“Obviamente lo que esto (reorientación de cooperación de USAID) puede reflejar es que no hay confianza del gobierno de Estados Unidos en cómo el gobierno salvadoreño maneja los fondos de cooperación”, manifestó ayer el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
A juicio de Escobar, este es el primer resultado tangible de la reacción de Estados Unidos al golpe del sábado 1 de mayo.
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Este experto en temas de transparencia y rendición de cuentas manifestó que “no va a venir el gobierno de Estados Unidos a confiar en personas corruptas o que no sepan manejarse adecuadamente”.
De la misma forma se pronunció ayer Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Funde. A su juicio, este retiro de la cooperación a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Policía Nacional Civil “confirma la apreciación del gobierno de los Estados Unidos sobre la ausencia de independencia en estas instituciones”.
El 1 de mayo, el oficialismo capturó la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía con abogados afines a su proyecto político. Con esto, se quitó de encima el control que ejercía el tribunal constitucional, que anuló numerosos abusos de poder del Ejecutivo, y a un fiscal que tenía en su poder al menos 12 expedientes de posible corrupción durante la pandemia.
Asimismo, el gobierno venía socavando la independencia del IAIP y de la Policía, instituciones a las que empezó a desnaturalizar.
Sandoval agregó que “la administración Biden no dará soporte financiero a instituciones que se prestan a la corrupción del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa” y recordó que fue la PNC quien “ejecutó” el golpe a la Sala de lo Constitucional.
Espaldarazo a ONG
Ayer, además de anunciar el retiro de ayuda a las instituciones antes mencionadas, USAID dijo que reorientará ese apoyo a organizaciones de sociedad civil que luchan contra la corrupción y a favor de la democracia y los derechos humanos.
La directora ejecutiva de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Xenia Hernández, vio esto como un “reconocimiento al trabajo de organizaciones de sociedad civil”.
Ella destaca que el anuncio deUSAIDmuestra coherencia con las condenas de altos funcionarios de EE. UU. que adelantaron que este golpe no se mantendría impune.
Además, pide esperar para ver si otros cooperantes se suman a este tipo de medidas.
Eduardo Escobar afirma que es positivo el espaldarazo de EE. UU. a la sociedad civil, algo que desarma la narrativa de Bukele “de que las organizaciones estamos en contra de los intereses de la población y somos el enemigo del pueblo”.