En su más reciente informe sobre la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) destacó que en El Salvador, el ejercicio periodístico se ha visto “ampliamente obstaculizado”.
La organización internacional que monitorea el ejercicio periodístico y sus obstáculos alrededor del mundo afirma que durante la cobertura de la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19, los medios de comunicación se enfrentaron a múltiples obstáculos.
“La policía se incautó de material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública”. Esos son algunos de los ejemplos que destaca RSF sobre El Salvador y las dificultades que el gremio periodístico encontró a la hora de intentar reportar la crisis sanitaria y sus subsecuentes ramificaciones económicas, humanitarias y políticas.
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El informe también señala que “los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa, e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto”.
Y esta opacidad no se limitó a medios de comunicación. Además de cerrar puertas para que periodistas pudieran conocer el destino de cientos de millones en fondos públicos, el gobierno impidió en varias ocasiones que auditores de la Corte de Cuentas pudieran investigar el uso de recursos del Estado para hacer frente a la crisis.
Además, en noviembre de 2020, cuando la Fiscalía General de la República realizaba un allanamiento al Ministerio de Salud por indicios de corrupción en los gastos de emergencia, la Policía Nacional Civil llegó a entorpecer la labor de los fiscales.
El bloqueo de información a los medios de comunicación críticos e independientes, según RSF, lleva a que El Salvador sea uno de los países de América Latina que más cayó en su índice anual.
De la medición 2020 a 2021, El Salvador pasó del lugar 74 de la tabla al lugar número 82 y a entrar a la categoría de países con “problemas significativos” para la libertad de prensa.
Discurso hostil
Además de no responder preguntas a los medios independientes, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado bajo reserva información importante sobre cómo ha empleado recursos de emergencia para hacer frente al COVID-19. Y ante reportajes acuciosos que ventilan posibles ilícitos, la respuesta ha sido descalificar a los medios de comunicación.
Esto también es señalado por el informe de Reporteros Sin Fronteras que destaca cómo “en todo el continente, los periodistas prosiguen su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y tóxico”.
Esto, según la organización, se debe a la retórica antiprensa y anti medios de comunicación críticos de la clase política, cuya agresividad va creciendo. Como ejemplos de esta práctica, colocaron a Brasil, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde se pinta a los medios como “enemigos”. En El Salvador ha sido ampliamente denunciado el acoso del gobierno a quienes hacen reportajes críticos y el uso de instituciones del Estado para castigarles.