Al filo del mediodía del sábado 1 de junio de 2019, cuando llevaba apenas minutos de ser el nuevo presidente de la República, Nayib Bukele prometió reescribir la historia del país. En la abarrotada plaza Gerardo Barrios, una multitud de seguidores del presidente empezó a gritar, en coro: “¡CICIES, CICIES, CICIES…!”
Meses antes, cuando aún era el candidato de GANA a la presidencia, Bukele planteó la existencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) como una de sus principales apuestas. Y un país harto de la corrupción de todos los bandos políticos le dio la bienvenida a esta promesa, al punto que fue coreada en la primera aparición del presidente.
En noviembre de 2018, al terminar un evento en que dio a conocer su plan de gobierno en Fusades, Bukele dijo a este medio que su modelo de comisión era la misma que en Guatemala: una entidad con autonomía, que pudiera asesorar a la Fiscalía y además sumarse como querellante en los casos de corrupción. En resumen, una comisión nutrida como la que hizo caer a un gobierno vinculado a graves escándalos de corrupción del vecino país.
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Esta comisión se asentó a inicios de septiembre de 2019, cuando el gobierno firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para instalar la entidad que diera asesoría al gobierno. Sin los dientes que el mandatario ofreció desde su campaña, se instaló una comisión que parecía amarrada al oficialismo, pero que mostraba un potencial: con algunas reformas podía realmente convertirse en un aliado en la lucha del mal uso de recursos en el pasado y en el presente.
De la promesa a la incomodidad
Casi dos años después, la CICIES, gran protagonista de la campaña de Bukele, parece estar escondida en los grandes y recurrentes temas de la narrativa gubernamental.
La comisión que el presidente anunció con bombo y platillo ya entregó sus primeros resultados: ha remitido a la Fiscalía 12 casos de presunta corrupción en las compras de emergencia para atender el covid-19 en 5 instituciones.
Además, el gobierno de Estados Unidos anunció en abril un refuerzo de $2 millones para facilitar la independencia financiera de CICIES. Finalmente, la misma comisión presentó al gobierno un pliego de reformas para fortalecer su labor. Todo esto, sin embargo, ya no es parte de la gran narrativa oficial. El gobierno dejó de hablar de la CICIES.
De hecho, el fiscal general impuesto por la nueva legislatura, Rodolfo Delgado, dijo el lunes 3 de mayo en una entrevista que revisará el acuerdo de esta entidad con la comisión.
“Sería de revisar esos convenios para conocer sus alcances y facultades que posee. La CICIES puede continuar con su trabajo, pero la Fiscalía tiene una posición constitucional”, dijo Delgado, y añadió: “Si me van a ayudar a realizar mi trabajo, con todo gusto son bienvenidos, pero si me van a estorbar, revisen sus actuaciones”.
Estas declaraciones suponen un giro mediático significativo, en relación a la grandilocuencia con la que dos años antes se promovía esta comisión que en papel, acompañaba bien al eslogan de “devuelvan lo robado” que Bukele enarboló.
“Preocupante”
Defensores de la transparencia en el país ven con preocupación que justo cuando esta Comisión ha empezado a mostrar independencia y resultados, haya un desinterés del gobierno en fortalecerla o incluso un ánimo de remover a la CICIES.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, ve “preocupante que justo cuando la CICIES ha estado apoyando con investigaciones de posibles casos de corrupción durante la pandemia, como por ejemplo en el Ministerio de Salud, se busque desmantelar” y añade que “lo que se necesita es fortalecer la lucha contra la corrupción, no debilitarla”.
“También sería una gran contradicción entre una de las principales promesas de campaña, que era tener una CICIES, y que ahora se pueda querer desmantelarla o abandonarla”, lamenta Castro.
Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, colocar un fiscal general afín al oficialismo buscaba en parte frenar las investigaciones de posible corrupción en el manejo de fondos para atender la pandemia. En ese sentido, explica, “una de las medidas que puede repercutir es el trabajo con la CICIES que ha venido investigando y recabando información”. Por ello, cree que un fiscal alineado con el gobierno “va a detener cualquier proceso o investigación, no lo tomará en cuenta o no pedirá asesoría a la Comisión”.
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), consideró que “las declaraciones del fiscal son consistentes con el asalto a las instituciones que estamos viviendo en este momento y coherente con la política oficial de opacidad y tolerancia con la corrupción”.
Además, Marinero considera que al estar bajo la OEA y por ende, estar sometida a la Carta Democrática Interamericana, no podrá prestarse a una persecución política. “Dado que no la puede controlar enteramente, es natural que al gobierno de Bukele le estorbe su potencial de independencia”, señala.
Por su parte, ante las ambiguas declaraciones del fiscal general impuesto, Wilson Sandoval de Alac-Funde cree que las posibles revisiones no irán en el sentido de dotar de más facultades a la Comisión “porque podría ser una amenaza para el Ejecutivo ampliarlas”.
Ante esto, Sandoval plantea dos caminos para la CICIES: “replegarse o insistir en ejercer un rol democrático de fortalecer la transparencia en el país”.