Los ciudadanos ya no podrán conocer nombres y otros datos de funcionarios públicos del país. Esto debido a que Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revirtió dicho criterio en abril de 2021 y estableció que la información de dichos empleados puede ser conocida solo cuando ellos lo autoricen.
Así lo evidencia un escrito firmado por el presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, en respuesta a una consulta realizada por el oficial de información de la Universidad de El Salvador (UES).
“Dichos datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares de los datos, servidores públicos o en los casos contemplados en el artículo 34 de la LAIP”, reza la carta firmada por Gómez.
Al respecto, los defensores del derecho a la información calificaron esta acción como “un nuevo golpe a la transparencia”.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), expuso que la decisión del Instituto es un nuevo golpe a la transparencia, y recordó que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que la información de interés público prevalece sobre el derecho a la intimidad de los funcionarios, quienes, al ingresar a la función pública, se ven expuestos a un mayor escrutinio ya que el derecho a la intimidad pasa a tener menor intensidad en relación a la de un ciudadano normal.
“Conocer los nombres de los funcionarios públicos, como sus hojas de vida, permite que la ciudadanía evalúe meritocracia, transparencia en los procesos de su selección, entre otros”, dijo Sandoval.
Además, subrayó que la decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública se da en un momento en que se manda también al archivo la Ley contra el Nepotismo en la Asamblea Legislativa.
“Claro está que a nadie le importa combatir este mal. Con una Sala de lo Constitucional cooptada, será imposible tratar de remediar este asunto”, advirtió. Esto, pues el 1 de mayo el oficialismo destituyó ilegalmente a los magistrados de dicha Sala y colocó a 5 abogados afines.
IAIP “sin compromiso por la transparencia”
Para Jessica Estrada de Funde, esta resolución reafirma el retroceso que se está dando en materia de Acceso a la Información en el país, y que el IAIP no está mostrando compromiso alguno con la transparencia, la rendición de cuentas y con garantizar el derecho que todos los salvadoreños tienen de acceder a información pública.
“Los funcionarios y empleados públicos, por su naturaleza, deben exponer cierta información personal de cara a la ciudadanía, pues son pagados para servir a toda la población. Si bien se tiene obligación de proteger datos personales, esto no debería impedir los nombres de las personas que trabajan en las instituciones, ni dejar a su discreción si estos pueden publicarse o no”, sopesó.
En ese mismo sentido opinó Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, quien señaló que el IAIP en lugar de promover la cultura de transparencia y dar continuidad precedentes anteriores de exigir máxima publicidad, está favoreciendo la opacidad liderado por comisionados afines al Ejecutivo.
“Se va consolidando la política de opacidad del actual gobierno. Al ir apropiándose de las instituciones de control tiene las puertas abiertas para la impunidad. Esta decisión del IAIP impide que se pueda dar seguimiento a diversos casos de corrupción y que la ciudadanía ejerza contraloría social”, razonó.
Además, dijo que “con estas decisiones pierde la ciudadanía pues a menor transparencia mayor corrupción, que irá desmejorando cada vez más los derechos de los salvadoreños”.
Añadió que con la resolución se bloquea el acceso para conocer casos de nepotismo, así como información que muestre si hay cometimientos de actos de corrupción por empleados públicos, por lo que no podrían ser denunciados.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que con la información estará oculta hasta que la revelen los mismos funcionarios. Además, explicó que hay un debate sobre la conveniencia o los efectos negativos que pueda tener el que se conozca los nombres de los empleados públicos.
A su juicio, el debate se da por el resguardo de los datos personales y la seguridad de la persona en un país violento y, por otro lado, que al conocer esta información, se permite hacer investigaciones sobre contratación de familiares y nepotismo.
Al respecto, explicó que debe haber un equilibrio y proteger la intimidad de funcionarios, siempre que no se lesione la transparencia ni se favorezca la opacidad.
Carlos Palomo, presidente de Tracoda, también criticó en Twitter la resolución. “En esencia, esto vuelve casi imposible rastrear casos de nepotismo o nepotismo cruzado por parte de la población”, señaló.
TE PUEDE INTERESAR: El IAIP cierra acceso a la información pública en El Salvador