el potencial de violar los estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo.
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