De cada 10 salvadoreños en edad productiva, 7 trabajan en el sector informal, lo que les impide crear un ahorro de pensión para cuando ya no tengan la capacidad física para trabajar.
Este es el principal problema por el que miles de salvadoreños no tienen un ingreso seguro cuando llegan a su vejez, lo que representa una presión social para el Gobierno y sus finanzas.
De los 3.6 millones de afiliados a las AFP desde 1998, solo 724,176 cotizan activamente, es decir, solo el 19 % está aportando mes a mes para su futura jubilación.
Pero pese a que este 19 % cotiza constantemente, esto no significa que tenga segura una pensión cuando cumpla sus años de jubilación, pues según estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), solo un 11 % de los cotizantes logra cumplir con los 25 años de cotización requerida por la ley.
Hace 23 años el cambio a un sistema de capitalización individual aspiraba a aumentar gradualmente el número de cotizantes con el fin de garantizar una pensión a los salvadoreños.
Pero pasado este tiempo, la cobertura de pensiones sigue siendo baja.
Para René Novellino, presidente de Asafondos, los problemas son estructurales y además no son exclusivos de El Salvador.
“Mientras no se resuelva el problema de fondo de la informalidad, nuestro país siempre afrontará problemas de baja cobertura, condición que comparte con otros países de la región donde también hay condiciones similares del mercado laboral”, afirma.
La economía salvadoreña se ha mantenido con un crecimiento del 2.5 % del PIB en los últimos años y pese a que los economistas señalan la necesidad de atraer más inversión para generar empleo formal, los datos muestran un estancamiento.
Y la crisis económica derivada de la pandemia hará más difícil el ahorro para quienes se han quedado sin empleo. Los mismos datos de las cotizaciones muestran una caída en el número de empleo, pues a febrero 2021 las AFP registraron 16,748 cotizantes menos, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.
“La baja cobertura de los programas de seguridad social en El Salvador (no sólo en pensiones sino también en el régimen de salud del ISSS, por ejemplo), son una consecuencia directa del alto grado de informalidad que caracteriza nuestro mercado laboral”, afirma Novellino.
Sin incentivos
Además, hay pocos incentivos para que los trabajadores se incorporen a este sistema por cuenta propia.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en El Salvador la tasa de reemplazo (porcentaje de dinero que recibe el jubilado en comparación a sus ingresos previos) no supera el 40%. Esto significa que si una persona tenía ingresos por $1,000, antes de jubilarse, solo tendrá una pensión de $400.
Además las distintas reformas legales hechas al sistema durante 23 años han quitado beneficios a los ahorrantes.
Uno de ellos ha sido la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que, contrario a darle a los cotizantes una mejor rentabilidad por sus ahorros, les ha quitado dinero.
Según Asafondos, el que los cotizantes tengan que prestarle dinero al Gobierno desde 2006 a través del FOP ha representado una pérdida de $3,000 millones para sus cuentas de ahorros.
Además, las reformas del 2017 le añadieron una carga más a los cotizantes: el porcentaje de cotización pasó de 13 % a 15 % (7.75 % lo aporta la empresa y otro 7.25 % lo aporta el trabajador).
De este 15 %, un 5 % se destina a financiar la Cuenta de Garantía Solidaria, que pagará su pensión mínima cuando los fondos de su cuenta personal se hayan agotado al cabo de 20 años.
Los beneficios percibidos por los cotizantes son pocos pues hasta antes del 2017, el dinero ahorrado no podía entregarse si no se había cumplido con dos requisitos básicos: haber cumplido con la edad de jubilación (55 años las mujeres y 60 años los hombres); y haber cumplido con 25 años de cotización.
¿Cómo le impacta a su pensión si retira parte de su ahorro?
Retiro de dinero
Tras la reforma de 2017 uno de los beneficios más palpables para la población fue la posibilidad de que el cotizante pudiera retirar una parte de su dinero antes de la edad de retiro.
Este anticipo de saldo de pensión tuvo una inmediata respuesta de parte de los trabajadores. Aunque la ley estableció límites de edad y un requisito de al menos 10 años de cotización continua, los trabajadores llegaron masivamente a las AFP para retirar su dinero.
Desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2021, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han desembolsado $440.2 millones en anticipos de saldo de pensión. Los cotizantes argumentan que necesitan el dinero para pagar deudas o el pago de gastos médicos por alguna enfermedad.
Solo entre enero y marzo de 2021 se han entregado $102.2 millones, versus los $154.9 millones que se entregaron en todo 2020.
Los extranjeros también pueden solicitar su saldo de pensiones desde 2020 sin que tengan que esperar a cumplir la edad de jubilación.
Comprobar que tienen un estatus migratorio y un arraigo es uno de los requisitos que tienen que presentar. Este beneficio no era percibido antes de las reformas de ley que se le han hecho al sistema en los últimos años.