Los sindicatos en el país atraviesan un parte aguas en este momento: o son afines y el gobierno los “premia” o son críticos y el gobierno los “castiga”.
Una forma de premiarlos es agilizarles las credenciales para que sus autoridades tengan validez legal y, por el contrario, la reprimenda viene con el retraso de esas certificaciones que les permiten tener vida jurídica y fuero sindical, es decir no ser despedido por estar en un sindicato.
De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo a enero 2020, en el país hay 461 sindicatos acéfalos, de un total de 883 sindicatos registrados. De los 461, hay 210 que son independientes, 40 públicos, 5 de autónomas, 37 de gremios, 123 de empresas y 46 de la industria.
Además, de un registro de 60 federaciones de sindicatos, 26 están acéfalas; y de 8 confederaciones sindicales, 3 están sin autoridades, indican los registros.
Estos datos están disponibles en el portal de Transparencia de la institución, mediante resoluciones a solicitudes de información pública que han hecho diferentes ciudadanos.
El Diario de Hoy solicitó días atrás al Ministerio de Trabajo el listado actualizado de los sindicatos acreditados a la fecha y los que aún están en acefalía y en la unidad de comunicaciones indicaron que gestionarían la información, incluso ayer se volvió a insistir en los datos, pero al cierre de esta nota no se habían facilitado.
En la resolución RSI-MTPS-0020-2020 se indica que un ciudadano solicitó información estadística sobre sindicalización al 31 enero 2020 o la fecha más reciente que la institución tuviese disponible sobre cantidad total de personas afiliadas a sindicatos tanto públicos como privados; número de personas afiliadas por federación y confederación; así como cantidad total de sindicatos, federación y confederaciones activos e inactivos, tanto por clase, públicos y privados, entre otra información.
Según los datos que hizo públicos el ministerio, son 150,519 personas afiliadas a sindicatos, de las cuales 34,671 son empleados públicos y 19,405 trabajan en instituciones autónomas, mientras que 76,163 son del sector de la industria y 2,784 son de empresas; otros 12,341 están afiliados a sindicatos independientes y 5,155 son de gremios.
Entre los sindicatos del sector público acéfalos están: Sindicato Unión de Trabajadores del Órgano Judicial (SUTOJ); Sindicato de notificadores y empleados del Órgano Judicial (SINEOJ); Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones (Sitrascom).
También Sindicato de empleados docentes del Ministerio de Educación (Sinedmes); Sindicato de Defensores Públicos de la Procuraduría General de la República; Sindicato nacional de trabajadores unidos por la salud (Sintrausal); Sindicato de trabajadores del Centro Internacional de Centros y Convenciones (Sitracifco), además de una larga lista de alcaldías cuyos sindicatos no tienen autoridades legalizadas.
Asimismo, en el sector privado hay una lista extensa de sindicatos de trabajadores de diferentes oficios, profesiones, servicios e industrias que están acéfalos.
También la Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador ha estado sin dirigencia, según la información del Ministerio de Trabajo, la cual aglutina entre otros a tres sindicatos del Seguro Social y el sindicato de docentes Andes 21 de junio.
Otra en la misma condición es la Federación Unión General de Trabajadores Salvadoreños, la cual aglutina a sindicatos como el de trabajadores del Ministerio de Economía y el de trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), el cual ha denunciado acoso y violación a derechos de los trabajadores en la actual legislatura y ante ello un grupo ha hecho huelga de hambre.
Pero para contrarrestar las críticas de Sitral, la nueva Asamblea ha creado el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Asamblea Legislativa (Seal), el cual es afín al presidente del Congreso, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, con cuyos dirigentes sí se ha reunido mientras ha desconocido a los de Sitral.
Los que apoyan a Bukele
En mayo de 2020, el presidente Nayib Bukele se reunió en Casa Presidencial con dirigentes sindicales que se pusieron “a la orden” para presionar a los diputados de la anterior legislatura para que aprobaran el Estado de Emergencia Nacional que Bukele quería imponer en la pandemia.
