Negociación de El Salvador con el FMI, en riesgo por “bukelazo”, advierten bancos de inversión

El gobierno inició negociaciones con el FMI hace un par de meses con el fin de obtener un financiamiento de $1,300 millones y con ello, la confianza de que ordenaría sus finanzas públicas. Los bancos de inversión muestran su preocupación de que Bukele quiera provocar una crisis económica.

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Por Karen Molina

2021-05-03 12:34:21

El acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el gobierno salvadoreño inició hace unos meses para obtener al menos $1,300 millones y ordenar sus finanzas está en riesgo tras la reciente destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, según advirtieron este lunes bancos de inversión internacionales como Barclays y Stifel.

“El aumento de las tensiones políticas socava las relaciones de Bukele con las instituciones financieras estadounidenses e internacionales, incluido el FMI, y profundiza nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de una acuerdo con el Fondo. Esto podría tener implicaciones significativas para las necesidades financieras y la sostenibilidad de la deuda”, indicó Barclays en su informe.

VER: Gobierno de Bukele negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Barclays es una compañía de servicios financieros con sede en Londres, que opera a nivel mundial.

“En lugar de enviar señales de un acuerdo con el FMI, el gobierno está priorizando su agenda política”, destacó el banco internacional, al tiempo que recordó la frágil situación económica del país.

El banco señaló, además, que el Gobierno no ha mostrado un compromiso por implementar medidas de ajuste fiscal. Afirma que ha mantenido una visión cautelosa sobre las recientes elecciones legislativas a las que ve como una potencial espada de doble filo que podría abrir la posibilidad a reformas, pero también podría implicar riesgos significativos para los mercados.

“En nuestra opinión, la destitución de los jueces de la Corte Suprema sugiere que el presidente y su partido están tratando de allanar el camino para su posible reelección”, indica su análisis.

Barclays señala que los “intentos de debilitar los controles y equilibrios del sistema político y de socavar las instituciones democráticas reducen significativamente la posibilidad de recibir apoyo multilateral”.

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“Si el gobierno aún quiere llegar a un acuerdo con el FMI, probablemente necesite dar un paso atrás de la agenda política de Bukele y fortalecer su propuesta de ajuste fiscal”, señaló Barclays.

Por su parte Stifel también señala que las acciones tomadas por la nueva Asamblea el 1 de mayo ponen en tela de juicio el acuerdo con el FMI y plantea la duda de si el gobierno de Bukele ha encontrado financiamiento en otra parte.

“Esto pone en tela de juicio el programa del FMI actualmente en negociación, dejándonos preguntas de si Bukele quería un programa sabiendo que habría obtenido financiamiento en otro lugar. Primero vendría a la mente China, pero dudamos que el país esté listo para extender el financiamiento que necesita El Salvador. ¿O está Bukele simplemente desafiando a los EE.UU. a precipitar una crisis financiera al no permitir que el programa continúe?

“Su apuesta puede ser que una crisis financiera en El Salvador precipitaría una crisis migratoria en la frontera mexicana con Estados Unidos no puede permitírselo en este momento”, estableció Stifel en su informe.

El banco inversor agregó que espera que el programa con el FMI quede en suspenso esperando encontrar un catalizador para un resultado positivo al menos que se reestablezca la Corte Suprema y “una manipulación de la retórica de Bukele”.

El sábado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General, Raúl Melara.

Los diputados oficialistas, que suman 64 votos de los 84 diputados, acusaron a los magistrados de “fraude a la Constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia, mientras que a Melara lo señalaron de poseer vínculos con un partido opositor.

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal negaron estos señalamientos.

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El Golpe de Estado del 1 de mayo ha generado una amplia condena a nivel nacional e internacional. Incluso la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris se ha pronunciado acerca de la votación para destituir a los magistrados en El Salvador. Y su mensaje es, de nuevo, un llamado a respetar la separación de poderes en el país.

“Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter este domingo.