La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema reafirmó su negativa a entrar a revisar el nombramiento de facto de tres abogados en la Sala de lo Constitucional por la Asamblea Legislativa.
El abogado Enrique Anaya solicitó al tribunal que revocara una previa decisión del mismo que rechazaba el recurso alegando que “no le compete” decir si fue o no legal.
La Sala declaró “no ha lugar” la pretensión del abogado presentada el pasado 24 de mayo contra la resolución que esa misma sala que ya había declarado “improponible” su demanda contra el pleno de la Asamblea Legislativa por el nombramiento de Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez García y José Ángel Pérez Chacón como magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Anaya reaccionó diciendo que “el nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa es un acto administrativo: que existan reglas legales de raíz constitucional sobre ese clase de nombramiento no significa que la Sala de lo Contencioso Administrativo sea incompetente para conocer de los casos. Simplemente, la Sala de lo Contencioso Administrativo no se atreve a abordar esta papa caliente”.
El partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados dieron un golpe al Poder Judicial el pasado 1 de mayo al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e imponer a Suárez Magaña, Martínez García y Pérez Chacón.
La Sala argumenta que la pretensión de Anaya “no es más que una acción constitucional directa, que pretende conducir erróneamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo a asumir una competencia material que, ni la Constitución o la ley, le han conferido”. Por lo tanto, dicen, en respeto del orden constitucional y de las competencias en el ejercicio de la función jurisdiccional, rechazan la demanda.
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Los magistrados le dicen al peticionario que su demanda no cuestiona un acto administrativo y que “el objeto que se intentó someter a conocimiento de este Tribunal es ajeno a su competencia material”. Al mismo tiempo le dicen que es la Sala de lo Constitucional la que tiene esa competencia de conocer y decidir asuntos constitucionales.
El abogado Anaya argumenta que la decisión que tomó el pleno del Legislativo es un acto materialmente administrativo y que fue ilegal, también argumenta que “todo acto de nombramiento es administrativo con independencia de la entidad estatal que lo disponga”, por tanto el nombramiento de los abogados como magistrados de la Sala de o Constitucional no fue un acto legislativo ni jurisdiccional, sino administrativo, “pues lo propio de la misma institución es legislar, no nombrar funcionarios”. Pese a este revés, Anaya dice que hay tres casos similares que ha resuelto esa sala y que son “sus propios auto precedentes”, pero que en este caso “se niega a hacerlo”.
El abogado dice estar convencido de que dicha Sala evita confrontar con el Presidente y su partido.
El abogado reaccionó diciendo que esa respuesta ya la esperaba y que lo que sucede es que este sala de la Corte "no se atreve" a abordar este tema.
"El nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa es un acto administrativo: que existan reglas legales de raíz constitucional sobre ese clase de nombramiento no significa que la Sala de lo Contencioso Administrativo sea incompetente para conocer de los casos. Simplemente, la Sala de lo Contencioso Administrativo no se atreve a abordar esta papa caliente", expresó Anaya.
Los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, con los votos de los partidos aliados, dieron un golpe judicial el pasado 1 de mayo, ya que, sin seguir el procedimiento constitucional, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron a los abogados Suárez Magaña, Martínez García y Pérez Chacón.
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