Uno de los que se puso a la “orden” del presidente fue Roswal Solórzano, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (Sittoj), el cual sí tiene sus credenciales y ha externado apoyo a los magistrados impuestos el pasado 1 de mayo y al golpe de Bukele al Poder Judicial.
“El sindicato Sittoj respalda las transformaciones de este país, se habla tanto de democracia, pues el sábado lo que hubo fue una manifestación de democracia; la decisión era un golpe de timón a la justicia de este país”, declaró Solórzano, según una nota del diario oficialista.
En otra resolución más reciente del Ministerio de Trabajo (SI-MTPS-015-2021) en respuesta a solicitud de los nombres de los sindicatos públicos y privados que han sido acreditados en el periodo del 1 de septiembre 2020 a la fecha del 2021, los datos indican que hasta el 16 de febrero de este año fueron 208 sindicatos los que recibieron sus credenciales, entre estos el Sittoj, el Sindicato de empleados judiciales salvadoreños (Sinejus) y el nuevo sindicato de la Asamblea (Seal).
En ese listado también aparecen acreditadas varias organizaciones de instituciones gubernamentales, autónomas como Cepa, Anda, UES, entre otras, así como del sector privado y de gremios.
Erick Zelaya, dirigente en la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), que aglutina alrededor de 50 sindicatos, explica que la acefalía en muchos de los sindicatos está ocurriendo porque el gobierno está usando estrategias para alargar procesos de acreditación.
“El Ministerio de Trabajo se ha dedicado a revisar hasta el más mínimo detalle y, por ejemplo, ha llegado al extremo de corregir redacción, ortografía y si en alguna constancia va una letra demás o de menos, entonces declara en acefalía todo el trámite, lo que implica volver a hacer una asamblea, esa es la resolución que dan”, detalla Zelaya.
Añade que la razón menos probable para declarar un sindicato acéfalo es que no hayan hecho la asamblea que elige junta directiva, pues saben que mientras no se haga estará en acefalía si se vence el plazo, ya que cada junta directiva dura un año y luego vencen las credenciales.
“Hay un buen grupo de sindicatos, principalmente no alineados (independientes) al gobierno que están pendientes de sus credenciales y están usando esa estrategia como un mecanismo de presión a los sindicatos que nos hemos declarado independientes, es como una especie de castigo”, afirma Zelaya.
El dirigente confirma que a muchos sindicatos les han retrasado hasta 9 meses sus credenciales y que lo menos que han esperado algunos son 4 meses, cuando antes los plazos tardaban dos meses como máximo, a sabiendas que la vigencia de la credencial es de un año.
También cuenta que otro aspecto que está ocurriendo en los sindicatos “no alineados” es que “aparecen grupos” como parte de la misma organización que “pelean” la junta directiva y de repente en el Ministerio de Trabajo hay dos procesos para acreditación de las autoridades, dando la impresión que hubo dos asambleas cuando en realidad una de las convocatorias no existió.
“Entonces hay dos grupos queriendo inscribir una junta directiva y el ministerio lo que ha hecho es declarar la acefalía. Y a veces, aunque no podemos comprobarlo, son grupos promovidos por las mismas autoridades, en el caso de sindicatos públicos”, acota.
Destaca que lo que está pasando es que el gobierno está “retomando” juntas directivas de sindicatos importantes del sector justicia y salud, por ejemplo, para evitar las críticas. “Están trabajando con la agenda del gobierno y eso es evidente, ni se esconden”, subraya.
Niegan información de sindicatos públicos
El Ministerio de Trabajo también se ha negado a entregar información sobre integrantes de juntas directivas de sindicatos de varias instituciones del gobierno solicitadas por ciudadanos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El año pasado varias personas pidieron copias de credenciales de las juntas directivas de los
sindicatos de Seguro Social (STISSS), de dos sindicatos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Trabajo, pero todos los solicitantes recibieron la misma respuesta: es información clasificada como “confidencial, datos personales sensibles”.