Jenny Maribel Bonilla es madre de tres niños entre 9 y 4 años de edad, quienes sobreviven con lo que su compañero de vida gana como ayudante albañil.
Antes de la pandemia de COVID-19 vivían en ciudad Pacífica, donde pagaban 80 dólares de dólares de alquiler, pero ahora que el trabajo escasea se les hace imposible seguir pagando vivienda.
La familia de Jenny es una de decenas de familias que se han instalado en un terreno que es propiedad del gobierno y que ellos han denominado “Milagro de Dios", en Altos del Jacalactal, en el municipio de San Miguel.
Según los residentes, el inmueble ha estado habitado por años, pero después de la cuarentena estricta se sumaron más familias en busca de un espacio para construir una casa, debido a que muchos de ellos vivían en mesones y ya no pudieron seguir pagando.
A eso se suma que muchos de ellos viven de la venta al “menudeo” y afirman que por el momento se vende muy poco, lo que ha afectado su economía familiar.
Los residentes que han dividido el terreno en solares están organizados y la Asociación de Desarrollo Comunal, Adesco, se ha encargado de la búsqueda de ayuda para la comunidad, es así como lograron que la administración pasada de la alcaldía de San Miguel les apoyara con el servicio de agua a través de camiones cisternas y un proyecto para huertos caseros y crianza de pollos.
Sin embargo, hace unos meses se dieron cuenta que la construcción del bypass San Miguel les afectará, por lo que hacen un llamado al presidente de la República para que les ayude a buscar una solución.
“Como salvadoreños tenemos derecho a habitar un pedacito de tierra de las que tiene en poder el gobierno. Pedimos al presidente que mande una comisión porque ahora salimos afectados por el bypass San Miguel y perdemos unos 60 solares”, explicó en una conferencia Juan Antonio Gaytán, presidente de la Adesco.
Deben préstamos
Apolinario Rivas Zelaya, padre de cuatro niñas, construyó una habitación con lámina y madera, la cual compró con un préstamo que hizo en una caja de crédito y que sigue pagando, la cual ahora derribará.
“Le hacemos un llamado al presidente para que nos eche la mano y podamos tener un hogar digno para nuestros hijos porque somos afectados por la pandemia y no tuvimos otro recurso que buscar este lugar para sobrevivir”, explica.
Zelaya es vendedor ambulante y narra que las ventas han bajado después de la pandemia, por ello ahora tienen menos ingresos económicos para su familia.
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Gaytán detalla que cuando repartieron los solares dejaron un espacio para zona verde, el cual puede servir para reubicar a las familias afectadas pero necesitan del apoyo de las autoridades.
“Aquí vino un director del Ministerio de Obras Públicas y dijo que si estas personas que están usurpando no se salían les iba a mandar la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, nosotros estamos en la disposición de dialogar”, agrega el directivo comunal.
Esperan ayuda
Los residentes explicaron que están en disposición de colaborar, pero piden a las autoridades que el problema sea visto desde el punto de vista humanitario pues necesitan de una vivienda para sus familias.
“Nosotros hemos resguardado estas tierras y ahora queremos ver si podemos ser acreedores de ellas” agrega Gaytán.
El presidente de la Adesco aseguró que buscarán la ayuda del nuevo alcalde porque con el cambio de gobierno municipal el agua que recibían por parte de la alcaldía quedó en el limbo.
Jenny tiene la esperanza que el gobierno les ayudará para tener un lugar propio para vivir, y ya no tener que volver a alquilar.
“Quisiera que el gobierno nos ayudara para dejarle este pedazo de tierra a mis hijos porque yo lucho para ellos”, agrega.
La joven de 27 años estudió hasta séptimo grado, pero desea que sus hijos tuvieran la oportunidad de ser maestros, ingenieros, secretarias. “Yo quisiera una vida diferente para ellos”, dice.
