El Salvador es el país peor evaluado en materia de transparencia en compras públicas en el contexto de la pandemia.
Así lo señaló un estudio del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en relación a los países del Triángulo Norte.
Los resultados fueron presentados por el Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción en El Salvador durante el lanzamiento de mesas de trabajo multisectorial que pretende impulsar una agenda de fortalecimiento de la ética y la transparencia.
Te puede interesar: Comisión que investiga uso de fondos para pandemia notificó a Fiscalía que el MAG gastó más de lo asignado
El estudio de INCAE concluye que en El Salvador hay baja transparencia en cuanto a detalles del adjudicado, los diferentes portales no están actualizados, hay difícil acceso a la información, mala comunicación de los programas, compleja y difícil de encontrar y además, que gran parte de las rendiciones de cuenta para cuando se terminó este análisis estaban actualizados hasta el mes de abril de 2020.
A juicio de Wilson Sandoval de Alac- Funde, ese resultado de poca transparencia se debe a que la administración pública ha decido utilizar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) “utilizaron un fondo que no ofrece mayor rendición de cuentas y ni siquiera se utiliza la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP)”.
“$999.3 millones que se obtuvieron para enfrentar la emergencia se canalizaron a través de FOPROMID en lugar de canalizarlo a través del fondo de emergencia por ejemplo”, agregó.
Con estas mesas se espera tener insumos de varios sectores para identificar acciones que ayuden a combatir la corrupción en el país.
“Se retoma el esfuerzo para empezar a trabajar en que se fortalezca la transparencia con las instituciones en El Salvador. Tenemos que fortalecer la institucionalidad, es un problema real en el país y que no exista abuso de los recursos públicos”, dijo Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades.
INCAE hizo una serie de recomendaciones para mejorar el manejo de recursos públicos durante situaciones de emergencia en el país, entre ellas está, reformar el FOPROMID, crear mecanismos de registro de donaciones, crear protocolos para la entrega de ayudas económicas durante el Estado de Emergencia, fomentar el uso de canales electrónicos y digitalización, establecer mecanismos de control institucional y estandarizar los informes de rendición de cuentas.
Al finalizar el foro, Xenía Hernández, de fundación DTJ, señaló la importancia de combatir las prácticas cotidianas antiéticas y de corrupción, los abusos de poder en todos los niveles, así como el apoyo de la participación ciudadana.
VEA TAMBIÉN: Empresa mexicana amenaza con arbitraje internacional al MAG por deuda de $9 millones
“Vemos como coincidimos en el interés de nuestras organizaciones junto con INCAE en que se fortalezca la democracia en el país”, dijo Hernández.
Al foro asistieron entidades gubernamentales como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tribunal de Ética Gubernamental investiga irregularidades en compras públicas
El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental(TEG), Néstor Castaneda, anunció este martes que tienen más de 300 casos en proceso de investigación en contra de funcionarios por denuncias de irregularidades en la función pública. El funcionario destacó que dentro de esas denuncias varias son sobre irregularidades en compras pública durante la pandemia.
“Tenemos bastantes denuncias, tenemos 5 denuncias contra el ministerio de Agricultura, alrededor de 5 o 6 contra el ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, tenemos de varias instituciones públicas”, dijo.
Además, explicó que algunas denuncias son “sobre el tema de compra de mascarillas, de botas, bueno, es una infinidad de insumos que se han denunciado”.
Castaneda explicó que las denuncias se encuentran en proceso de investigación y para ello se han apoyado con la Defensoría del Consumidor para comparar el precio del producto en el mercado con el precio en que fue adquirido por determinado ministerio.
El funcionario mencionó también que investiga en la Asamblea Legislativa alrededor de 40 casos sobre nepotismo y 20 sobre plazas de personas que no llegan a trabajar.
“Los informes ya fueron recibidos, los investigadores están recabando la información, muchas veces las autoridades no nos dan más información y es necesario ampliar los periodos, estamos en proceso de recoger evidencias”, comentó. Finalmente, señaló que todos los casos sobre las denuncias están activos y que en la medida que surjan más pruebas y publicaciones de medios de comunicación continuarán ampliando la investigación.