A juicio del experto en relaciones internacionales, Napoleón Campos, el viaje de Ricardo Zúñiga al país no es “una visita de cortesía”
Este lunes 10 de mayo se dio a conocer que el enviado de Joe Biden para Honduras, Guatemala y El Salvador se dirigía a su segunda visita a El Salvador en poco más de un mes y que abordaría temas como gobernanza democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y crecimiento económico, los ejes centrales de la relación bilateral con el país norteamericano.
Zúñiga llega al país en momentos en que esos puntos de su agenda flaquean en El Salvador, pues solo 9 días antes de su visita el oficialismo propinó un duro golpe al Poder Judicial y al Estado constitucional de derecho. Esto fue duramente condenado por Estados Unidos.
Campos considera, después de la avalancha de rechazos al golpe del oficialismo a la Constitución, que el enviado de Biden “es portador de una propuesta de rectificación en función tanto de los principios y valores democráticos que atan a El Salvador con EE. UU. como de los instrumentos del arsenal diplomático de Estados Unidos”.
Entre ellas, nombra a la Ley Magnitsky que castiga a personajes vinculados a la corrupción o violaciones a los derechos humanos en el extranjero, informes de derechos humanos que pueden afectar la cooperación y la Lista Engel, que incluirá a los funcionarios corruptos del Triángulo Norte para que el Congreso emita sanciones.
Campos adelantó que es probable que varias instituciones en Washington están estructurando “un régimen de sanciones” ante los golpes a la Constitución.
Esta opinión llega solo días después de que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, afirmara que su país debe responder al flagrante golpe de Bukele a la institucionalidad, algo que puede socavar aún más su relación ya deteriorada con Washington.