La petición de la diputada del FMLN, Dina Argueta, de mantener en estudio la Ley de Protección a Periodistas, no tuvo eco en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
La respuesta a la diputada se la dio su colega de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, quien aseveró que hay leyes más importantes que sacar en la comisión que responden al clamor de la ciudadanía.
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“Ellos solicitan que queden en estudio las ratificaciones, los documentos que sí tienen que ver con la transformación y la calidad de la vida de los salvadoreños, como la carga de los juzgados que es un tema prioritario, cuántas personas se le vulneran sus derechos de Sonsonate por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia que es el garante no es capaz de responderle por una mora, ese tipo de transformaciones estamos peleando como bancada y leyes que de verdad le sirvan para al pueblo y no leyes que solo sirven para generar votos.
Pareciera que algunas bancadas solo legislan para generar votos”, sostuvo Pineda.
Según dijo, son seis expedientes que quedarán en estudio nada más que tienen que ver con ratificación de reformas a la Constitución de la República y al Órgano Judicial, entre otras, mientras que más de 200 expedientes fueron remitidos al archivo.
La Ley de Protección a Periodistas quedó casi aprobada en su totalidad. El último paso que faltaba en la comisión era emitir el dictamen favorable a la espera de unas observaciones que harían la Asociación de Periodistas de El Salvador con los técnicos de la Asamblea.
Incluso hubo un intento de aprobarla en la última sesión plenaria de la anterior legislatura en abril pasado.
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“Sería una pena que la Comisión de Legislación archive la propuesta de Ley de Protección a Periodistas, presentada en 2018 por la Mesa de Protección a Periodistas. Por cierto, una de las que ayudó en la redacción de la propuesta fue la actual presidenta de esa comisión Marcela Pineda”, escribió la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo en su cuenta de Twitter.
Otras iniciativas que dormirán en el archivo son las propuestas de reforma al artículo 328 del Código Penal para tipificar como delito el nepotismo, que es una acción en que incurren algunos funcionarios públicos al aprovecharse de sus cargos para otorgar puestos gubernamentales u otros beneficios a su parentela.
La propuesta incluía entre 5 y 8 años de cárcel, ya que ahora solo se establecen sanciones o multas a través del Tribunal de Ética Gubernamental.
Mientras que las propuestas de reforma al Código Penal sobre las cuatro causales del aborto también fueron enviadas al archivo.