Con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, los diputados oficialistas de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de una solicitud con dispensa de trámite, es decir, sin ser discutida en las comisiones.
La solicitud inicial fue propuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, quien también fue electa como vicepresidenta del Órgano Legislativo.
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Luego de la votación para lograr la destitución, los diputados se tomaron cinco minutos para "evaluar" los perfiles de los candidatos que conformarán las nuevas magistraturas de la Sala.
Durante los casi dos años de gobierno, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha sido uno de los filtros para detener los abusos de poder del gobierno de Nayib Bukele.
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Entre otras, la Sala prohibió utilizar militares y policías para intimidar a los diputados opositores, impidió hacer capturas arbitrarias durante la cuarentena domiciliar y ha exigido que se cumpla los procesos de formación de ley a fin de evitar piezas no discutidas o extralimitación de poderes.
La iniciativa de Nuevas Ideas justifica la intención de remover a los magistrados "ante las múltiples sentencias antipopulares". De concretarse, se avanzaría aún más hacia el control del tercer órgano de Estado por parte del oficialismo, que ya tiene la Presidencia y el Legislativo.
Un abogado constitucionalista, que pidió no ser identificado, explicó a El Diario de Hoy que la Sala de lo Constitucional puede conocer de oficio y declarar inaplicable este decreto, si llega a aprobarse. "Si los han destituido sin el debido proceso, sin oírlos. Es como si la Fiscalía llegara a un juzgado a decir 'vengo a denunciar a alguien' y pide la condena inmediata", añadió.
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Finalmente, el experto agregó que ellos (los magistrados de la Sala de lo Constitucional) deberían estar reunidos de emergencia.
El también abogado constitucionalista, Enrique Anaya, dijo que esto es un golpe de estado, pues supone "el desmantelamiento de un órgano constitucional y se está eliminando la separación de poderes y de funciones". Además, dijo que la Sala puede conocer y anular esto de oficio, es decir, sin necesidad de que un ciudadano presente una demanda al respecto.
El analista y firmante de los Acuerdos de Paz, Salvador Samayoa, dijo que este "es el fin de las garantías constitucionales, el fin de las libertades y de los derechos políticos de los ciudadanos, el fin de la independencia de los poderes del Estado. Ahora comienzan los atropellos y se entroniza la prepotencia. A ver si las fuerzas de oposición y la comunidad internacional están a la altura para luchar contra la dictadura“.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, defendió en un tuit la iniciativa. "La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República", manifestó el mandatario.
No obstante, Anaya desmintió las palabras del presidente de la República. "Es falso lo que dice CAPRES. El art. 186 de la Constitución dice que la destitución de magistrados solo puede hacerse 'por causas específicas, previamente establecidas en la ley'. NO HAY LEY que establezca previamente las causas específicas de la destitución", añadió.
Condenan iniciativa de destitución de magistrados
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también condenó la iniciativa. "Los asambleístas de Bukele en El Salvador —en su primer día con mayoría en la Asamblea— buscan destituir a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos", denunció
Asimismo, la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guervara-Rosas, consideró esta iniciativa una "arremetida de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría del partido oficialista, contra la división de poderes y el estado de derecho en intento por destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le ha puesto frenos legales a Nayib Bukele.
Además, un alto funcionario del gobierno de Joe Biden, como lo es Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) para el Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, y principal asesor sobre temas de América Latina en Washington afirmó de forma contundente que "así no se hace", mientras citaba el tuit publicado por José Miguel Vivanco.
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El politólogo argentino Daniel Zovatto y director regional América Latina y el Caribe tuiteó: "GRAVE. La primera iniciativa de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña ha sido solicitar, con dispensa de trámite (es decir, sin discutirse en comisión) la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La democracia y el Estado de Derecho están bajo amenaza".
Otra institución que condenó la solicitud de los diputados de Nuevas Ideas es la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), misma que calificó como "un atentado grave" a la independencia del Órgano Judicial al intentar destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La DPLF hizo énfasis en que no existe una ley que reúna causales específicas para este tipo de destituciones en el país, por lo que la moción es ilegal desde su propia formulación. "Remover altos funcionarios por causas que no existen legalmente atenta contra estado de derecho", se puede leer en uno de sus tuits.
Además, el organismo recalcó que ya otros gobiernos en Latinoamérica han intentado este tipo de estrategias, como lo fue el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien en 1997 destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional de dicho país.
La solicitud de destitución de los magistrados de la Sala ha sido condenada por varios sectores del ámbito internacional, entre ellos el principal asesor de Joe Biden para temas de Latinoamérica, Juan González.
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Por su parte, Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, se sumó a las condenas internacionales contra la solicitud de destitución.
Según García-Sayán, el poder político en el país viene dando pasos para "desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados", por lo que afirmó que la Relatoría de la ONU se mantendría vigilante y actuará contra las acciones que afecten a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el país.
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Julie Chung, subsecretaria interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., afirmó por su parte que desde Washington se observa con preocupación la propuesta presentada por la bancada oficialista pues, afirma, "un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia; ninguna democracia puede vivir sin ella".
Asimismo, Chung hizo hincapié en que una sólida relación entre El Salvador y Estados Unidos dependerá del respeto a la separación de poderes, y siempre y cuando el gobierno apoye y defienda las normas democráticas.