La estructura criminal de un expolicía que operaba en Chalchuapa ha puesto en jaque la operatividad de las autoridades y el publicitado Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib Bukele.
Hasta el momento, 10 personas se encuentran detenidas y procesadas, luego que el principal responsable de los crímenes recibiera “criterio de oportunidad parcial”, es decir que adquirió calidad de testigo en varios casos, por denunciar a sus cómplices.
El mismo director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, admitió que el expolicía había dado una “declaración extrajudicial” donde aceptaba algunos crímenes y delató a los supuestos colaboradores que llevaban a las víctimas a su vivienda para asesinarlas.
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Fuentes de El Diario de Hoy cercanas a la investigación señalaron que, en la confesión, el exagente dijo que eran 47 cuerpos enterrados en su casa, pero las autoridades han tratado de minimizar el caso. Tanto el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, como Arriaza Chicas han manejado diferentes cifras de los cuerpos encontrados. La última fue la del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que en televisión dijo que eran 18 los cuerpos.
A esos 18 cuerpos hay que sumar cinco más, encontrados la semana pasada, por los cuales las autoridades no se han pronunciado.
El caso ha tenido muchas nebulosas por parte de las autoridades para ocultar lo que sucedió en la casa de Chalchuapa, como abrir un expediente disciplinario al criminólogo forense Israel Ticas, por dar información a los medios sobre los macabros hallazgos.
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Luego de la confesión extrajudicial, las autoridades restringieron aún más la escena de la casa de Chalchuapa, al grado de instalar cámaras de videovigilancia alrededor de esta.
Incluso, hace un par de semanas, uno de los sindicatos de la Corte Suprema de Justicia, denunció que se habían girado instrucciones a los forenses para no hacer autopsias completas con todos los requerimientos técnicos para este tipo de investigaciones, en un afán de que no se conozca lo sucedido.
Las aparentes intenciones del Gobierno de ocultar lo que ha sucedido en Chalchuapa se pueden traducir en la cantidad de víctimas que hay ahí y que puede empañar el Plan Control Territorial y la cifra de homicidios; así como la posibilidad de que en la estructura criminal en cuestión estén policías activos.
El último hecho de opacidad llegó por medio de la Fiscalía, quien solicitó a un juzgado retirar una noticia de Revista Factum que contradice el intento del gobierno de decir que los cadáveres son de hace décadas.